Las elecciones israelíes del próximo día 27 se celebran bajo una paradoja central: el resultado puede cambiar al primer ministro, pero difícilmente modificará la lógica política que ha dominado el país durante los últimos años. Las encuestas sitúan en un empate técnico a los dos principales candidatos y ningún partido parece capaz de alcanzar los 61 escaños necesarios para controlar en solitario la Knéset. El desenlace más probable es, por tanto, otra coalición frágil, sostenida por acuerdos entre fuerzas ideológicamente alejadas y condicionada por los partidos ultraortodoxos.

Un Parlamento abocado a otra mayoría precaria

La ausencia de una mayoría absoluta no constituye una anomalía aislada, sino el punto de partida de un sistema acostumbrado a gobernar mediante pactos de supervivencia. El hecho de que Israel haya estado cerca de completar una legislatura por primera vez en 38 años muestra hasta qué punto se había normalizado la convocatoria anticipada de elecciones. La estabilidad relativa de los últimos años no ha eliminado la fragmentación: simplemente ha permitido que Benjamin Netanyahu sostuviera durante más tiempo una alianza especialmente heterogénea.

La próxima negociación poselectoral será decisiva. Quien aspire a formar gobierno deberá sumar a partidos nacionalistas, religiosos y ultraortodoxos, cada uno con capacidad para imponer condiciones en materias como la política militar, los asentamientos, la relación con los palestinos o las exenciones del servicio militar. Esa aritmética convierte la elección del primer ministro en una cuestión distinta de la elección de una orientación política nítida. El ganador necesitará socios, y esos socios podrán limitar sus decisiones desde el primer día.

Netanyahu llega debilitado, pero aún competitivo

El segundo anclaje de estos comicios es la persistencia de Netanyahu como candidato viable pese al desgaste acumulado. Ha dirigido el Gobierno más extremista de la historia reciente de Israel, suma 19 años como primer ministro y quedó políticamente asociado al fracaso de seguridad que precedió a los ataques de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina del 7 de octubre de 2023. A ello se añaden las causas judiciales que afronta y la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, relacionada con acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La presión internacional tampoco ha impedido que conserve una base electoral sólida. La investigación abierta por la Corte Internacional de Justicia sobre un posible genocidio en Gaza ha profundizado el aislamiento diplomático del país, pero no ha producido una ruptura automática dentro del electorado israelí. La guerra, la percepción de amenaza y la identificación entre liderazgo y seguridad siguen funcionando como factores de movilización. En ese contexto, las acusaciones contra Netanyahu pueden reforzar a sus adversarios, aunque también alimentar entre sus seguidores la idea de que enfrenta una ofensiva política y judicial externa.

La participación árabe revela el límite de la democracia proclamada

La tentativa de excluir a los partidos árabes de la contienda expuso una fractura institucional que va más allá de la campaña. El Comité Electoral Central intentó impedir la participación de Ra’am y de la Lista Conjunta, formaciones que reúnen a una parte de la ciudadanía palestina de Israel y que cuentan con diez diputados en la legislatura saliente. El Tribunal Supremo revocó finalmente la prohibición, pero el episodio dejó una señal política inequívoca: una quinta parte de los ciudadanos israelíes, los árabes palestinos, sigue siendo tratada como un actor cuya legitimidad electoral puede ponerse en duda.

La contradicción se vuelve más visible al comparar los derechos políticos de las distintas poblaciones bajo control israelí. Unos 7,3 millones de mayores de 18 años podrán votar, incluidos los colonos que viven en los territorios palestinos ocupados. En cambio, más de tres millones de adultos de Gaza y Cisjordania no participarán en unos comicios cuyas consecuencias afectan directamente a sus desplazamientos, su seguridad, su economía y su administración cotidiana. Esa diferencia no es un detalle procedimental: define quién cuenta como sujeto político y quién queda reducido a población administrada.

La competencia electoral premia la posición más dura

El cuarto anclaje es la transformación de la seguridad en una carrera por endurecer el discurso. Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir y Avigdor Liberman acusan a Netanyahu de ser demasiado permisivo con los palestinos, mientras que Gadi Eisenkot, principal rival al frente del partido Yashar, promete eliminar militarmente a Hamás en Gaza en un plazo de 18 meses. Eisenkot rechaza tanto la creación de un Estado palestino como la fórmula binacional, y presenta la victoria militar como la condición previa para recuperar el control político.

El consenso entre los principales candidatos no se organiza alrededor de una solución para el conflicto, sino alrededor del rechazo de las alternativas que podrían modificarlo. La idea de los dos Estados, cada vez más difícil de aplicar sobre el terreno por la expansión de los asentamientos, es descartada incluso por quienes aspiran a sustituir a Netanyahu. La competición se desplaza así desde el debate sobre el futuro hacia la demostración de quién ofrece mayor capacidad de coerción.

El respaldo visible de la Casa Blanca a Netanyahu añade otra dimensión al escenario. Su derrota podría complicar la relación del próximo Gobierno con Washington, especialmente después de que ambos ejecutivos hayan coincidido en la confrontación militar con Irán y en la continuidad de la vía armada. Pero el apoyo externo no resuelve las tensiones internas: cualquiera que forme Gobierno seguirá dependiendo de fuerzas ultraortodoxas y nacionalistas, mientras la población palestina continuará excluida de la decisión que determina su futuro. Por eso, el cambio de primer ministro podría alterar el reparto de poder sin modificar la estructura de fondo: una democracia parlamentaria cada vez más condicionada por la guerra, la desigualdad política y la imposibilidad de construir una mayoría estable.