Las próximas elecciones israelíes llegan con una pregunta que va más allá de quién ocupará el cargo de primer ministro: qué país emergerá de una crisis de seguridad que también ha puesto en cuestión la confianza en el Estado y el rumbo de su democracia. Desde los atentados del 7 de octubre de 2023, la guerra y sus consecuencias han alterado la región; dentro de Israel, el trauma sigue pesando sobre las decisiones políticas.

La seguridad ya no significa lo mismo

El ataque de Hamás dejó casi 1.200 muertos y 251 personas secuestradas. La respuesta israelí incluyó la guerra en Gaza, que ha causado más de 75.000 muertes palestinas, además de operaciones en Líbano e Irán. Según Isabel Kershner, corresponsal de The New York Times en Jerusalén, existe un amplio apoyo israelí a esas campañas. Pero ese consenso convive con una sensación extendida de vulnerabilidad: muchos ciudadanos ya no confían en que el Estado pueda protegerlos.

La pérdida de confianza se vincula también con los fallos previos y posteriores al ataque: políticas fallidas hacia Gaza, deficiencias de inteligencia, errores al interpretar la información y una respuesta militar tardía aquel día. Por eso, la seguridad electoral no se reduce a respaldar más operaciones militares. También implica decidir quién debe responder por los errores y qué mecanismos pueden impedir que se repitan.

Un voto sobre el carácter del Estado

Las encuestas sitúan en una contienda estrecha al bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu y a una oposición heterogénea. Sin embargo, el debate de fondo enfrenta proyectos distintos. El gobierno, el más derechista y conservador en lo religioso de la historia del país, impulsa una reforma judicial que sus críticos consideran una amenaza a la independencia de los tribunales. Antes del 7 de octubre, esa iniciativa ya había provocado protestas masivas.

A esa disputa institucional se suma la expansión de los asentamientos en Cisjordania ocupada y la escasa actuación del gobierno frente a colonos extremistas violentos. La elección, así, pone a prueba si los votantes desean prolongar ese rumbo o recuperar una democracia más secular y liberal. La división no es solo partidista: concierne a los límites del poder y a la identidad política de Israel.

Una oposición unida por el rechazo, no por un programa común

Gadi Eisenkot, exgeneral de centroderecha y líder de Yashar, aparece como el principal favorito opositor, pero el campo contrario a Netanyahu reúne fuerzas de derecha, centro, partidos árabes y una izquierda tradicional debilitada. Su principal punto de encuentro es el rechazo al gobierno actual y la exigencia de responsabilidades por no haber evitado los atentados. También reclama una investigación independiente que Netanyahu ha bloqueado hasta ahora.

La fragmentación complica convertir ese rechazo en una mayoría gobernable. Aunque los partidos opositores de mayoría judía podrían sumar escaños con los árabes, muchos votantes no quieren que un gobierno dependa de estos últimos. El resultado puede desembocar en negociaciones prolongadas, incluso si las urnas ofrecen una ventaja inicial a uno de los bloques.

Los asuntos que quedan al margen

La guerra y el futuro de los palestinos ocupan un lugar menos central en la campaña de lo que cabría esperar desde fuera de Israel. No hay una demanda amplia de retirada inmediata de Gaza, y buena parte de la oposición evita propuestas ambiciosas sobre Cisjordania para no perder a votantes moderados de derecha. Mientras el gobierno presenta un Estado palestino como consecuencia de una derrota electoral, la alternativa apenas lo coloca en el centro del debate.

La sensación de que el país atraviesa un momento decisivo se refleja en conversaciones sobre emigrar y en dudas acerca del futuro de los hijos si nada cambia. La elección no garantiza que se resuelvan esas inquietudes, pero sí mostrará si la fractura de confianza tras el 7 de octubre conduce a una rendición de cuentas y a un cambio político, o a la continuidad del rumbo actual.