El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó este domingo que se investigue y, si corresponde, se procese a los militares, oficiales de inteligencia y periodistas que participaron en el documental NAZA, una producción que recoge testimonios sobre la conducta del Ejército israelí durante la guerra en Gaza. La petición fue dirigida al jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini; y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

Netanyahu sostiene que la película presenta una versión “falsa, engañosa y sesgada” que difama a Israel y a sus Fuerzas de Defensa (FDI), además de perjudicar gravemente la imagen internacional del país. En su solicitud, también plantea que los participantes podrían haber cometido delitos graves contra la seguridad nacional al revelar información de alto secreto vinculada con una unidad de inteligencia especialmente sensible.

Una denuncia centrada en la seguridad y la reputación del Estado

El primer ministro acusó asimismo a los implicados de posible difamación penal y de causar perjuicios a los intereses diplomáticos israelíes. La iniciativa no constituye por sí misma una conclusión judicial sobre los hechos descritos en el documental, pero abre la puerta a una eventual investigación sobre la forma en que se obtuvieron, verificaron y divulgaron los testimonios y documentos utilizados por sus realizadores.

La denuncia coloca en el centro un conflicto entre dos intereses que suelen entrar en tensión durante una guerra: la protección de secretos operativos y el escrutinio público sobre las decisiones militares. Para las autoridades israelíes, la divulgación de información sobre métodos de selección de objetivos o capacidades de inteligencia puede exponer a unidades, fuentes y procedimientos. Para los autores de la producción, la publicación de esos datos forma parte de una investigación sobre posibles abusos cometidos contra la población civil.

Los testimonios sobre los ataques en Gaza

NAZA reúne los testimonios anónimos de 24 militares y oficiales de inteligencia israelíes. La reserva de identidad, según la información difundida sobre la película, responde al temor de los participantes a sufrir represalias. Sus declaraciones describen una práctica mediante la cual viviendas palestinas eran atacadas cuando un supuesto miembro de Hamas regresaba a su domicilio, aun cuando en el interior permanecieran familiares y otras personas.

El documental también aborda el uso de sistemas de inteligencia artificial destinados a elaborar listas de posibles objetivos. Esos modelos, de acuerdo con los testimonios recogidos, analizarían patrones derivados de las llamadas telefónicas para estimar si un residente de Gaza podía ser un miliciano. Los participantes señalan que el sistema tenía un margen de error cercano al 15 por ciento, un dato que, de confirmarse, plantearía interrogantes sobre los controles aplicados antes de autorizar ataques.

Otra de las acusaciones sostiene que el Ejército bombardeó zonas a las que se había ordenado evacuar, aun sabiendo que seguía habiendo civiles. Los testimonios se refieren además a una práctica autorizada después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023: aceptar la posible muerte de decenas o incluso cientos de civiles como “daño colateral” en operaciones dirigidas contra altos cargos de la organización.

El origen de las investigaciones

Una parte importante del contenido de NAZA procede de investigaciones realizadas desde 2023 por el periodista israelí Yuval Abraham, codirector del documental. Sus trabajos fueron publicados en la revista israelí-palestina +972 y en el diario británico The Guardian, que también participa en la producción de la película.

El título alude al acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para calcular el número estimado de civiles que podrían morir durante un ataque. Así, una expresión como “20 NAZA” representaría una previsión de veinte víctimas civiles. El empleo de esa terminología es relevante porque sugiere que el riesgo para la población no combatiente podía incorporarse como un parámetro operativo dentro del proceso de planificación, aunque por sí solo no determina si una acción concreta fue legal o ilegal.

El pasado 2 de octubre, The Guardian defendió públicamente la investigación. El diario aseguró que durante tres años consultó a más de un centenar de fuentes familiarizadas con los sistemas militares empleados por Israel en la guerra, incluidos altos mandos relacionados con la autorización de ataques. También afirmó haber contrastado los testimonios con documentos clasificados filtrados y con la verificación de operaciones específicas.

La respuesta del Ejército y las cuestiones pendientes

Las FDI rechazan que exista una política de ataques deliberados contra civiles. El Ejército afirma que sus normas prohíben atacar intencionadamente a población no combatiente y obligan a los mandos a adoptar medidas para reducir los daños. También sostiene que las decisiones finales sobre los objetivos y la evaluación del riesgo de víctimas corresponden a oficiales responsables, una explicación que desplaza el foco hacia la cadena de mando y los procedimientos concretos seguidos en cada operación.

La futura respuesta institucional deberá determinar si las acusaciones se investigan como una posible filtración de secretos, como una eventual difamación o también desde la perspectiva de la conducta militar denunciada. La solicitud de Netanyahu no resuelve ninguna de esas cuestiones. Sí evidencia, en cambio, que el documental ha alcanzado una dimensión política y jurídica capaz de afectar simultáneamente a la libertad de información, la protección de fuentes de inteligencia y la rendición de cuentas por las operaciones realizadas en Gaza.