La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González pasó su primera noche en prisión preventiva en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo. La medida fue dictada después de su detención en el marco de una investigación por el presunto ingreso irregular de fondos a la campaña electoral de 2023, una causa que vuelve a colocar al correísmo en el centro de la disputa política y judicial del país.

González ingresó el viernes al centro penitenciario, un día después de haber sido detenida en su domicilio de Canuto, localidad rural de la provincia costera de Manabí donde creció. Hasta este sábado, dirigentes de Revolución Ciudadana afirmaban no haber tenido contacto directo con ella. Ricardo Patiño, excanciller durante el Gobierno de Rafael Correa, declaró a EFE que militantes del movimiento esperaron en las inmediaciones de la prisión, pero solo vieron llegar vehículos con vidrios polarizados.

La falta de información directa sobre su situación alimentó la incertidumbre entre sus seguidores. Rafael Correa, líder histórico del movimiento, escribió en la red social X que González es “un ejemplo de entereza, serenidad y valentía”. Sus palabras reflejan el respaldo político del correísmo, pero también anticipan la línea argumental que el movimiento ha sostenido desde el comienzo de las investigaciones: que las actuaciones contra sus dirigentes forman parte de una persecución política.

Una detención conectada con dos investigaciones

El caso que llevó a González a prisión no surgió de manera aislada. La Fiscalía ya investigaba a la excandidata por el presunto lavado de activos relacionado con los fondos recibidos por Revolución Ciudadana para financiar la campaña presidencial de 2023. Ese expediente, conocido como “Caja Chica”, incluyó el allanamiento de su vivienda a comienzos de año.

La nueva causa, denominada “Laberinto”, busca seguir el rastro de esas operaciones y determinar si parte del dinero utilizado durante la campaña tuvo un origen ilícito. La prisión preventiva no equivale a una condena: su finalidad procesal es garantizar que la investigada permanezca a disposición de la justicia mientras avanzan las diligencias. La responsabilidad penal deberá establecerse con pruebas y mediante una decisión judicial definitiva.

El impulso de las pesquisas se produjo después del testimonio de Santiago Díaz, exasambleísta expulsado de Revolución Ciudadana y condenado a 29 años y cuatro meses de prisión por la violación de una menor. Díaz afirmó que había trasladado dinero en efectivo desde Venezuela por disposición de Correa para financiar la campaña, aunque no presentó pruebas concluyentes y el expresidente negó esa versión.

El dinero de la campaña como punto de disputa

La Fiscalía intenta ahora demostrar que la campaña del correísmo recibió de forma irregular recursos vinculados con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil actualmente encarcelado. Alvarez ha sido sentenciado en primera instancia en dos procesos, uno de ellos relacionado con la presunta comercialización ilícita de combustibles en estaciones de servicio que posee junto con su familia.

José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, señaló que el Ministerio Público rastrea el origen y el destino de aproximadamente medio millón de dólares. Esa cifra concentra una de las preguntas centrales del expediente: si los recursos fueron entregados legalmente para una actividad política o si fueron incorporados al financiamiento electoral mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.

La investigación, por tanto, no se limita a examinar la conducta individual de González. También pone bajo escrutinio los mecanismos de recaudación, administración y control interno de una organización política que disputó la Presidencia en dos elecciones consecutivas. La respuesta judicial podría afectar tanto a quienes participaron en la campaña de 2023 como a la capacidad del correísmo para reorganizarse electoralmente.

El impacto político ya es visible

Revolución Ciudadana fue suspendida a petición de la Fiscalía y quedó impedida de participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre. Para el movimiento, esta decisión confirma que existe una estrategia institucional dirigida contra sus estructuras. El Gobierno, en cambio, rechaza esa acusación y sostiene que las investigaciones responden a indicios sobre posibles delitos financieros.

El conflicto combina así dos planos difíciles de separar. En el judicial, la Fiscalía debe acreditar con evidencia verificable el origen de los fondos, las rutas utilizadas y el eventual conocimiento o participación de los responsables. En el político, la detención de una figura que perdió las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente a Daniel Noboa modifica el equilibrio de la oposición y puede intensificar la confrontación entre el oficialismo y el correísmo.

El desafío para las instituciones ecuatorianas será preservar la independencia del proceso y evitar que la investigación se convierta, por sí misma, en una sentencia política. Para el correísmo, la defensa de González exigirá algo más que denunciar persecución: deberá responder de forma documentada a las preguntas sobre el financiamiento de su campaña. El desenlace de “Laberinto” puede determinar no solo la situación penal de la excandidata, sino también la credibilidad de los controles sobre el dinero que sostiene la competencia electoral en Ecuador.