El Gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó investigar y procesar a los militares y agentes de inteligencia israelíes que aportaron testimonios anónimos al documental Naza, ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia. La medida busca identificar a sus 24 fuentes, acusadas de divulgar información clasificada, difamar al Estado y perjudicar los intereses diplomáticos de Israel.
La disputa central: seguridad o rendición de cuentas
La película, producida por The Guardian tras tres años de entrevistas, sostiene que durante la guerra en Gaza se aprobaron ataques contra viviendas donde se sospechaba que se encontraban combatientes de Hamás, aun sabiendo que sus familiares podían estar dentro. También expone el uso de un sistema de inteligencia artificial para clasificar posibles milicianos mediante sus registros telefónicos, con un margen de error del 15 por ciento.
La respuesta oficial no aborda principalmente la veracidad de esas prácticas, sino el daño que, según Netanyahu, causaron las filtraciones a la seguridad nacional y a la imagen internacional de Israel. El primer ministro encargó al jefe militar Eyal Zamir, al director del Shin Bet David Zini y a la fiscal general Gali Baharav-Miara acelerar la identificación de los informantes.
La ofensiva institucional amplía la presión sobre los realizadores Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes ya enfrentaron amenazas y campañas para retirarles la ciudadanía. El caso recuerda el proceso contra la exfiscal militar Yifat Tomer-Yerushalmi, perseguida después de filtrar imágenes sobre una presunta agresión sexual contra un detenido palestino. La persecución de las fuentes desplaza el debate desde las decisiones militares denunciadas hacia el origen de la información, elevando el riesgo de que la seguridad se utilice para limitar investigaciones sobre posibles abusos contra civiles.
