La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) salió de su ampliado nacional con dos definiciones que pueden marcar su próxima etapa política y sindical: buscar primero la reunificación del sector y rechazar la eliminación de la subvención al diésel. El encuentro, realizado este sábado en la ciudad de El Alto, reunió a representantes de seis departamentos y dejó en evidencia que la organización observa la actual coyuntura desde una doble preocupación: la necesidad de recomponer su capacidad de acción y el impacto directo de las medidas económicas sobre la producción campesina.

Seis departamentos y una prioridad: volver a hablar con una sola voz

De acuerdo con el dirigente Alejandro Ticona, la mayoría de los participantes coincidió en que “primero tiene que primar la unidad”. La conclusión no fue la convocatoria inmediata a una movilización sectorial, sino el llamado, “a la brevedad posible”, a un ampliado de unidad que permita que el movimiento campesino vuelva a presentarse como un solo bloque.

La decisión revela que, para la CSUTCB, la fragmentación interna constituye hoy un problema previo a cualquier estrategia de presión frente al Gobierno. Un sector dividido puede expresar rechazo a una política, pero tiene mayores dificultades para convertir esa posición en una demanda común, sostener negociaciones o definir medidas colectivas. Por eso, la unidad aparece como una condición política antes que como un simple objetivo organizativo.

La participación de delegados de seis departamentos otorga alcance nacional al debate, aunque no significa que las diferencias hayan quedado resueltas. El hecho de que el ampliado haya optado por convocar a una nueva instancia específica indica que todavía existe un proceso pendiente de articulación. El próximo encuentro tendrá que precisar quiénes participan, bajo qué reglas se adopta una posición común y qué estructura tendrá la representación del sector campesino.

El “dieselazo” convierte una medida económica en una demanda sectorial

El segundo anclaje del ampliado fue el rechazo a la eliminación de la subvención al diésel, una medida que elevó el precio del litro de ese combustible a Bs 17,95 y que en el debate público ha sido denominada “dieselazo”. Ticona resumió la posición de los asistentes con una frase directa: “el diésel afecta a nuestro sector”.

El reclamo campesino se explica por la relación estrecha entre el combustible y cada etapa de la producción agropecuaria. El diésel interviene en la preparación de la tierra, el funcionamiento de maquinaria, el transporte de insumos y el traslado de las cosechas hacia los mercados. Cuando su precio aumenta de manera considerable, el efecto no se limita al gasto de quien produce: puede trasladarse a los costos logísticos, reducir los márgenes de los pequeños productores y presionar sobre el precio final de los alimentos.

La CSUTCB no presentó en el ampliado una propuesta detallada para reemplazar la subvención ni precisó qué medidas alternativas considera viables. Sin embargo, el rechazo expresado permite identificar el punto central de su preocupación: una decisión adoptada como parte de la política económica puede alterar el equilibrio de actividades rurales que dependen de costos de transporte y mecanización relativamente previsibles.

Entre la cohesión y la presión: el orden de las decisiones importa

La secuencia definida por los dirigentes es significativa. En lugar de colocar el rechazo al incremento del diésel como el único eje de su respuesta, el ampliado decidió priorizar la construcción de una posición unificada. Esto no elimina el conflicto económico, pero cambia la forma en que el sector pretende enfrentarlo. La protesta contra el “dieselazo” podría adquirir mayor peso si es respaldada por una estructura campesina coordinada; mientras tanto, una reacción dispersa corre el riesgo de quedar limitada a pronunciamientos departamentales o locales.

La prioridad por la unidad también puede interpretarse como una búsqueda de legitimidad interna. En organizaciones con presencia territorial amplia, cualquier medida de presión necesita demostrar que no responde únicamente a una corriente o a una región. El llamado a un ampliado de unidad apunta precisamente a construir ese respaldo antes de definir acciones concretas.

Al mismo tiempo, la urgencia económica puede dificultar los tiempos de la reorganización. El precio de Bs 17,95 por litro ya constituye el dato que concentra el malestar del sector, y sus efectos se perciben en una actividad marcada por ciclos productivos, transporte y comercialización. Si la coordinación interna se prolonga, la dirigencia deberá explicar cómo sostendrá el reclamo mientras busca acuerdos entre sus bases.

El próximo ampliado definirá si el rechazo se transforma en acción

Por ahora, el ampliado de El Alto produjo una orientación política y una demanda económica, pero no anunció medidas de presión ni un calendario de movilizaciones. El siguiente encuentro será decisivo porque deberá convertir la consigna de unidad en una estructura operativa y, al mismo tiempo, establecer qué respuesta concreta dará la CSUTCB frente al retiro de la subvención.

La evolución del conflicto dependerá de dos factores vinculados. Primero, de la capacidad de los dirigentes para superar sus diferencias y presentar una representación común. Segundo, de la disposición de las autoridades a atender el impacto que el nuevo precio del diésel puede tener sobre el sector campesino. Si ambos procesos avanzan por separado, la organización podría mantener un discurso de rechazo sin capacidad suficiente para incidir. Si se articulan, el cuestionamiento al “dieselazo” puede convertirse en el eje de una negociación nacional.

La señal que dejó la reunión es clara: el campesinado organizado no quiere abordar el aumento del combustible desde una posición fragmentada. Antes de definir el alcance de su respuesta, busca recuperar una voz común. El desafío será demostrar que esa unidad puede construirse con rapidez y traducirse en propuestas capaces de responder a la presión económica que ya afecta sus actividades.