Alrededor de 2.200 palestinos fueron desplazados de sus viviendas en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, mientras el ejército israelí ampliaba sus operaciones un día después de un ataque que dejó dos soldados muertos. La medida, presentada por Israel como una acción de seguridad contra Hamás, ha abierto una nueva disputa sobre el uso de la fuerza, el alcance de las evacuaciones y el impacto de la operación en una campaña electoral marcada por la violencia.

Una evacuación nocturna que transforma el barrio en zona militar

Los residentes de Ein Dir Baha’, el barrio del que procedían los dos palestinos que atacaron un puesto de control, relataron que soldados israelíes llegaron durante la madrugada y ordenaron abandonar las viviendas. A algunas familias les concedieron apenas dos horas para recoger documentos, ropa y otros bienes antes de encontrar un lugar donde alojarse. En varios edificios fueron pintadas cruces para señalar que habían sido desalojados, mientras las calles quedaban prácticamente vacías y bajo una presencia militar masiva.

El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó que cerca de 2.000 personas habían sido desplazadas y advirtió que no podrían regresar hasta que Israel terminara de ocuparse de lo que calificó como asuntos de Hamás en Hebrón. El ejército aseguró que realiza registros “precisos, selectivos y exhaustivos” y que la operación podría prolongarse varios días. Sin embargo, para las autoridades palestinas y los habitantes afectados, la amplitud de la evacuación plantea una cuestión distinta: si la búsqueda de responsables está derivando en una medida que afecta a una comunidad entera.

Las cifras revelan el alcance de una operación todavía abierta

La magnitud exacta del desplazamiento sigue siendo objeto de disputa. El gobernador de Hebrón, Khaled Dudin, calculó que unas 150 familias habían sido expulsadas, mientras el alcalde Yusef al Jababari y el activista Isa Amro elevaron la cifra hasta aproximadamente 250 familias. La diferencia no es menor: refleja la rapidez con que se desarrolla la operación y la ausencia de un mecanismo común para registrar a quienes han tenido que abandonar sus casas.

El ejército israelí informó además de operaciones en 40 zonas de Cisjordania entre el viernes y el sábado y de la captura de unos 40 sospechosos. Entre ellos, según su versión, habría personas vinculadas con Hamás y organizaciones yihadistas, así como individuos acusados de incitación, alteración del orden público y lanzamiento de piedras. Los dos atacantes fueron abatidos después de la acción, que Hamás celebró aunque no reivindicó. La organización llamó a realizar nuevos ataques, aumentando el riesgo de que la respuesta militar se extienda más allá del barrio inicialmente señalado.

El gobernador palestino estima que un tercio de Hebrón está afectado por el operativo y teme que las tropas amplíen el perímetro. La Autoridad Palestina pidió a la comunidad internacional que presione a Israel para proteger a los civiles. Su denuncia de “castigo colectivo” se enfrenta a la justificación israelí de que la operación busca impedir nuevas acciones armadas. El punto de fricción central es precisamente ese: la seguridad inmediata puede convertirse en una política de control territorial con efectos duraderos sobre la población.

La seguridad entra directamente en la campaña electoral

La operación se produce pocos días antes de unas elecciones legislativas que se prevén ajustadas y en las que Benjamin Netanyahu se juega buena parte de su supervivencia política. El primer ministro anunció una ofensiva de mayor envergadura, comparable en sus dimensiones con las operaciones posteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967, y prometió una “gran sorpresa” para la Autoridad Palestina sin precisar su naturaleza.

La coincidencia temporal alimenta las acusaciones palestinas de que la sangre de los civiles está siendo utilizada con fines electorales. No existe, según la información disponible, ningún indicio que vincule a la Autoridad Palestina con el ataque, pero el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, volvió a exigir su desmantelamiento. De este modo, un atentado cometido por dos palestinos puede ser utilizado para cuestionar no solo a sus autores, sino también a la estructura política palestina que administra partes de Cisjordania.

La competencia electoral añade presión para ofrecer una respuesta visible y contundente. Netanyahu aparece en empate técnico con Gadi Eisenkot, exjefe del ejército y candidato centrista que también rechaza la creación de un Estado palestino, aunque promete actuar contra la violencia de los colonos. La rivalidad desplaza el debate desde la eficacia concreta de los operativos hacia quién puede proyectar mayor firmeza, un incentivo que puede favorecer decisiones rápidas y de alto impacto sobre el terreno.

Hebrón concentra una tensión que ya desborda el episodio

La ciudad ocupa un lugar especialmente sensible en el conflicto: es la mayor de los territorios palestinos ocupados desde 1967 y alberga a cientos de colonos israelíes dentro de una población palestina mucho más amplia. Esa convivencia fragmentada facilita controles, incursiones y enfrentamientos, pero también convierte cualquier operación en un factor de desestabilización para toda la ciudad.

La crisis se desarrolla además en un contexto de creciente violencia de colonos. La organización israelí de derechos humanos Yesh Din registró 672 incidentes en los últimos 26 días, cerca de la mitad durante la cosecha de aceitunas, una temporada tradicionalmente expuesta a ataques contra agricultores palestinos. Ese dato sugiere que la ofensiva de Hebrón no ocurre en un vacío de seguridad: se inserta en una cadena de agresiones, represalias y respuestas militares que debilita las garantías para los civiles y vuelve más difícil contener la escalada.

El desafío inmediato será evitar que la expulsión temporal se convierta en una realidad indefinida y que la operación militar se extienda a otros barrios. Israel busca demostrar que puede recuperar el control tras el ataque; las autoridades palestinas intentan impedir que esa respuesta se traduzca en desplazamientos masivos. Entre ambas posiciones quedan miles de residentes sin certeza sobre cuándo podrán regresar, mientras la campaña electoral transforma cada decisión de seguridad en una prueba de poder.