La reflexión atribuida a Friedrich Nietzsche según la cual la verdad es una convención que se vuelve obligatoria vuelve a ocupar un lugar central en el debate público, no solo por su valor filosófico, sino por su utilidad para interpretar un entorno marcado por la desinformación, la polarización y la disputa permanente por el control del relato. La frase, vinculada con su ensayo “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”, plantea que muchas certezas aceptadas como naturales son, en realidad, acuerdos sociales construidos mediante el lenguaje, la costumbre y la autoridad.

Su vigencia no significa que Nietzsche hubiera anticipado las redes sociales, los algoritmos o la inteligencia artificial. La comparación directa sería anacrónica. Sin embargo, su crítica permite observar un problema actual: cuando una afirmación se repite, se incorpora a las instituciones y es respaldada por una mayoría, puede adquirir una fuerza social que excede la evidencia disponible. La repetición no convierte por sí sola una falsedad en un hecho, pero sí puede modificar la percepción colectiva de lo que parece razonable, normal o indiscutible.

Una idea filosófica que ilumina el conflicto informativo

El principal aporte de esta lectura consiste en obligar a separar tres planos que con frecuencia se confunden: los hechos verificables, las interpretaciones sobre esos hechos y las normas que una sociedad decide adoptar. La existencia de un acontecimiento puede comprobarse mediante pruebas; su significado puede ser objeto de debate; y la respuesta colectiva puede depender de valores políticos o morales. Si estos niveles se mezclan, cualquier opinión puede presentarse como un hecho y cualquier hecho incómodo puede ser descartado como una simple interpretación.

Esta distinción tiene efectos positivos en la educación, el periodismo y la investigación. Invita a revisar las categorías heredadas, a identificar quién define los términos del debate y a reconocer que el lenguaje nunca es completamente neutral. Conceptos como progreso, seguridad, éxito, normalidad o mérito contienen una historia y suelen beneficiar a determinados grupos más que a otros. Examinar esa historia puede ampliar la participación pública y abrir espacio para perspectivas que antes permanecían fuera de la conversación.

También puede fortalecer la responsabilidad intelectual. Si la verdad social se construye mediante acuerdos, esos acuerdos deben poder ser discutidos y corregidos. Las instituciones democráticas dependen precisamente de esa posibilidad: revisar leyes, modificar políticas, corregir errores judiciales y actualizar conocimientos científicos. Una comunidad que considera intocables todas sus convicciones corre el riesgo de convertir la costumbre en autoridad y la autoridad en una forma de inmovilismo.

El riesgo de convertir la crítica en relativismo

La misma idea puede producir un efecto contrario si se interpreta como una negación de toda diferencia entre verdad y mentira. Ese es el principal riesgo de trasladar sin matices la crítica de Nietzsche al escenario contemporáneo. Que las sociedades construyan categorías y significados no implica que todas las afirmaciones tengan el mismo valor probatorio. La existencia de un virus, la eficacia de un tratamiento o la ocurrencia de un hecho histórico no dependen únicamente de que una mayoría los acepte.

La ciencia tampoco funciona como una colección de verdades eternas impuestas por autoridad. Sus conclusiones son revisables, pero esa revisión se realiza mediante métodos, pruebas, replicación y discusión especializada. Confundir la provisionalidad del conocimiento científico con una equivalencia entre evidencia y opinión facilita la circulación de teorías conspirativas y falsedades sanitarias. En asuntos de alto impacto, como las vacunas, las emergencias climáticas o la seguridad alimentaria, esa confusión puede traducirse en daños concretos.

El relativismo absoluto también puede debilitar la rendición de cuentas. Si toda versión de los hechos se presenta como una construcción equivalente, una autoridad acusada de corrupción puede responder que solo existe una narrativa alternativa. Un grupo que promueve la discriminación puede describir sus actos como una expresión cultural legítima. Una empresa que oculta información relevante puede defenderse alegando que los consumidores interpretan la realidad de manera distinta. La crítica a los valores dominantes no debe convertirse en una licencia para eliminar criterios públicos de prueba y responsabilidad.

Redes sociales, algoritmos y nuevas formas de autoridad

Las plataformas digitales han ampliado la capacidad de cada persona para producir y difundir interpretaciones. Esa apertura tiene un valor democrático evidente: permite denunciar abusos, visibilizar experiencias ignoradas por los medios tradicionales y organizar respuestas colectivas con una rapidez antes impensable. Las comunidades minoritarias pueden disputar representaciones estereotipadas y exigir que sus problemas sean reconocidos en la agenda institucional.

Pero la arquitectura de estas plataformas introduce incentivos que complican la búsqueda de información fiable. Los contenidos que generan indignación, miedo o adhesión inmediata suelen obtener más interacción que las explicaciones prudentes y matizadas. Los sistemas de recomendación pueden encerrar a los usuarios en entornos donde las mismas afirmaciones se repiten hasta adquirir apariencia de evidencia. En ese contexto, la “convención” ya no se forma solo mediante deliberación social, sino también a través de métricas comerciales y decisiones técnicas poco transparentes.

La inteligencia artificial añade otra capa de incertidumbre. La generación automática de textos, imágenes y audios puede abaratar la producción de información falsa y hacer más difícil distinguir un documento auténtico de una fabricación convincente. El problema no se reduce a detectar errores: también afecta la confianza general. Si los ciudadanos llegan a pensar que cualquier imagen puede ser falsa y cualquier audio puede estar manipulado, la duda deja de proteger contra el engaño y empieza a favorecerlo. Los responsables de una falsedad pueden aprovechar esa incertidumbre para negar incluso pruebas legítimas.

La disputa por lo normal puede reordenar la vida pública

La observación de Nietzsche sobre la fuerza de la costumbre resulta especialmente relevante para analizar cambios sociales. Prácticas antes consideradas aceptables pueden ser cuestionadas cuando se hacen visibles sus efectos sobre determinados grupos. La revisión de normas laborales, concepciones de familia, criterios de representación o formas de autoridad puede corregir desigualdades que durante mucho tiempo fueron presentadas como naturales.

Sin embargo, toda transformación de las normas genera conflictos y puede ser utilizada para profundizar la polarización. Una parte de la sociedad puede interpretar la revisión de valores como una amenaza a su identidad, mientras otra la considera una condición de justicia. Cuando el debate abandona los argumentos y se convierte en una lucha por deshumanizar al adversario, la crítica cultural pierde capacidad de producir acuerdos. La disputa sobre lo normal deja de ser una oportunidad de revisión y se transforma en una competición por imponer obediencia.

Este riesgo es mayor cuando actores políticos seleccionan fragmentos de Nietzsche para legitimar posiciones previamente adoptadas. Su crítica a la moral judeocristiana, a ciertos ideales ilustrados y a las verdades absolutas no ofrece un programa político sencillo ni puede reducirse a consignas contemporáneas. Utilizar su nombre para justificar autoritarismo, desprecio por los débiles o rechazo de toda norma pública supone una apropiación parcial de una obra compleja y contradictoria.

Qué puede aportar una respuesta responsable

La discusión exige una cultura informativa capaz de sostener dos principios al mismo tiempo: ninguna institución debe quedar fuera de la crítica, y no toda afirmación merece el mismo crédito. Para ello son necesarios medios que distingan información, opinión y propaganda; escuelas que enseñen verificación y razonamiento; y plataformas que expliquen con mayor claridad cómo ordenan y recomiendan contenidos. La transparencia no resolverá por sí sola la desinformación, pero permite identificar responsabilidades y reducir la influencia de mecanismos opacos.

También es importante preservar espacios de desacuerdo sin convertirlos en zonas libres de evidencia. Revisar una convención puede ser legítimo y necesario, pero la revisión debe apoyarse en argumentos, datos y consecuencias observables. Las instituciones públicas tienen que comunicar sus decisiones con mayor precisión, reconocer incertidumbres cuando existan y corregir errores sin presentar toda rectificación como una derrota. Esa combinación de autoridad limitada y procedimientos verificables resulta más sólida que la exigencia de obediencia ciega.

La frase de Nietzsche conserva su potencia porque recuerda que muchas certezas tienen un origen histórico y que, por tanto, pueden ser examinadas. Su lectura, no obstante, debe mantenerse lejos de dos extremos: aceptar las convenciones como verdades intocables o concluir que, como toda sociedad interpreta el mundo, la verdad carece de importancia. En una época de información abundante y confianza frágil, el desafío consiste en cuestionar los acuerdos colectivos sin abandonar las pruebas que permiten distinguir una revisión necesaria de una manipulación interesada.