La amputación de la mano de un estudiante de 15 años tras la explosión de una granada aturdidora frente a su instituto en Lens, el 5 de octubre, ha vuelto a situar en el centro del debate el uso de armas antidisturbios en Francia. La madre del menor presentó una denuncia y la investigación trata de determinar las circunstancias del impacto. El caso se suma a una serie de lesiones graves sufridas por adolescentes durante las movilizaciones estudiantiles contra los recortes y la falta de recursos en los centros educativos.

Tres días antes, un joven de 16 años perdió un ojo durante el bloqueo de su centro de secundaria en Tours. El 1 de octubre, otro estudiante de la misma edad sufrió una pérdida parcial de visión después de recibir el impacto de un proyectil de goma disparado con un lanzador LBD en Argenteuil. En otro incidente, un alumno de 14 años recibió en la cara el impacto de un lanzagranadas policial Cougar y sufrió lesiones severas en la mandíbula. Los episodios se produjeron en un contexto de protestas extendidas a cientos de centros y de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Una respuesta oficial cambiante

Tras el caso de Lens, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la suspensión de este tipo de armamento durante el movimiento estudiantil. Sin embargo, posteriormente autorizó de nuevo su empleo en las protestas del 17 de octubre. Ese día, un joven de 17 años perdió la mano derecha por la explosión de una granada en Saint-Étienne. Otros dos menores de la misma edad perdieron la visión de un ojo en incidentes registrados en Mulhouse y Dijon, según la información difundida sobre las movilizaciones.

La decisión del Gobierno ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por abogados de víctimas de violencia policial. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo de Europa reclaman desde 2019 la suspensión de los lanzadores LBD-40 y de las granadas GLI-F4. Aunque estas últimas han sido sustituidas por las GM2L, los críticos sostienen que el riesgo no ha desaparecido porque ambos modelos combinan efectos explosivos, sonoros y lacrimógenos.

El riesgo de los proyectiles y las granadas

Anja Bienert, del Programa de Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, explica que la petición de prohibir los LBD-40 se basa en la falta de precisión de los proyectiles de impacto cinético y en la formación y supervisión consideradas insuficientes para los agentes que los utilizan. La organización sostiene que un arma capaz de causar lesiones oculares, fracturas y traumatismos graves no debería emplearse en manifestaciones, donde la distancia, el movimiento de la multitud y la visibilidad pueden cambiar en segundos.

Las granadas GM2L presentan un problema adicional, según Bienert. Su carga explosiva puede provocar daños por la detonación, la dispersión de fragmentos, el ruido intenso y el destello, mientras que el gas lacrimógeno dificulta la respiración y la orientación. La combinación resulta especialmente controvertida porque el gas pretende forzar la dispersión, pero la explosión puede aturdir a las personas e impedirles escapar. Para la organización, utilizar ambos efectos al mismo tiempo puede constituir un uso excesivo de la fuerza.

Un cambio en la gestión del orden público

El abogado Arié Alimi, de la Liga de Derechos Humanos, considera que Francia ha modificado en los últimos quince años su forma de controlar las manifestaciones. A su juicio, antes se intentaba evitar el contacto directo entre policías y manifestantes para reducir la violencia; ahora, sostiene, algunas operaciones buscan entrar físicamente en la multitud. La incorporación de unidades no especializadas en mantenimiento del orden público habría contribuido a aumentar los riesgos, especialmente en situaciones de tensión y escasa coordinación.

El activista Jérôme Rodrigues representa uno de los casos más conocidos. El 26 de enero de 2019, durante una protesta de los chalecos amarillos en la plaza de la Bastilla de París, recibió en el rostro un disparo de LBD mientras sostenía un bocadillo y un teléfono móvil. Perdió el ojo derecho. El agente implicado aún no ha sido condenado y el juicio está previsto para junio de 2027. Rodrigues forma parte de los 32 manifestantes que, según datos presentados en la Asamblea Nacional, perdieron un ojo durante las protestas de 2018 y 2019. Un estudio de la Universidad de Montpellier Paul-Valéry contabilizó además miles de heridos y seis personas que perdieron una mano.

Antecedentes que pesan sobre la polémica

La discusión actual se inscribe en una historia más amplia del uso de la fuerza en Francia. Alimi recuerda la muerte de Rémi Fraisse, un ecologista de 21 años fallecido en 2014 durante una protesta contra la presa de Sivens tras la explosión de una granada OF-F1. El abogado también vincula el debate con la muerte de Malik Oussekine en 1986, cuando el estudiante se encontró con agentes que dispersaban una manifestación en París. Aquellos episodios impulsaron reformas y prohibiciones concretas, pero no resolvieron la cuestión de fondo: qué armas son compatibles con el derecho de reunión y cómo se controla su empleo.

Para el 24 de octubre, el Gobierno ha anunciado un dispositivo excepcional que incluye unidades como la RAID, la Brigada de Investigación e Intervención, el GIGN y vehículos blindados Centaure. Las autoridades justifican el despliegue por el riesgo de nuevos disturbios, después de varias semanas de protestas que dejaron alrededor de 5.000 detenidos y cientos de heridos. Las organizaciones críticas advierten, sin embargo, de que una respuesta más militarizada puede aumentar la confrontación y agravar la desconfianza de los jóvenes hacia las instituciones.

Alimi propone tres líneas de actuación: formar a los agentes en técnicas de desescalada, retirar las armas capaces de causar mutilaciones y adoptar medidas económicas que reduzcan la presión social que alimenta las protestas. El Gobierno, por su parte, debe compatibilizar la protección de edificios y personas con la obligación de garantizar manifestaciones pacíficas. La sucesión de lesiones graves entre menores ha convertido esa tensión en una cuestión urgente de responsabilidad pública, supervisión policial y límites legales al uso de la fuerza.