A menos de 48 horas del desenlace de las elecciones presidenciales brasileñas, la campaña ha entrado en una fase de máxima confrontación entre el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro. El intercambio ha dejado atrás la disputa programática habitual y se ha concentrado en acusaciones personales, comercio exterior, política agrícola y medidas de endurecimiento penal.

Lula calificó a su rival de «lamebotas» del presidente estadounidense Donald Trump y lo acusó de haber desempeñado un papel decisivo en la imposición de un arancel del 25 % a las importaciones procedentes de Brasil. La medida fue adoptada meses atrás por Trump, según el relato expuesto durante la campaña, y Flávio Bolsonaro ha rechazado categóricamente en varias ocasiones estar detrás de esa decisión.

Un arancel convertido en arma electoral

La acusación de Lula busca trasladar al terreno electoral una cuestión que afecta directamente a la economía brasileña: el acceso de sus productos al mercado estadounidense. Al vincular a Bolsonaro con la política comercial de Washington, el presidente presenta a su adversario como un dirigente dispuesto a privilegiar su alineamiento político internacional por encima de los intereses económicos nacionales.

Flávio Bolsonaro, por su parte, queda situado ante una disyuntiva políticamente compleja. Si niega cualquier influencia sobre los aranceles, trata de desvincularse de una decisión con posibles efectos sobre los exportadores brasileños; si reivindica su cercanía ideológica con Trump, refuerza la imagen de firmeza que busca entre los sectores conservadores, pero también ofrece a Lula un argumento para acusarlo de subordinación externa.

El presidente brasileño ha intentado reducir el alcance de las posibles consecuencias comerciales. Ha asegurado que, si Estados Unidos decide no comprar productos brasileños, Brasil buscará otros mercados. En apoyo de esa posición, ha destacado la apertura de «cientos de nuevos destinos comerciales» durante su mandato. El planteamiento pretende transmitir capacidad de respuesta, aunque la sustitución de un mercado relevante no depende únicamente de decisiones diplomáticas: exige compradores alternativos, acuerdos comerciales, logística y condiciones de precio competitivas.

La agricultura, segundo frente de la confrontación

La disputa se ha extendido al campo, un sector que Flávio Bolsonaro ha colocado en el centro de su discurso. El senador ha acusado a Lula de «masacrar» a los agricultores mediante unas tasas de interés que, a su juicio, dificultan la financiación y presionan la rentabilidad de las explotaciones. También ha recuperado una declaración atribuida recientemente a su rival, según la cual los agricultores deberían «arrodillarse» ante el Gobierno por las inversiones realizadas.

La respuesta de Bolsonaro combina una crítica económica con una apelación a la dignidad del sector. «¿Por qué humilla a las personas, por qué trata tan mal al sector agrícola?», planteó durante el debate. El mensaje está diseñado para convertir una discusión sobre crédito y política pública en una cuestión de reconocimiento social: no solo se debate cuánto apoyo recibe el campo, sino también si el Gobierno considera a los agricultores socios de la economía nacional o beneficiarios subordinados a la voluntad estatal.

La reacción de Lula ha sido presentar la diversificación comercial como una garantía frente a la presión estadounidense. Sin embargo, el enfrentamiento revela una vulnerabilidad común a los dos discursos. El oficialismo necesita demostrar que puede proteger las exportaciones sin depender de un único socio, mientras que la oposición debe explicar cómo defendería al sector agrícola en un escenario de mayores barreras comerciales y costes financieros.

Seguridad y castigo en el tramo final

El debate también permitió a Flávio Bolsonaro formular una de sus propuestas más contundentes: eliminar la edad mínima de responsabilidad penal en los casos de violación. El candidato sostuvo que «lo ideal» sería que no existieran límites de edad para que cualquier persona que cometiera una violación «pagase» por sus crímenes.

El senador ha planteado además reducir a los catorce años la responsabilidad penal, de modo que los adolescentes acusados respondan «como adultos», y ha incluido la castración química entre los castigos que defiende. Estas propuestas sitúan la campaña en el terreno de la respuesta punitiva y buscan conectar con una preocupación extendida por la violencia sexual y la criminalidad. Al mismo tiempo, abren un debate de gran alcance sobre proporcionalidad de las penas, protección de los menores y garantías procesales, especialmente porque una acusación no equivale por sí misma a una condena.

Bolsonaro ha prometido igualmente «mano dura» contra el crimen organizado. En ese marco, ha acusado a Lula de estar del lado de las principales facciones del país y ha defendido que sean calificadas como organizaciones «narcoterroristas». La etiqueta no es una simple elección terminológica: eleva el conflicto criminal a una categoría de amenaza nacional y puede justificar, en el discurso político, respuestas más amplias y excepcionales.

Una elección marcada por la polarización

El cruce entre Lula y Flávio Bolsonaro muestra que los últimos días de la campaña están organizados alrededor de tres miedos electorales: perder empleos y mercados por los aranceles, perder ingresos por la presión sobre el campo y perder seguridad frente al crimen. Cada candidato intenta atribuir al otro la responsabilidad principal de esas amenazas y presentarse como la única alternativa capaz de contenerlas.

El resultado de esta estrategia es una competición en la que las propuestas concretas quedan inseparablemente ligadas a la identidad política de sus protagonistas. Lula busca aparecer como garante de la soberanía económica y de la apertura internacional; Bolsonaro intenta consolidarse como representante del campo, de la disciplina penal y de una política de seguridad más severa. La última fase electoral, por tanto, no solo medirá preferencias partidistas: también pondrá a prueba cuánto pesa la confrontación personal frente a la evaluación de los costes económicos y sociales de cada programa.