España volverá a modificar sus relojes en la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026. A las 3:00, los relojes se retrasarán hasta las 2:00; en Canarias, el ajuste se hará a las 2:00, que pasarán a ser la 1:00. El cambio permitirá recuperar el horario de invierno y añadir una hora al descanso de esa noche, pero su alcance va más allá de una simple operación sobre los relojes: forma parte de una política regulada oficialmente y vinculada, desde sus orígenes, al uso de la energía y a la coordinación europea.

Una hora menos en el reloj, una decisión planificada

La fecha no se fija cada año de manera improvisada. El calendario aplicable al periodo comprendido entre 2022 y 2026 quedó recogido en el Boletín Oficial del Estado mediante una publicación de marzo de 2022. Por tanto, el ajuste de octubre de 2026 responde a una planificación normativa previa que establece cuándo comienza y termina el horario de verano durante ese ciclo.

En términos prácticos, el cambio busca adaptar las horas de actividad a la disponibilidad de luz solar. Al amanecer más temprano durante el invierno, el horario estándar evita mantener el reloj demasiado adelantado respecto a la luz natural. Sin embargo, el beneficio no se reparte de la misma manera entre hogares, sectores económicos y territorios. La hora oficial puede ser común, pero la salida y la puesta del sol dependen de la posición geográfica, una diferencia especialmente visible entre el este y el oeste de la península y entre la Península y Canarias.

El primer motivo no fue el petróleo, sino el carbón

España empezó a aplicar esta medida en 1918, en plena crisis internacional de abastecimiento provocada por la Primera Guerra Mundial. Aunque el país permaneció neutral, la guerra alteró los mercados y redujo la disponibilidad de carbón, un combustible esencial para la industria, el transporte y la vida cotidiana. La escasez se sumó a la inestabilidad económica y política que atravesaba el reinado de Alfonso XIII.

El Gobierno de Antonio Maura aprobó entonces un Real Decreto, fechado el 3 de abril de 1918, para adelantar la hora oficial y reducir el consumo de carbón aprovechando mejor la luz del día. El primer ajuste se produjo el 15 de abril: a las 23:00, los relojes avanzaron hasta la medianoche. El horario ordinario se recuperó el 6 de octubre de aquel mismo año.

La experiencia no tuvo una continuidad lineal durante las décadas siguientes. El adelanto y el retraso de la hora se aplicaron o se suspendieron de forma intermitente, en parte porque cada periodo de crisis imponía prioridades distintas. Antes de 1940, además, las provincias podían mantener horarios diferentes según su ubicación geográfica. Durante la Guerra Civil, los dos bandos llegaron a utilizar horas oficiales distintas, una muestra de que el tiempo también puede convertirse en una herramienta administrativa y política.

1940: cuando el huso horario adquirió una dimensión política

El 16 de marzo de 1940 se consolidó una decisión que todavía condiciona la percepción española de la hora: el régimen de Francisco Franco situó al país en el horario central europeo, equivalente a GMT+1. La medida alineó a España con Alemania en un momento en que el régimen nazi ejercía una fuerte influencia sobre la Europa continental.

Ese cambio no debe confundirse con el mecanismo estacional actual. Una cosa es fijar el huso horario de referencia y otra adelantar o retrasar los relojes dos veces al año. No obstante, ambas decisiones se superponen en la vida cotidiana y ayudan a explicar por qué el debate español sobre los horarios suele incluir cuestiones de productividad, descanso, conciliación y posición geográfica, además del ahorro energético.

La crisis del petróleo devolvió la medida a la agenda

El segundo gran impulso llegó en 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados árabes decretaron un embargo contra varios países occidentales que habían apoyado a Israel durante la Guerra de Yom Kipur. El precio del barril pasó en pocas semanas de 3 a 12 dólares, lo que alimentó la inflación y paralizó buena parte de la actividad industrial.

La crisis obligó a los gobiernos a buscar ahorro energético por distintas vías. Algunos apostaron por cambios estructurales, como el desarrollo de la energía nuclear en Francia; otros recuperaron el horario de verano para prolongar las horas de luz disponibles al final de la jornada. España se situó en este segundo grupo y la medida ganó respaldo dentro de la entonces Comunidad Económica Europea.

En 1980, la Comunidad Económica Europea coordinó la aplicación del horario estacional entre sus miembros. Un año después se estableció que los relojes se ajustarían el último domingo de marzo y el último domingo de septiembre. En 1996, el cambio otoñal se trasladó al último domingo de octubre para adecuarlo mejor a la evolución real de las horas de luz y reducir el desfase entre el calendario y la oscuridad temprana.

Una medida histórica con beneficios más difíciles de medir

El argumento energético sigue siendo el origen y la principal justificación del cambio, pero su impacto actual ya no puede evaluarse con los mismos parámetros que en 1918 o 1973. La iluminación es más eficiente, el consumo depende de la climatización y los hábitos sociales se han diversificado. Por eso, el ahorro conseguido mediante el ajuste horario no es uniforme ni puede separarse fácilmente de factores como la temperatura, la actividad económica o el comportamiento de los hogares.

La discusión contemporánea plantea así una cuestión más amplia: si el beneficio energético es limitado, el cambio de hora debe justificarse también por su capacidad para ordenar la vida colectiva dentro de un marco común. El ajuste del 25 de octubre recuerda que los horarios no son una expresión exacta del movimiento del sol, sino una decisión política heredada de crisis concretas. Cada vez que España mueve las manecillas, reactiva también una pregunta pendiente: cuánto debe pesar la tradición administrativa frente a la salud, la economía y la forma real en que la sociedad utiliza su tiempo.