Las elecciones presidenciales brasileñas quedaron ayer al borde de una crisis de legitimidad después de que los problemas de transporte público en una decena de ciudades dificultaran el acceso a las urnas y obligaran a retrasar el cierre de la votación hasta las nueve de la noche, las dos de la madrugada en España. La medida, adoptada tras las protestas de las campañas, llegó tarde y alimentó el temor a que el resultado entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva fuera impugnado por el candidato derrotado.

Unos 160 millones de ciudadanos estaban llamados a votar en una contienda extremadamente ajustada. Las encuestas habían dibujado un empate técnico durante toda la campaña y la última estimación de Datafolha, publicada el sábado, concedía a Flávio una ventaja de 51% frente al 49% de Lula, apenas un día después de registrar un 50% para cada candidato. En ese contexto, cualquier obstáculo que afectara de forma desigual a la participación podía modificar el desenlace.

Una demora que llegó cuando cada voto contaba

La preocupación se concentró especialmente en los barrios populares y periféricos, donde el transporte colectivo es indispensable para llegar a los centros de votación. La campaña de Lula consideraba que la insuficiencia del servicio perjudicaba sobre todo a sus votantes y amenazaba la participación que necesitaba para compensar la ventaja de Flávio en otros sectores del electorado.

La Constitución brasileña establece la gratuidad del transporte público durante las jornadas electorales precisamente para reducir el efecto de las enormes distancias y de la desigualdad territorial. Sin embargo, en varias ciudades los autobuses fueron insuficientes o circularon con dificultades. Las fuertes tormentas registradas en São Paulo y en otros puntos del sureste ofrecían una explicación posible, aunque también surgieron sospechas sobre una eventual intervención deliberada de gobiernos municipales alineados mayoritariamente con el candidato de derecha.

La demora de las autoridades electorales agravó el problema. Al anunciarse el aplazamiento cuando la jornada ya estaba avanzada, se abrió un margen para que las campañas interpretaran la decisión como una respuesta insuficiente o sesgada. El analista Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, advirtió que cada hora reducía la probabilidad de que el perdedor reconociera rápidamente su derrota y elevaba el riesgo de tensiones postelectorales.

El antecedente que convirtió la logística en sospecha política

Las acusaciones no surgieron en el vacío. Durante las elecciones de 2022, el ayuntamiento de Salvador de Bahía, entonces gobernado por sectores bolsonaristas, restringió la circulación de autobuses en una jornada en la que miles de votantes dependían del transporte para desplazarse desde zonas populares. La gravedad del episodio llevó a las autoridades electorales a ordenar la detención del secretario municipal de Transporte.

Aquel precedente hizo que las interrupciones de ayer fueran leídas como algo más que una deficiencia administrativa. Cuando la diferencia entre los candidatos se mide en pocos puntos y 33 millones de electores no participaron en la primera vuelta, la movilidad deja de ser un asunto secundario. La capacidad de llegar al colegio electoral se convierte, en la práctica, en una condición de acceso al derecho de voto.

El efecto político era especialmente sensible para Lula. Su campaña necesitaba una participación elevada entre los votantes que no acudieron tres semanas antes, muchos de ellos residentes en áreas periféricas. Si esas personas no podían votar por falta de autobuses, por retrasos o por condiciones meteorológicas adversas, la abstención no se distribuiría necesariamente de manera neutral. El problema logístico podía transformarse en una ventaja electoral para Flávio sin necesidad de alterar una sola papeleta.

La autoridad electoral tampoco consiguió disipar las dudas

La desconfianza se vio reforzada por la posición del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Kassio Nunes Marques, considerado aliado de Flávio Bolsonaro y cuestionado por su actuación en relación con el escándalo del Banco Master. Las acusaciones que lo vinculan al caso y a fiestas con prostitutas no invalidan por sí mismas el proceso, pero sí erosionan la percepción de independencia de la institución encargada de arbitrarlo.

El jurista Thiago Bottino sostuvo que las irregularidades no parecían suficientes para invalidar las elecciones. El problema, sin embargo, no se limita a la validez jurídica del recuento. En una democracia polarizada, la autoridad electoral necesita que los ciudadanos crean que las reglas se aplicaron de manera imparcial. Una decisión correcta pero comunicada tarde, o adoptada por una institución percibida como partidista, puede no ser aceptada por una parte sustancial del país.

La controversia llega además después de la crisis que siguió a la victoria de Lula en 2022. La campaña bolsonarista denunció entonces un supuesto fraude y aquellas acusaciones desembocaron en un intento de golpe. Stuenkel considera que el Tribunal Supremo ya no conserva plenamente el papel estabilizador que desempeñó hace cuatro años. La cuestión decisiva, por tanto, no es solo quién gana, sino si el electorado reconoce como legítimo al gobierno que resulte de la votación.

Dos campañas ante un país agotado

Flávio intentó presentarse como una opción de cambio moderado durante su votación en la zona norte de Río de Janeiro. “Ha llegado la hora del cambio”, afirmó, apelando a una sensación extendida de deterioro de las condiciones de vida y al elevado rechazo que ambos candidatos provocaban en las encuestas. Su estrategia consistía en distanciarse del bolsonarismo más radical sin renunciar a la demanda de renovación que moviliza a una parte del electorado.

Lula votó en el barrio industrial de São Paulo donde trabajó en su juventud en una fábrica de tornillos y perdió el dedo meñique en un accidente laboral. La campaña del Partido de los Trabajadores confiaba en que el comentario de Flávio durante el debate del viernes, cuando llamó al presidente “Nueve dedos”, movilizara a trabajadores que pudieran considerar ofensiva la referencia. Lula respondió que su adversario “no ha trabajado en su vida”, una frase destinada a reactivar su vínculo con el mundo laboral.

El desenlace dependerá de los votos efectivamente emitidos, pero también de la aceptación del resultado. La combinación de una diferencia mínima, una participación vulnerable a los problemas de transporte y una autoridad electoral cuestionada ha desplazado el centro de la jornada desde el recuento hacia la confianza pública. Incluso una victoria formalmente clara podría dejar una sociedad más dividida si millones de ciudadanos creen que no tuvieron las mismas posibilidades de llegar a las urnas.