Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa al exjuez Luis José Sáenz de Tejada como impulsor, durante los últimos años, de ataques, descalificaciones y acciones contra al menos siete jueces y dos fiscales de Badajoz. Entre los magistrados señalados figura Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sáenz de Tejada, citado como investigado para declarar el 28 de octubre, aparece relacionado con unas actuaciones que el juez Santiago Pedraz examina dentro del llamado caso Leire, en el que se investiga si Leire Díez fue contratada por el PSOE para obstaculizar procedimientos de corrupción que afectaban al partido y al Ejecutivo.

La documentación y los interrogatorios incorporados a la causa describen una actividad sostenida en redes sociales, conversaciones privadas y otras iniciativas dirigidas contra Biedma, Marta Hernández, Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds, Esther Sara Vila, Paula Orosa y Patrocinio Polo. También aparecen los fiscales Diego Yebra y José Luis Alonso Tejuca. La UCO no presenta esas referencias como hechos ya acreditados judicialmente, sino como elementos de una investigación en curso cuya relevancia deberá determinar el juzgado.

Una secuencia que se prolonga durante más de una década

Según el informe sobre los contactos con Los Rochos, los ataques contra jueces de Badajoz se remontan a 2013, mientras que las invectivas dirigidas específicamente contra Biedma comenzaron en 2015. El salto cualitativo se habría producido en 2024, después de un presunto contacto con Leire Díez. En una conversación con Cintia Rocho, Sáenz de Tejada habría afirmado que a la instructora de la causa contra David Sánchez “había que eliminarla”. La expresión, por su gravedad, es uno de los elementos que deberán ser contextualizados y valorados por la autoridad judicial, junto con el resto de comunicaciones.

La cronología reunida por los investigadores apunta a una estrategia de presión que combinó acusaciones públicas, difusión de documentos, vídeos y propuestas de movilización. En enero de 2025, el exjuez habría acusado a un matrimonio de amenazar a un tribunal superior y, un mes después, celebró que el Consejo General del Poder Judicial lo hubiera “dispersado”. En septiembre de ese año calificó a García-Cancho como “juez de Vox” tras su nombramiento como presidente de la Audiencia Provincial.

El foco sobre los juzgados que investigaban al entorno de Sánchez

Las actuaciones adquieren especial relevancia porque varios de los jueces mencionados intervenían en procedimientos sensibles. Marta Hernández, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, instruía tanto la causa relativa al hermano de Sánchez como la investigación sobre el marido asesinado de Rocho. En los mensajes analizados, Hernández aparece como el principal objetivo de las críticas. El 9 de diciembre de 2024, el interlocutor remitió a Cintia Rocho un burofax fechado el 29 de septiembre y describió a la magistrada como “la cabecilla de todo lo que ocurre allí”. También le atribuyó, sin que el texto aporte pruebas de ello, la posesión de un chalet supuestamente incompatible con sus ingresos y escribió: “Si sé donde vive”.

El abogado Juan José Collado declaró ante la UCO que en una reunión celebrada en Badajoz el 17 de noviembre de 2024 se habló de Hernández, García-Cancho y Biedma, aunque, según su testimonio, el 90% de la conversación se centró en Hernández. En ese encuentro se habría planteado presentar querellas contra sus respectivos juzgados y organizar manifestaciones en la calle. Collado sostuvo además que Sáenz de Tejada indicó el domicilio de la jueza. La declaración no equivale por sí misma a una conclusión judicial, pero aporta un testimonio directo sobre el posible tránsito de la crítica pública a formas de presión más concretas.

La campaña habría continuado en internet. En julio de 2025, un vídeo acusó a Hernández de inventar un delito para favorecer a Biedma. Otro contenido, difundido el 4 de abril, dirigió las acusaciones contra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con Patrocinio Polo al frente, a la que atribuyó la vulneración de derechos fundamentales. El 23 de abril, un nuevo vídeo anunció que el tribunal del caso David Sánchez sería apartado, una afirmación que, según la información disponible, se presentó como mensaje de presión y no como una resolución judicial.

Petición de expulsión y ataques a la Fiscalía

Esther Sara Vila también quedó expuesta en las conversaciones examinadas. El 8 de diciembre de 2024 fue presentada como prima del decano y, poco después, se compartió un enlace a una recogida de firmas en Change.org que reclamaba su expulsión de la carrera judicial. Paula Orosa recibió al menos cinco vídeos entre agosto de 2025 y mayo de 2026. El primero sostenía que la magistrada llevaba meses desaparecida de su juzgado, una imputación que aparece descrita en la documentación como parte de los contenidos difundidos por los investigados.

Los fiscales tampoco quedaron al margen. El 29 de noviembre de 2024, dos días después de la imputación de David Sánchez, Sáenz de Tejada habría acusado a la Fiscalía del caso de perder y ocultar denuncias. El 7 de diciembre difundió una denuncia por burofax contra el fiscal jefe José Luis Alonso Tejuca por supuestas “torturas judiciales y prevaricación”. Diego Yebra figura igualmente entre los fiscales mencionados por la UCO.

El interés central del informe no reside solo en el número de personas afectadas, sino en la posible conexión entre una pauta prolongada de descalificación y actuaciones concentradas en órganos que investigaban asuntos políticamente sensibles. La investigación deberá establecer si existió coordinación, quién promovió cada iniciativa y si las expresiones y acciones descritas tuvieron como finalidad condicionar decisiones judiciales. Hasta que Pedraz valore las pruebas y las partes ejerzan sus derechos de defensa, las acusaciones mantienen carácter provisional y rige la presunción de inocencia para todos los investigados.