La huelga de camioneros provocada por el encarecimiento del combustible comenzó a remitir el 22 de octubre, después de que el Consejo de Ministros aprobara ayudas por 105 millones de euros. La medida desactivó parcialmente el conflicto, pero no evitó que varios días de interrupciones dejaran huella en la distribución nacional.

Los supermercados registraron escasez, e incluso ausencia total, de fruta, verdura, leche, carne, queso y huevos. El problema también alcanzó a las gasolineras de Nápoles, donde la concentración de depósitos, refinerías e instalaciones de almacenamiento convirtió la zona industrial en un punto especialmente vulnerable. La normalización del transporte no implica una recuperación inmediata: las cadenas de suministro necesitan tiempo para reponer existencias y recuperar sus ritmos habituales.

La protesta cambia de frente

Mientras disminuye la presión de los transportistas, persiste la tensión social por el aumento del costo de vida. El recién creado Movimiento 17 de Octubre, llamado así por los disturbios del pasado fin de semana, convocó tres concentraciones en distintas ciudades, lo que llevó a las autoridades a elevar la alerta ante posibles nuevos episodios de violencia o vandalismo.

Milán desplegó patrullas mixtas de policías y militares en el centro, las estaciones ferroviarias y otros puntos estratégicos, mientras Roma activó un dispositivo especial de seguridad. Las fuerzas de seguridad también rastrean las redes sociales para anticipar convocatorias. El Gobierno ha logrado contener el detonante inmediato de la huelga mediante apoyo económico, pero afronta un escenario más amplio: resolver el impacto material del bloqueo y evitar que la protesta por los precios se transforme en una crisis sostenida de orden público.