El acuerdo anunciado por Donald Trump para comprar grandes volúmenes de diésel ruso enfrenta una creciente resistencia en el Congreso de Estados Unidos. Seis senadores, cuatro republicanos y dos demócratas, exigieron a la Administración que abandone inmediatamente el plan y advirtieron que la importación podría contradecir la prohibición aprobada en 2022 para impedir que Washington financie la guerra de Rusia contra Ucrania.

La controversia combina tres factores de alto riesgo para la Casa Blanca: una posible disputa sobre el cumplimiento de la ley, el debate sobre el costo de la energía y el deterioro de la relación política entre Trump y sectores de su propio partido. El Ejecutivo sostiene que la operación ayudaría a reducir los precios del combustible, mientras sus críticos consideran que concedería al Kremlin una fuente de ingresos en plena guerra.

Un acuerdo de grandes dimensiones y pocos detalles públicos

Trump anunció el 9 de octubre, tras una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, que Moscú suministraría más de 300.000 toneladas de diésel de forma inmediata. El entendimiento contemplaría otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón adicional poco después. El Kremlin entregaría además tres millones de toneladas en un periodo breve, según la descripción difundida por el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca no ha ofrecido públicamente todos los detalles operativos, jurídicos y financieros del pacto. Tampoco está claro cómo se realizarían las compras, qué empresas participarían ni de qué manera se aplicaría la operación a las sanciones vigentes. Esa falta de información ha reforzado las críticas de los legisladores, que aseguran que el Congreso no fue consultado ni recibió una explicación formal que justificara la medida.

La objeción legal de los senadores

Los republicanos Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillis y John Curtis, junto con los demócratas Jeanne Shaheen y Richard Blumenthal, afirmaron que la legislación estadounidense prohíbe importar energía rusa hasta que Moscú ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese las amenazas contra los aliados de la OTAN.

“Estados Unidos no debería proporcionar a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando civiles ucranianos”, señalaron en un comunicado. Para los senadores, permitir la entrada de diésel ruso contradice directamente la voluntad expresada por el Congreso en 2022. Tillis fue más explícito: sostuvo que existen motivos legítimos para afirmar que la Administración podría incumplir la ley si continúa con el plan.

La discusión dependerá en parte de la interpretación jurídica que haga el Gobierno. Trump podría argumentar que el acuerdo responde a una emergencia energética, que el producto no se considera equivalente a otras importaciones prohibidas o que existen mecanismos de autorización contemplados en las normas de sanciones. Sin embargo, mientras no se conozcan las condiciones exactas del pacto, la disputa amenaza con convertirse en un conflicto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El precio del combustible frente al costo geopolítico

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la operación y aseguró que la Administración seguirá adelante utilizando todas las herramientas legales disponibles. El Gobierno vincula la medida con los precios del diésel, un combustible esencial para la agricultura, la calefacción y el transporte por carretera, sectores especialmente sensibles a los aumentos energéticos.

El argumento económico tiene una dimensión electoral. Los precios se encuentran cerca de máximos históricos y podrían afectar a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, en las que intentarán conservar mayorías estrechas en el Congreso. Para la Casa Blanca, aumentar rápidamente la oferta puede aliviar los costos internos. Para sus detractores, esa ventaja potencial no compensa el riesgo de transferir recursos a un Gobierno que Washington ha acusado de librar una guerra contra Ucrania.

Además, el efecto sobre los precios no está garantizado. El diésel se negocia en mercados internacionales y su valor depende de factores como el petróleo, la capacidad de refinación, los costos de transporte, los seguros y las sanciones. Incluso una compra de varios millones de toneladas podría tener un impacto limitado o temporal si no modifica las condiciones generales de la oferta mundial.

Fisuras republicanas y presión internacional

La oposición no se limita a los demócratas. Don Bacon, representante republicano saliente, calificó de moralmente incorrecto sostener financieramente a Putin, mientras el exvicepresidente Mike Pence describió el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso como una traición al legado del senador Lindsey Graham. Barrasso, aunque evitó acusar directamente a Trump de violar la ley, pidió que el presidente utilice las sanciones aprobadas recientemente como instrumento de presión contra Moscú.

La reacción evidencia una tensión dentro del Partido Republicano. Una parte de sus legisladores prioriza el alivio inmediato del costo energético y la autoridad presidencial; otra considera que cualquier flexibilización hacia Rusia debilita la política de seguridad estadounidense y reduce la capacidad de negociación frente al Kremlin. Las críticas aumentan mientras Trump pierde apoyo en las encuestas y varios republicanos se distancian de la Casa Blanca en asuntos exteriores y comerciales.

Canadá también cuestionó el acuerdo. El primer ministro Mark Carney afirmó que la compra de diésel ruso se opone a los esfuerzos de Ucrania, Canadá y sus aliados para construir paz y estabilidad en Europa. La Unión Europea, por medio de Ursula von der Leyen, respaldó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y anunció más financiación para drones y misiles destinados a reforzar las defensas del país.

Un alto el fuego energético sin marco definido

En medio de la polémica, Trump anunció el 11 de octubre un “alto el fuego energético” entre Rusia y Ucrania, aparentemente destinado a frenar los ataques contra instalaciones energéticas y refinerías. Reino Unido y Canadá expresaron su respaldo, pero Zelenski dijo que todavía esperaba detalles concretos. Moscú, por su parte, aseguró no haber recibido información sobre el anuncio.

La ausencia de un mecanismo verificable deja abierta la cuestión central: si se trata de un acuerdo bilateral formal, de una propuesta política o de un compromiso limitado a determinados objetivos. Ucrania ha sido presionada para detener ataques contra refinerías rusas, pero Kiev necesita garantías de que Rusia no utilizará la pausa para reorganizar sus fuerzas ni continuará atacando infraestructura civil.

El acuerdo petrolero y el supuesto alto el fuego energético están estrechamente relacionados. Trump busca presentar la energía como una vía para reducir los precios y abrir espacio a la negociación. Sus críticos temen que esa estrategia premie a Moscú antes de que cumpla compromisos verificables. La próxima batalla se librará, por tanto, en dos frentes: en los mercados de combustible y en el Congreso, donde los legisladores deberán determinar si el pacto puede ejecutarse legalmente y qué costo político tendrá para Estados Unidos.