La campaña “Un litro de gasolina para Cuba”, impulsada por la Liga Cultural Antifascista (LCA) en Ciudad de México, parece modesta por su mecanismo de recaudación: vender estampas de artistas cubanos a 25 pesos mexicanos, el precio aproximado de un litro de combustible, para reunir 40.000 litros en un mes. Pero detrás de esa cifra relativamente pequeña se despliega una operación de mayor alcance político. Activistas, funcionarios culturales, artistas y figuras vinculadas al oficialismo mexicano están intentando convertir una causa de solidaridad internacional en una red de movilización pública, recaudación privada y presión simbólica sobre el embargo estadounidense.

El proyecto fue presentado durante el cierre de una feria del libro en el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, y se extenderá a las 37 librerías del Fondo de Cultura Económica (FCE) en la Zona Metropolitana de Ciudad de México. Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, planteó incluso la posibilidad de conseguir un buque que transporte la gasolina “en nombre de la sociedad civil” si un eventual cambio político en Estados Unidos debilita el bloqueo. La propuesta, sin embargo, no detalla quién compraría el combustible, qué permisos serían necesarios, bajo qué jurisdicción navegaría el barco ni qué entidad asumiría la responsabilidad por la carga.

Ese vacío no es un detalle administrativo. Es el punto central de la iniciativa. Recaudar dinero mediante la venta de obra gráfica es relativamente sencillo; convertir esos fondos en combustible adquirido, transportado y entregado legalmente en Cuba exige resolver problemas financieros, regulatorios, marítimos y diplomáticos de una escala completamente distinta.

El litro como unidad de movilización política

La elección del litro como unidad de donación tiene una lógica comunicativa eficaz. Reduce una crisis energética compleja a una contribución concreta y fácilmente comprensible: cada estampa equivale a una ayuda visible. Con 40.000 unidades, la LCA aspira a recaudar cerca de un millón de pesos mexicanos. La cifra equivale a 40.000 litros, pero no necesariamente a 40.000 litros entregados en Cuba. Entre ambas magnitudes existe una cadena de costos que incluye adquisición, almacenamiento, seguros, transporte, permisos y posibles comisiones bancarias.

En términos energéticos, el volumen tampoco transformaría por sí solo la situación de la isla. Una entrega de 40.000 litros puede aliviar una necesidad puntual, pero es insignificante frente al consumo nacional de combustibles de un país entero. Su valor principal está en otro lugar: producir una imagen de acompañamiento político y mostrar que la sociedad civil mexicana puede organizar una respuesta autónoma frente a las sanciones estadounidenses.

La campaña, por tanto, no debe medirse únicamente por los litros que consiga enviar. Su resultado más importante podría ser la cantidad de personas que logre incorporar a una narrativa específica: Cuba como pueblo castigado por defender su soberanía y México como país dispuesto a respaldarlo. La operación transforma una donación cultural en un acto de posicionamiento geopolítico.

Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios del Gobierno de Ciudad de México e integrante del colectivo, presentó la iniciativa como una respuesta al supuesto “plan de asfixia” contra Cuba. Su participación ilustra la primera tensión del proyecto: aunque se define como una acción de la sociedad civil, una parte visible de sus promotores ocupa cargos públicos o mantiene vínculos directos con el Gobierno mexicano. La independencia que se proclama y la proximidad institucional que se observa conviven en el mismo escenario.

La frontera borrosa entre cultura pública y diplomacia

La utilización de librerías públicas y de una institución cultural como el FCE amplía la capacidad de difusión de la campaña, pero también plantea preguntas sobre el uso de infraestructura estatal para respaldar una causa internacional. Las librerías del Fondo pueden convertirse en puntos de venta, promoción y legitimación de la iniciativa. Para sus organizadores, esa participación expresa una política cultural solidaria y latinoamericanista. Para sus críticos, puede significar que recursos, espacios y prestigio institucionales se ponen al servicio de una agenda política partidaria.

El asunto tiene consecuencias para el sector cultural mexicano. Cuando una editorial pública, sus funcionarios y una red de librerías participan en campañas de ayuda exterior, se modifica la percepción de su misión. El FCE deja de aparecer únicamente como una institución dedicada a publicar, distribuir y promover libros, y pasa a ocupar un papel más amplio como instrumento de diplomacia cultural. Esa función puede ser legítima, pero necesita reglas transparentes: criterios de selección de campañas, mecanismos de rendición de cuentas, separación entre fondos públicos y donaciones, y claridad sobre la entrega final de los bienes.

La experiencia reciente del propio FCE vuelve más delicada esa discusión. En octubre del año pasado, Taibo II anunció el programa internacional “25 para el 25”, con la promesa de distribuir gratuitamente 2,5 millones de libros a adolescentes en 14 países latinoamericanos, entre ellos Cuba y Venezuela. Seis meses después, una visita de 14ymedio a la librería Tuxpan, en La Habana, no encontró evidencias de la colección anunciada. Ezra Alcázar, coordinador de Internacional del FCE, sostuvo posteriormente que parte de los libros había llegado en diciembre y aclaró que el Fondo no se encargaba de distribuirlos en el extranjero.

La discrepancia entre el anuncio inicial y la trazabilidad posterior no demuestra por sí misma que el programa haya fracasado, pero sí revela un problema de comunicación institucional. Una promesa de gran escala, si no va acompañada de información verificable sobre volúmenes, fechas, destinatarios y operadores logísticos, queda expuesta a convertirse en propaganda antes que en política pública medible. Esa lección es directamente aplicable a la campaña del combustible.

Solidaridad con Cuba y responsabilidad sobre los destinatarios

La ayuda energética puede producir efectos reales en una población sometida a apagones, escasez de transporte y dificultades para acceder a combustible. Desde esa perspectiva, los organizadores defienden una acción humanitaria que busca reducir el impacto de una crisis que atribuyen principalmente a las sanciones estadounidenses. También pueden argumentar que la donación cultural evita la lógica de la asistencia gubernamental tradicional y permite que ciudadanos mexicanos expresen solidaridad directa con los cubanos.

Pero la discusión no termina en la intención de ayudar. También importa quién recibe el combustible, cómo se distribuye y qué controles existen para impedir que termine en manos de organismos estatales, empresas militares o estructuras asociadas al poder político cubano. La escasez energética afecta a hogares, hospitales, productores agrícolas y transportistas, pero el Gobierno cubano controla buena parte de la importación, el almacenamiento y la distribución de combustibles. Una transferencia sin mecanismos independientes de supervisión podría reforzar la capacidad operativa del Estado sin garantizar que los sectores más vulnerables sean los principales beneficiarios.

Esta es la segunda gran conclusión que surge del caso: en contextos autoritarios o de alta centralización, una ayuda concebida como gesto humanitario puede tener simultáneamente un efecto de alivio social y un efecto de fortalecimiento gubernamental. No se trata de negar la necesidad material de los cubanos, sino de exigir que los promotores expliquen cómo distinguirán entre asistencia a la población y apoyo indirecto a las instituciones que administran la crisis.

La campaña anterior “Luz para Cuba”, lanzada en agosto para recaudar fondos destinados a paneles solares, enfrenta una pregunta similar. La instalación de sistemas solares puede beneficiar a comunidades concretas y reducir su dependencia de una red eléctrica deteriorada. Sin embargo, sin información pública sobre proveedores, ubicación de los equipos, beneficiarios y resultados, la iniciativa permanece en el terreno de la promesa política. La repetición de campañas con objetivos ambiciosos y poca documentación puede erosionar la confianza de los donantes.

El precedente presidencial y la dimensión electoral

En marzo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió donaciones para enviar a Cuba alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. Difundió el número de una cuenta bancaria perteneciente a una asociación civil e invitó a aportar “lo que cada quien pueda”. Poco después, Claudia Sheinbaum anunció que realizaría una contribución personal a esa cuenta. La continuidad entre aquella convocatoria y la campaña actual indica que no se trata de un episodio aislado, sino de una línea de solidaridad con Cuba que combina liderazgo político, redes culturales y movilización ciudadana.

El momento internacional añade una capa electoral. Taibo II vinculó el posible traslado de la gasolina a un eventual debilitamiento del bloqueo después de las elecciones estadounidenses de noviembre. La presidenta Sheinbaum, por su parte, calificó de políticas las motivaciones de una orden de arresto emitida en Florida contra Raúl Castro y la relacionó con los comicios. Estas declaraciones conectan la política mexicana hacia Cuba con el ciclo político de Estados Unidos y desplazan la discusión desde la ayuda humanitaria hacia la confrontación ideológica.

Para el Gobierno mexicano, la posición puede servir para reforzar una identidad diplomática basada en la soberanía, la no intervención y la defensa histórica de los vínculos latinoamericanos. También permite diferenciarse de Washington ante sectores de izquierda y organizaciones culturales. Sin embargo, esa misma estrategia puede generar costos. La ayuda a Cuba podría ser interpretada por la oposición como una prioridad externa mientras persisten problemas internos de seguridad, servicios públicos y desigualdad. Además, una implicación cada vez más visible del aparato cultural puede reducir el espacio para voces críticas dentro de las propias instituciones.

La controversia tampoco puede reducirse a la dicotomía entre apoyar o rechazar a Cuba. La política estadounidense de sanciones tiene efectos sobre la población y restringe operaciones financieras, pero el Gobierno cubano también mantiene un modelo económico centralizado, limita la competencia política y controla la distribución de bienes estratégicos. Una cobertura rigurosa debe mantener ambas dimensiones en el análisis. Atribuir toda la crisis a un solo factor simplifica un problema que combina sanciones, mala gestión, falta de inversión, restricciones internas y deterioro productivo.

Qué puede ocurrir después de la recaudación

El escenario más probable es que la campaña tenga un éxito comunicativo mayor que logístico. Las estampas pueden venderse rápidamente entre simpatizantes, instituciones culturales y ciudadanos sensibilizados con la situación cubana. Pero el salto desde la recaudación hasta el envío dependerá de factores que todavía no han sido explicados. Un barco no es solo un medio de transporte: requiere una empresa operadora, puerto de carga y descarga, documentación de la mercancía, cobertura de seguro, permisos de navegación y una contraparte legalmente habilitada para recibir el combustible.

La incertidumbre sobre las sanciones también afecta a los bancos, las aseguradoras y las compañías navieras. Incluso si el combustible no estuviera prohibido de forma absoluta, las entidades privadas podrían evitar la operación por temor a penalizaciones, bloqueos financieros o pérdida de acceso al sistema estadounidense. La posibilidad de que cambie la política de Washington después de las elecciones no elimina automáticamente esos riesgos. Las restricciones pueden mantenerse, modificarse parcialmente o aplicarse mediante licencias específicas.

Un segundo escenario sería que los fondos se utilicen para adquirir combustible dentro de Cuba o para financiar una operación más limitada, sin el buque anunciado inicialmente. Esa alternativa podría ser más viable, pero modificaría el significado de la campaña y exigiría explicar por qué la fórmula original no se cumplió. Un tercer escenario sería que el dinero permanezca en una cuenta o se redirija a otros bienes, como alimentos, medicinas o paneles solares. En ese caso, la transparencia contable sería decisiva para evitar acusaciones de improvisación o desvío.

El riesgo reputacional es considerable. Si la campaña no publica estados de cuenta, cantidad de estampas vendidas, monto recaudado, costos administrativos y destino final de la ayuda, cualquier retraso será interpretado como falta de capacidad o como uso político de la solidaridad. Para el FCE y para los funcionarios involucrados, el costo puede extenderse más allá de este proyecto y afectar la credibilidad de futuras iniciativas internacionales.

Una prueba para la transparencia de la cooperación mexicana

La ampliación del programa Sembrando Vida a Ciego de Ávila, anunciada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, muestra que la relación entre México y Cuba no depende únicamente de campañas simbólicas. El programa, iniciado en la isla en 2022, pretende beneficiar a unos 1.500 productores mediante capacitación, semillas, insumos y maquinaria, con la expectativa de elevar entre 50% y 80% la producción o las cosechas. A diferencia de una colecta, esta cooperación exige indicadores, evaluación y seguimiento de resultados.

La coexistencia de ambos modelos plantea una oportunidad. Las campañas ciudadanas pueden aportar rapidez, visibilidad y capacidad de convocatoria; los programas oficiales pueden ofrecer estructura y continuidad. Pero también pueden mezclarse de forma problemática. Si las iniciativas culturales sirven para cubrir carencias que deberían atender políticas públicas, se corre el riesgo de sustituir la responsabilidad institucional por una permanente apelación a la solidaridad. Y si los programas oficiales se presentan como gestos políticos sin datos verificables, la cooperación pierde credibilidad técnica.

En los próximos meses, la cuestión decisiva no será cuántas estampas se imprimieron, sino qué información entregarán los organizadores y qué controles aceptarán. Una campaña que publique sus cuentas, identifique a los operadores logísticos, detalle las licencias requeridas y documente la distribución podría convertirse en un caso de cooperación civil con estándares nuevos. Una campaña que se limite a consignas, fotografías y promesas de transporte dejará una impresión distinta: la de una operación cultural concebida para producir lealtad política antes que resultados comprobables.

“Un litro de gasolina para Cuba” resume así una disputa más amplia sobre la política exterior mexicana. La iniciativa puede expresar solidaridad genuina y, al mismo tiempo, funcionar como herramienta de diplomacia ideológica. Puede aliviar una necesidad puntual y reforzar estructuras estatales opacas. Puede ampliar el papel social de las instituciones culturales y, a la vez, comprometer su autonomía. El desenlace dependerá menos del volumen anunciado que de la capacidad de sus promotores para responder a las preguntas básicas que toda ayuda responsable debe contestar: cuánto se recaudó, quién administra los recursos, quién transporta la mercancía, quién la recibe y qué beneficios concretos obtiene la población cubana.