El Partido Comunista de China (PCCh) abrirá este lunes en Pekín una reunión de cuatro días destinada a reforzar el control interno de la organización, en un momento especialmente delicado para el liderazgo de Xi Jinping. El quinto pleno del XX Comité Central examinará un proyecto de decisión sobre la supervisión de los dirigentes y la aplicación de las instrucciones de la dirección central, mientras las purgas en la cúpula política y militar revelan que la concentración de poder no ha eliminado los problemas de disciplina dentro del sistema.

La reunión, celebrada a puerta cerrada hasta el jueves, no se ocupará principalmente de la planificación económica. Esa materia fue abordada en octubre de 2025, en una alteración del calendario habitual que deja ahora el foco en la organización, la vigilancia y la obediencia política. El pleno tratará asuntos que normalmente corresponden al sexto pleno, una señal de que la dirección considera urgente fortalecer los mecanismos capaces de convertir las decisiones del centro en actuaciones coherentes en todo el país.

La cuestión ya no es solo quién manda, sino quién obedece

Xi ha acumulado desde 2012 una autoridad superior a la de sus predecesores recientes, al situarse en el centro del Partido, del Estado y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el propio presidente ha admitido que esa autoridad no se traduce automáticamente en control efectivo. En un discurso pronunciado en enero y publicado el 15 de octubre por la revista oficial Qiushi, afirmó que algunas decisiones de la cúpula “no se aplican o se aplican de forma incorrecta”. También censuró a los funcionarios que expresan lealtad política, pero en la práctica obedecen solo de manera aparente y continúan actuando según sus propios criterios.

La observación apunta a una dificultad estructural del modelo chino: una organización de más de cien millones de militantes, extendida por los gobiernos locales, las empresas estatales, las universidades, las fuerzas armadas y los organismos administrativos, no puede ser dirigida únicamente mediante instrucciones descendentes. Entre la orden central y su ejecución intervienen intereses territoriales, incentivos burocráticos y cálculos personales. La disciplina, por tanto, no se limita a castigar la corrupción; también busca reducir el margen con el que los cuadros interpretan, retrasan o adaptan las decisiones de Pekín.

Las purgas elevan el coste de la desobediencia

El pleno llega después de que las autoridades anunciaran en septiembre la expulsión del Partido de Zhang Youxia, antiguo vicepresidente de la Comisión Militar Central, y de Liu Zhenli, exjefe del Estado Mayor Conjunto. Ambos generales fueron acusados de corrupción y de otras infracciones disciplinarias, y sus expulsiones todavía deben ser ratificadas por el Comité Central. La medida muestra que la campaña de depuración alcanza incluso a figuras situadas en el núcleo del aparato militar, tradicionalmente uno de los pilares más sensibles del poder de Xi.

La caída de los dos mandos ha dejado la Comisión Militar Central reducida a solo dos integrantes: Xi y el general Zhang Shengmin. El órgano, que contaba con siete miembros al comienzo del actual ciclo político en 2022, concentra ahora una estructura mucho más estrecha. Esa reducción puede facilitar la supervisión directa del máximo dirigente, pero también evidencia el alcance de la inestabilidad producida por las investigaciones y plantea interrogantes sobre la profundidad de la renovación interna en la cadena de mando.

La presión tampoco se limita al estamento militar. Durante el primer semestre de 2026, los organismos disciplinarios chinos sancionaron a 412.000 personas, entre ellas 74 funcionarios de rango provincial o ministerial, según datos oficiales. La amplitud de las cifras cumple una doble función: demostrar que la campaña anticorrupción sigue activa y advertir a los cuadros de que la protección asociada al rango político se ha reducido. Pero una campaña sostenida de sanciones también puede fomentar una burocracia más cautelosa, preocupada por evitar riesgos antes que por resolver problemas con rapidez.

Un pleno de disciplina con una mirada puesta en 2027

El calendario añade una dimensión política a las decisiones que adopte la reunión. El XXI Congreso del PCCh está previsto para el otoño de 2027, cuando deberán renovarse los principales órganos dirigentes. A aproximadamente un año de esa cita, todavía no ha surgido una figura visible de relevo para Xi. La ausencia de un sucesor identificado refuerza la centralidad del presidente, pero al mismo tiempo hace que cualquier purga o reajuste en la cúpula tenga consecuencias mayores para la estabilidad futura del sistema.

En ese contexto, el proyecto sobre el control interno puede servir para institucionalizar una nueva etapa de vigilancia y para ordenar las relaciones entre la dirección central y los niveles inferiores. No obstante, las reglas más estrictas no resuelven por sí mismas el problema que Xi ha descrito. Si los funcionarios obedecen formalmente pero conservan capacidad para reinterpretar las órdenes, la disciplina puede aumentar sin que mejore necesariamente la gestión pública. El pleno pondrá a prueba si el Partido logra convertir la lealtad declarada en cumplimiento verificable, o si las purgas seguirán siendo el principal instrumento para corregir las fallas de control.