La Policía Nacional Civil de Guatemala anunció que acelerará la compra de cámaras corporales para sus agentes después de que dos hermanos repartidores fueran detenidos por error como presuntos responsables del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. La institución también prevé incorporar sistemas de videovigilancia en las patrullas, en un intento por reforzar la transparencia de los procedimientos y reducir las disputas sobre lo ocurrido durante las detenciones.

El anuncio fue divulgado el lunes 19 de octubre mediante un comunicado oficial. El director de las fuerzas de seguridad, David Custodio Boteo, afirmó que se buscarán los recursos financieros necesarios para equipar a los más de 40.000 policías del país. La Policía sostuvo que las grabaciones podrían proteger simultáneamente a los ciudadanos y a los agentes, al dejar un registro verificable de los controles, arrestos y actuaciones realizadas en la vía pública.

Una detención que abrió un nuevo frente de dudas

Los dos hermanos fueron capturados el sábado, después del asesinato de Solórzano Foppa, a varios kilómetros del campo de fútbol donde ocurrió el crimen. En un primer momento, las autoridades los señalaron por supuestamente llevar un arma de fuego. Sin embargo, un juez ordenó su liberación el domingo por “falta de mérito”, al considerar que no existían pruebas suficientes para mantenerlos vinculados al caso.

La liberación no resolvió las interrogantes sobre el procedimiento policial. Expertos en seguridad y medios locales, citando fuentes judiciales, plantearon la posibilidad de que el arma hubiera sido colocada durante la detención. Esa versión no ha sido confirmada y el expediente permanece bajo reserva, según explicó Karlos de León, abogado de los repartidores. La condición impide divulgar públicamente detalles de la investigación y limita, por ahora, la posibilidad de establecer responsabilidades individuales.

El episodio concentra dos problemas distintos: la necesidad de esclarecer el homicidio de un exfiscal con una trayectoria relevante y la obligación de determinar si los primeros arrestos se realizaron conforme a la ley. Una acusación equivocada puede perjudicar a personas ajenas al crimen, pero también puede desviar recursos, retrasar la identificación de los verdaderos responsables y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de investigar.

El registro audiovisual como medida de control

En su comunicado, la Policía calificó de “necesidad imperiosa” la tecnología de grabación incorporada a los uniformes. La institución argumentó que las cámaras servirían para evitar injusticias contra la población y, al mismo tiempo, para proteger a los policías frente a arbitrariedades o falsas acusaciones. El razonamiento apunta a una doble función: documentar la actuación estatal y preservar pruebas que puedan ser revisadas posteriormente por fiscales, jueces o autoridades disciplinarias.

La utilidad de estos dispositivos, sin embargo, no depende únicamente de comprarlos. Para que una cámara corporal tenga valor probatorio, deben existir reglas claras sobre cuándo debe activarse, quién puede acceder a las imágenes, cuánto tiempo deben conservarse y qué consecuencias tendría apagarla o manipular el material. También será necesario garantizar que las grabaciones no se utilicen de manera selectiva, mostrando solo los momentos favorables a una de las partes.

La magnitud del anuncio plantea además un desafío operativo. Equipar a más de 40.000 agentes exige financiación, mantenimiento, almacenamiento digital, capacitación y supervisión. La videovigilancia de las patrullas aumentaría el volumen de información que debe ser custodiada y clasificada. Sin protocolos institucionales y controles independientes, la inversión podría producir registros abundantes sin convertirse necesariamente en una herramienta eficaz contra los abusos o los errores de identificación.

Un asesinato que aún no tiene sospechosos establecidos

Solórzano Foppa fue asesinado en un campo de fútbol situado a pocos kilómetros del centro de Ciudad de Guatemala. Según las versiones recogidas tras el ataque, varios hombres vestidos como futbolistas le dispararon y huyeron en motocicletas. Al momento de la publicación de la información, no se habían reportado capturas ni sospechosos establecidos por el homicidio.

La forma del ataque y la experiencia profesional de la víctima hacen especialmente relevante la calidad de la investigación. Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público entre 2013 y 2016 y encabezó la Superintendencia de Administración Tributaria entre 2016 y 2018. También participó en labores de inteligencia criminal relacionadas con el caso La Línea, una investigación de corrupción que contribuyó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015.

En 2022 asumió además la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín. Estos antecedentes no permiten por sí mismos establecer un móvil, pero explican por qué el esclarecimiento del crimen tiene una dimensión institucional que supera el caso individual. La investigación deberá determinar quién ordenó y ejecutó el ataque, si existían amenazas previas y si el asesinato guarda relación con su trabajo en materia de justicia, tributación o defensa legal.

La prueba decisiva será la investigación, no solo la tecnología

Las cámaras corporales pueden aportar una reconstrucción objetiva de una detención, pero no sustituyen la investigación criminal ni corrigen por sí mismas una cadena de mando deficiente. En este caso, la prioridad inmediata sigue siendo preservar las pruebas del homicidio, revisar la actuación de los agentes que detuvieron a los hermanos y explicar con precisión por qué fueron considerados sospechosos en primer lugar.

La decisión judicial de liberarlos establece que, con la información presentada, no había mérito suficiente para mantenerlos detenidos. No equivale a una conclusión sobre la posible colocación del arma ni identifica a los responsables de ese procedimiento. Por eso, la credibilidad de la respuesta estatal dependerá de que las autoridades investiguen ambas dimensiones sin presentar una como sustituto de la otra: el asesinato del exfiscal y las circunstancias de una detención que puso en evidencia la falta de registros independientes.