La segunda gran jornada de protestas en Francia volvió a desbordar el dispositivo policial desplegado por el Gobierno. Unas 410.000 personas, según el Ministerio del Interior, participaron en las movilizaciones celebradas en todo el país, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra hasta 800.000. Cerca de 70.000 agentes fueron movilizados para contener unas marchas convocadas pese a las prohibiciones impuestas en varias ciudades.

En París, más de 100.000 manifestantes recorrieron durante unas tres horas un itinerario alternativo entre la Puerta de Italia y la Puerta de Vincennes. La modificación, anunciada a última hora, impidió que la marcha llegara a la plaza de la Bastilla, fuertemente protegida por la Policía, pero no redujo la asistencia. La manifestación transcurrió inicialmente sin incidentes graves y terminó con enfrentamientos entre grupos de jóvenes y las unidades antidisturbios, que emplearon gases lacrimógenos.

La calma de la marcha no evitó el choque final

Los últimos tramos de la protesta estuvieron marcados por los gritos de «Todo el mundo odia a la Policía», los cánticos de La Marsellesa y las consignas contra el Gobierno de Emmanuel Macron. La lluvia y la intervención policial cambiaron el tono de una movilización que, hasta entonces, había mantenido un carácter mayoritariamente pacífico. A última hora de la tarde se contabilizaban cerca de 1.000 detenciones en el conjunto del país.

El centro de París quedó parcialmente blindado. Varias estaciones de metro fueron cerradas para impedir el acceso al entorno del palacio del Elíseo, mientras el Museo del Louvre y numerosos comercios suspendían su actividad por temor a saqueos. Las medidas respondían al balance de la jornada del 17 de octubre, cuando se produjeron más de 2.000 detenciones, fueron saqueados unos 3.000 establecimientos y cerca de un millar de personas resultaron heridas, en su mayoría agentes.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió que las prohibiciones y los controles preventivos habían producido «una evolución significativa» respecto al 17 de octubre. Según su evaluación, la marcha parisina se desarrolló con calma durante buena parte del recorrido y los disturbios fueron responsabilidad de grupos radicales y de extrema izquierda que se situaron al final para atacar a la Policía y cometer saqueos.

Una disputa sobre el derecho a manifestarse

La oposición de izquierdas interpretó los mismos hechos de forma radicalmente distinta. Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, acusó al poder de buscar una escalada para justificar la represión y sostuvo que la «única fuente de caos y desorganización» era el Gobierno. Mélenchon participó en la cabecera junto a los sindicatos y anunció que las convocatorias continuarían cada semana hasta obtener respuestas.

La tensión no se limita al número de participantes ni a la respuesta policial. El presidente Macron había anunciado el jueves la prohibición de las manifestaciones consideradas «no legítimas» y había autorizado únicamente las marchas sindicales. Esa distinción convirtió la jornada en una disputa política sobre quién puede ocupar el espacio público y bajo qué condiciones. Para muchos manifestantes, las restricciones confirmaban que las autoridades pretendían reducir un conflicto social amplio a un problema de orden público.

Sarah Auvray, estudiante de 21 años de Sciences Po, resumió esa posición en una pancarta: «Manifestarse es más que un derecho, ahora es un deber». Había dudado si acudir después de sufrir los efectos de los gases lacrimógenos la semana anterior, pero finalmente decidió volver junto a otros estudiantes. Su testimonio refleja una dinámica relevante: la intervención policial, concebida para disuadir nuevas movilizaciones, también puede reforzar entre algunos sectores la percepción de que la protesta se encuentra bajo amenaza.

La prohibición se extendió, pero no cerró las calles

Las autoridades endurecieron las medidas después de los incendios y saqueos registrados durante el fin de semana anterior. Limoges prohibió las concentraciones tras el fuego que destruyó el Ayuntamiento, mientras Lyon adoptó restricciones después del incendio provocado de una oficina de turismo emblemática. Sin embargo, en ambas ciudades se produjeron concentraciones no autorizadas. El dato muestra el límite práctico de una estrategia basada exclusivamente en prohibiciones: puede modificar los recorridos y elevar el coste operativo de protestar, pero no necesariamente elimina la movilización.

En Toulouse, un manifestante sufrió heridas graves y perdió varios dedos de una mano. En Niza, 61 personas fueron detenidas durante enfrentamientos entre grupos de ultraizquierda y ultraderecha. Marsella vivió una escalada especialmente visible. Allí, una marcha sindical autorizada a última hora terminó con una barricada levantada con placas metálicas y vallas. Jóvenes encapuchados lanzaron piedras y adoquines contra los agentes mientras otros observaban los enfrentamientos desde farolas, alféizares y otros puntos elevados.

Las consignas «Vosotros nos reprimís, nosotros resistimos» y «ACAB» expresaron una hostilidad creciente hacia la Policía, pero no representan necesariamente a todos los participantes. En las marchas coexistieron trabajadores sindicalizados, estudiantes, jubilados y jóvenes vinculados a grupos radicales. Esa heterogeneidad dificulta tanto la negociación política como la gestión policial: una movilización amplia puede mantener un recorrido pacífico y, al mismo tiempo, convertirse en el escenario de episodios violentos en sus extremos.

El riesgo de una espiral difícil de controlar

La respuesta del Estado ha conseguido contener algunos puntos de conflicto, pero también ha ampliado la dimensión política de la crisis. El despliegue policial reforzado, la operación militar Sentinelle, el cierre de espacios públicos y las restricciones a la reunión transmiten la gravedad de la situación, aunque pueden alimentar la idea de que el Gobierno trata una reivindicación social como una amenaza de seguridad. Esa percepción es especialmente sensible después de una jornada en la que se había autorizado únicamente una parte de las protestas.

Dos agentes de la Policía Nacional resumieron por la mañana la incertidumbre que atravesaba la ciudad: «Este sábado pueden pasar dos cosas: o no pasa nada, o la situación se desmadra». El balance terminó situado entre ambos extremos. Las fuerzas de seguridad evitaron una reproducción completa de los disturbios anteriores, pero no lograron impedir detenciones masivas, heridos y enfrentamientos en varias ciudades. La continuidad semanal anunciada por los convocantes deja abierta una fase más prolongada, en la que cada nueva prohibición, carga policial o acto de violencia puede reforzar la posición de quienes defienden la confrontación.