El excanciller Julio Londoño Paredes advierte que la crisis política, fiscal y social de Francia puede convertirse en una señal de alarma para otros países europeos, incluida Colombia. Su diagnóstico apunta a una combinación difícil de corregir: un Estado expandido durante años, una deuda que absorbe recursos crecientes, una sociedad acostumbrada a beneficios públicos considerados permanentes y una respuesta política que habría postergado decisiones impopulares. Para Londoño, el riesgo no se limita a Francia: revela qué ocurre cuando las promesas sociales superan de forma prolongada la capacidad real de financiación de los gobiernos.

La preocupación central del exministro no es únicamente el tamaño de la deuda francesa, sino la pérdida de margen de maniobra. Cuando una parte cada vez mayor del presupuesto se destina al pago de intereses, quedan menos recursos para educación, salud, vivienda, seguridad e inversión. El problema adquiere una dimensión política porque cualquier ajuste afecta prestaciones concretas y, por tanto, enfrenta de inmediato a los gobiernos con ciudadanos que han construido sus expectativas alrededor de ellas.

Una crisis que combina finanzas y gobernabilidad

En el análisis de Londoño, las dificultades de Francia no surgieron de un solo episodio. La expansión del gasto público, la concesión de privilegios para contener protestas y la demora en reconocer la magnitud de determinados conflictos habrían creado una acumulación de desequilibrios. El resultado es un sistema con poca capacidad para responder a nuevas demandas: el Estado debe atender más obligaciones precisamente cuando dispone de menos dinero para hacerlo.

El exgobernador del Banco de la República José Antonio Ocampo ha señalado en distintos debates económicos que el endeudamiento público no constituye por sí mismo una crisis; su gravedad depende del crecimiento, de los ingresos fiscales, del costo de financiación y de la credibilidad institucional. Esa distinción resulta importante para entender el caso francés. La deuda se vuelve especialmente peligrosa cuando los mercados perciben que el gobierno carece de un plan políticamente viable para estabilizarla. En ese punto, el debate deja de ser contable y pasa a comprometer la gobernabilidad.

La experiencia europea también muestra que el gasto social puede ser sostenible cuando está respaldado por ingresos permanentes, productividad y reglas fiscales consistentes. El problema aparece cuando los beneficios se mantienen por razones electorales, mientras la economía no genera suficiente riqueza para financiarlos. La llamada cultura de los derechos adquiridos no implica que toda prestación sea injustificada, pero sí que su modificación puede resultar casi imposible una vez que se incorpora a la vida cotidiana de millones de personas.

En ese contexto, Londoño cuestiona la reacción de las autoridades francesas frente a las protestas y a los problemas en establecimientos educativos. Según su lectura, el presidente Emmanuel Macron, el primer ministro y el ministro de Educación no habrían dimensionado con rapidez el alcance del malestar. La demora puede tener un costo elevado: cuando una protesta inicialmente localizada se mezcla con frustración económica, inseguridad y desconfianza institucional, deja de ser un conflicto sectorial y se transforma en una crisis de autoridad.

Migración, integración y polarización

El exdiplomático también relaciona la situación francesa con los desafíos migratorios, en especial con la llegada de población procedente de países musulmanes. Este asunto requiere una lectura cuidadosa. La migración no explica por sí sola el deterioro fiscal ni la conflictividad social, pero una integración deficiente puede aumentar la presión sobre los servicios públicos, alimentar la percepción de competencia por empleos y vivienda y profundizar la distancia entre determinados grupos y el Estado.

La referencia a la crisis de Ceuta y a las dificultades del Gobierno español ilustra, para Londoño, que el fenómeno trasciende las fronteras francesas. En Europa, las políticas migratorias se han convertido en un punto de encuentro entre problemas distintos: control territorial, seguridad, acceso a servicios, identidad nacional y representación política. Cuando los gobiernos no ofrecen respuestas creíbles, los partidos de derecha encuentran un terreno fértil para presentar la migración como la causa principal de males que en realidad tienen raíces económicas e institucionales más amplias.

La eventual llegada de Marine Le Pen a una segunda vuelta presidencial, aunque las elecciones todavía estén lejos, es interpretada por el excanciller como una consecuencia del desgaste de los partidos tradicionales. La fortaleza de la derecha no depende únicamente de sus propuestas, sino también del vacío que dejan los gobiernos incapaces de explicar cuánto cuestan sus políticas y qué ajustes son necesarios para sostenerlas. Una crisis fiscal mal gestionada puede terminar modificando el mapa electoral durante años.

La advertencia para Colombia

La comparación con Colombia constituye la parte más política del planteamiento. Londoño sostiene que la administración de Gustavo Petro habría dejado un panorama económico dramático y que la nueva administración todavía no habría conseguido que la opinión pública asimile plenamente su alcance. La imagen de una granada sin seguro expresa la dificultad de recibir un déficit, compromisos de gasto y problemas institucionales que ya no pueden resolverse mediante anuncios o reasignaciones menores.

Ese diagnóstico debe ser contrastado con cifras oficiales y con evaluaciones independientes, pero plantea una pregunta relevante: ¿cuánto del crecimiento reciente descansa en actividades legales, productivas y tributariamente sostenibles? Londoño menciona el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando como fuentes de una falsa prosperidad. Si esos flujos desaparecieran abruptamente, el impacto recaería sobre regiones, empleos, consumo y recaudo, revelando la fragilidad de economías locales que parecen dinámicas mientras permanecen sostenidas por ingresos ilícitos.

La corrupción agrava el cuadro porque reduce la calidad del gasto y convierte al Estado en un botín. Cuando los recursos públicos se distribuyen mediante redes de favoritismo, la ciudadanía puede recibir beneficios inmediatos, pero el país pierde inversión, confianza y capacidad para diseñar políticas de largo plazo. El reto colombiano, igual que el francés, no consiste solamente en gastar menos: exige definir prioridades, proteger a los más vulnerables, ampliar los ingresos formales y recuperar la legitimidad de las instituciones.

La lección que deja el precedente francés es que las crisis no aparecen cuando se anuncia el ajuste, sino mucho antes, durante los años en que se acumulan obligaciones sin una fuente estable de financiación. Francia aún puede corregir el rumbo, pero cada demora hará más costosa la decisión. Para Colombia, la advertencia es igualmente concreta: una prosperidad basada en deuda, rentas ilegales o promesas imposibles de cumplir puede sostenerse durante un tiempo, pero termina reduciendo la libertad de acción del gobierno y ampliando el espacio para la polarización política.