Cerca de la mitad de los 325 millones de trabajadores de América Latina y el Caribe carece de un contrato laboral formal, pero el trabajo por cuenta propia no responde únicamente a la escasez de empleos asalariados. Un estudio reciente del Banco Mundial sostiene que millones de personas eligen la informalidad porque valoran la autonomía, la flexibilidad y la posibilidad de administrar un negocio propio más que los beneficios asociados al empleo formal. La conclusión modifica el enfoque tradicional: reducir la informalidad exige transformar la educación, elevar la productividad empresarial y revisar los sistemas de protección social, no solo imponer controles o simplificar registros.

El diagnóstico llega en un contexto de bajo crecimiento regional. El Banco Mundial prevé que el producto interno bruto de América Latina crecerá 2,1 por ciento este año, después de expandirse 2,4 por ciento en 2025. La elevada informalidad aparece vinculada a ese desempeño por dos vías: refleja distorsiones y fallas de mercado, y concentra a una gran parte de la fuerza laboral en microempresas con baja productividad.

Una decisión racional bajo restricciones

Los trabajadores independientes del sector informal representan aproximadamente 30 por ciento de la fuerza laboral regional y emplean al 85 por ciento de los trabajadores informales. En muchos casos son propietarios de negocios familiares con menos de cinco empleados, aunque también incluyen a plomeros, electricistas y otros prestadores de servicios esenciales.

La dimensión del fenómeno es especialmente visible en Bolivia, donde alrededor del 60 por ciento de la fuerza laboral trabaja por cuenta propia. Sin embargo, la región no constituye una anomalía mundial. Las tasas de trabajo independiente van desde menos del 15 por ciento en los países avanzados hasta cerca del 90 por ciento en algunos países africanos. En América Latina oscilan entre 25 y 70 por ciento y, en general, disminuyen conforme aumenta el nivel de desarrollo.

La comparación entre países muestra diferencias importantes. Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Guatemala y México registran niveles iguales o inferiores a los esperados para sus ingresos. Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Perú se sitúan muy por encima. La trayectoria histórica también relativiza la idea de que el autoempleo sea incompatible con el desarrollo: América Latina mantuvo proporciones semejantes a las que tenían Corea y Japón cuando atravesaban niveles comparables de ingreso, antes de que esas economías alcanzaran un crecimiento sostenido.

El valor de la autonomía

Una de las principales conclusiones del estudio es que el empleo independiente tiene un atractivo que las políticas suelen subestimar. Encuestas del International Social Science Program muestran que solo 20 por ciento de los trabajadores asalariados preferiría trabajar por cuenta propia en países como Bélgica, Finlandia y Noruega, mientras que la proporción supera 70 por ciento en República Dominicana, México y Filipinas.

La diferencia no se limita a los ingresos. Quienes optan por la informalidad mencionan independencia, flexibilidad y la posibilidad de ser sus propios jefes, razones que también aparecen en los países desarrollados. En América Latina, no obstante, esas ventajas parecen superar con mayor frecuencia el valor de los salarios, las licencias, la seguridad social y otros beneficios del empleo formal.

Una pequeña taquería familiar puede ofrecer más autonomía, reconocimiento e incluso mejores ingresos que un puesto formal de baja calificación, aunque eso no implique prosperidad ni estabilidad. El cálculo individual es decisivo: si los empleados son familiares, los clientes son vecinos y el negocio no tiene aspiraciones de expansión, el crédito, los servicios públicos y el registro oficial pueden parecer costos innecesarios.

Por esa razón, formalizar una empresa no siempre representa una mejora evidente para su propietario. Solo una minoría con habilidades, capital y expectativas de crecimiento necesita de manera clara financiamiento, asesoría estatal o acceso a mercados más amplios. Para el resto, la formalización puede ofrecer beneficios demasiado lejanos frente a obligaciones inmediatas.

El problema no termina en las preferencias

La explicación basada en la elección individual no debe ocultar las barreras estructurales. Muchos trabajadores asalariados informales aseguran que preferirían un empleo formal, pero no logran encontrarlo. La baja calidad educativa y la brecha entre las capacidades disponibles y las que exige el mercado limitan su acceso a ocupaciones más productivas.

El entorno empresarial también frena la expansión de las compañías formales. Los indicadores Business Ready del Banco Mundial señalan distorsiones y fallas de mercado, mientras que incluso grandes empresas reportan dificultades para obtener el crédito necesario para crecer. Sin empresas medianas y grandes capaces de incorporar tecnología, innovar y contratar formalmente, la economía seguirá dependiendo de unidades pequeñas con escaso margen de productividad.

La regulación laboral añade otra tensión. La evidencia reciente indica que aumentos moderados del salario mínimo pueden elevar los ingresos sin destruir puestos de trabajo, pero que, a partir de cierto nivel, pueden desalentar la contratación formal y profundizar la segmentación. El efecto depende de las condiciones de cada mercado, por lo que una política uniforme puede terminar ampliando la informalidad que pretende reducir.

Una agenda más amplia que la fiscalización

El Banco Mundial propone actuar sobre tres frentes. El primero es mejorar el capital humano desde la educación básica hasta la formación laboral, de modo que los trabajadores puedan trasladarse hacia empleos formales con mayor productividad. El segundo consiste en corregir los obstáculos que impiden crecer a las empresas, especialmente en materia de crédito, innovación y adopción tecnológica. El tercero es integrar los sistemas de salud, pensiones y demás mecanismos de protección social.

La expansión de beneficios públicos puede producir un efecto no deseado cuando una persona recibe protección sin necesidad de formalizar su actividad. Si los beneficios legales no son valorados por trabajadores y empleadores, o si el Estado los administra con baja eficiencia, el empleo formal pierde atractivo frente a la microempresa informal.

La informalidad, por tanto, es al mismo tiempo una elección racional y el resultado de oportunidades insuficientes. Combatirla únicamente con sanciones puede empujar a pequeños negocios fuera del mercado sin crear alternativas mejores. La estrategia más eficaz pasa por hacer que la formalidad sea productiva, accesible y valiosa: una condición que depende menos de registrar más empresas que de construir economías capaces de ofrecerles razones concretas para crecer.