Francia encara los últimos 190 días antes de la primera vuelta presidencial con una combinación especialmente inestable: protestas estudiantiles que se extienden por el país, servicios públicos sometidos a una presión creciente, una deuda que limita la respuesta presupuestaria y una carrera sucesoria en la que Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon ocupan el centro del debate. La crisis educativa no es un episodio aislado. Es el punto de entrada de un malestar social más amplio y, al mismo tiempo, el escenario donde se está ensayando la batalla política que seguirá al segundo mandato de Emmanuel Macron.

La secuencia comenzó el 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil, en la periferia de París. La ausencia de un profesor sin sustituto activó un conflicto que pronto dejó de ser local. Aunque el sistema francés dispone de docentes liberados para cubrir bajas y vacantes, la burocracia impide con frecuencia que lleguen a tiempo a las aulas. La consecuencia inmediata recae sobre los alumnos, pero el coste se distribuye de forma desigual: los centros de las periferias, con mayores índices de pobreza y población inmigrante, acumulan más interrupciones, menos recursos y peores expectativas de movilidad social.

En pocas semanas, los bloqueos de institutos se multiplicaron y desembocaron en una manifestación nacional el 6 de octubre, a la que se sumaron los sindicatos. Los organizadores calcularon la asistencia en 450.000 personas. Dos días después, la plaza de la Bastilla volvió a llenarse de estudiantes. Desde el inicio de las protestas se han producido al menos 6.600 detenciones, en su mayoría de menores, y han resultado heridos unos 700 policías y gendarmes, además de más de 200 manifestantes. Hay al menos 18 investigaciones abiertas por violencia policial.

La escuela dejó de ser un problema sectorial

La magnitud del conflicto no se explica únicamente por la falta de sustitutos. La enseñanza francesa ha sido durante décadas uno de los principales instrumentos de integración republicana. Su promesa era concreta: el origen familiar podía condicionar el punto de partida, pero una escuela pública sólida podía corregir parte de esa desigualdad. Cuando esa institución pierde capacidad, no solo se deteriora el aprendizaje. También se debilita la credibilidad del Estado como mecanismo de ascenso social.

Los datos salariales aportados en el debate ilustran la erosión. En 1980, un profesor comenzaba su carrera con un sueldo equivalente a 2,5 veces el salario mínimo y podía terminarla cobrando cuatro veces ese umbral. Hoy solo al final de la vida laboral alcanza aproximadamente 2,5 veces el mínimo. La pérdida de atractivo no es meramente económica: la profesión exige más tareas administrativas, enfrenta aulas más complejas y recibe un reconocimiento social cada vez menor. El resultado es una cadena difícil de romper: menos candidatos, más vacantes, mayor carga sobre los docentes disponibles y una calidad de servicio más desigual según el territorio.

El primer hallazgo político de esta crisis es que la protesta estudiantil funciona como un indicador adelantado del deterioro institucional. Los alumnos no están reclamando exclusivamente mejores clases. Están expresando la percepción de que el Estado promete derechos universales, pero los administra de manera selectiva. En un barrio acomodado, una ausencia puede resolverse mediante clases particulares o redes familiares. En una periferia, puede significar perder una asignatura decisiva, retrasar una titulación y reducir las posibilidades de acceso a estudios superiores. La misma avería administrativa produce, por tanto, consecuencias sociales distintas.

El Gobierno ha anunciado el envío de 3.000 profesores para cubrir vacantes y ha planteado excluir la educación de los recortes presupuestarios. La respuesta puede aliviar la emergencia, pero difícilmente resolverá el problema si no modifica el sistema de asignación de sustitutos, la carrera profesional y la desigualdad territorial. El desafío consiste en transformar una promesa presupuestaria en capacidad operativa. Contratar docentes sobre el papel no garantiza que estén en el aula, en la materia adecuada y en el momento necesario.

La protesta tiene dos motores y no conviene confundirlos

La movilización contiene una dimensión social genuina y otra partidista. Benoît Pellistrandi sostiene que existe una fuerte inclinación de los jóvenes hacia La Francia Insumisa, la formación liderada por Mélenchon, y advierte de que el movimiento puede anticipar el enfrentamiento político posterior a una eventual victoria de Le Pen. La observación resulta relevante, pero no basta para describir la protesta como una operación partidaria. La precariedad del servicio precedió a la intervención de los líderes políticos y explica por qué sus mensajes encuentran una audiencia receptiva.

La segunda idea central es que la polarización no crea por sí sola el malestar: lo organiza y lo convierte en poder electoral. Mélenchon puede presentarse como la voz de la rabia acumulada, reivindicar una “nueva toma de la Bastilla” y conectar las reivindicaciones educativas con la vivienda, el coste de la vida o las demandas agrícolas. Pero su ventaja movilizadora incluye una vulnerabilidad. Si las imágenes de institutos dañados, enfrentamientos y violencia urbana se imponen sobre las causas iniciales, el movimiento puede ser percibido como una amenaza al orden cotidiano.

Esa transformación beneficia a Le Pen. La extrema derecha no necesita convencer a todos los manifestantes; le basta con que una parte de la sociedad interprete la protesta como prueba de que las instituciones han perdido el control. La prohibición de granadas aturdidoras y gases, así como las investigaciones por violencia policial, reflejan el intento del Gobierno de contener los abusos y reducir la escalada. Sin embargo, cada episodio de violencia puede reforzar simultáneamente dos relatos opuestos: para la izquierda radical, confirma la represión del Estado; para la derecha nacionalista, demuestra la necesidad de restaurar la autoridad.

El alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, ha encarnado esa tensión. Su justificación inicial del uso de la violencia y posterior retractación revela la presión que afrontan los cargos locales: deben escuchar a jóvenes que sienten abandonados sus barrios, pero también preservar escuelas y espacios públicos que pertenecen a la comunidad. Los destrozos no son un asunto simbólico menor. Dañar un centro educativo en una zona con escasez de recursos agrava precisamente la desigualdad que alimentó la protesta.

Macron paga el coste acumulado de su promesa incumplida

La crisis llega cuando la popularidad presidencial se encuentra en un punto particularmente bajo. Solo el 18% de los franceses considera a Macron un buen presidente, según una encuesta publicada por Le Parisien. Su proyecto de 2017 consistía, entre otras cosas, en hacer desaparecer las razones que impulsaban el voto a la extrema derecha. La trayectoria política actual sugiere el resultado contrario: Le Pen aparece como favorita y los extremos dominan el espacio público.

El deterioro de la imagen presidencial no se debe únicamente a una impopularidad personal. Macron ha quedado asociado a una forma de gobierno que pretende gestionar la complejidad mediante reformas técnicas, mientras amplios sectores de la población experimentan problemas muy concretos: falta de profesores, pérdida de poder adquisitivo, servicios sanitarios tensionados y miedo a la movilidad descendente. Cuando la población percibe que la administración tiene explicaciones, pero no soluciones visibles, las estadísticas dejan de funcionar como defensa política.

El primer ministro Sébastien Lecornu dispone de un margen limitado. La deuda alcanza el 120% del producto interior bruto y los bonos franceses afrontan presión en los mercados. La petición estudiantil de 10.000 millones de euros puede ser eficaz como consigna porque traduce el malestar en una cifra, pero plantea una disyuntiva real. Ceder completamente implicaría agravar las restricciones financieras; rechazarla sin una alternativa creíble dejaría al Gobierno expuesto a la acusación de proteger el equilibrio contable a costa de los alumnos.

La controversia también afecta a los sindicatos. Su incorporación a la protesta amplía su capacidad de presión y conecta a estudiantes, trabajadores de la enseñanza y otros sectores, pero puede convertir una demanda concreta en una plataforma de oposición general. Para los docentes, la prioridad es disponer de personal y mejorar la carrera profesional. Para los alumnos, el conflicto expresa una sensación de abandono. Para los partidos, la movilización es una oportunidad de reorganizar el electorado. Esas agendas coinciden temporalmente, pero no necesariamente producirán el mismo desenlace.

Una carrera presidencial sin centro de gravedad

El agregador de encuestas de Politico sitúa a Marine Le Pen en cabeza de la primera vuelta con el 33% de los votos. Édouard Philippe aparece con el 18% y Mélenchon con el 17%, mientras Raphaël Glucksmann alcanza el 11%. Las cifras no constituyen un resultado electoral, pero sí muestran una arquitectura política preocupante para el centro: dos candidatos radicalizados concentran la energía del debate y las alternativas moderadas compiten por un espacio fragmentado.

La primaria socialista añade incertidumbre. Olivier Faure, Glucksmann, Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel y Ségolène Royal participan en un proceso electrónico que puede requerir una segunda vuelta. La disputa no es solo programática. También expresa la dificultad de la izquierda tradicional para decidir si debe acercarse a la movilización de Mélenchon, diferenciarse de ella o intentar reconstruir una candidatura autónoma. Mientras tanto, François Hollande aparece como posible aspirante, impulsado por una relación conflictiva con Macron y por el deseo de recuperar protagonismo.

En la derecha moderada ocurre algo parecido. Philippe dispone de visibilidad y experiencia, pero debe competir con una figura que ya domina el imaginario electoral. Le Pen parte con ventaja, aunque el historial de las campañas presidenciales demuestra que una posición sólida en los sondeos puede erosionarse. El escrutinio de segunda vuelta introduce además una variable decisiva: la capacidad de los adversarios para movilizar un frente de rechazo. Ese mecanismo fue eficaz en el pasado, pero su agotamiento se vuelve más probable a medida que la extrema derecha se normaliza y el centro pierde autoridad moral.

La ausencia de un liderazgo creíble tiene un efecto más profundo que la mera división de candidaturas. Impide formular una respuesta común a la crisis social. Si el centro solo se presenta como una barrera contra Le Pen y Mélenchon, sin un programa convincente para la escuela, la deuda y las periferias, acabará defendiendo el statu quo que alimenta el voto de protesta. La elección puede convertirse así en un plebiscito contra el sistema, no en una comparación entre proyectos de gobierno.

Los próximos meses medirán la resistencia institucional

El primer escenario posible es una desescalada durante las vacaciones escolares que comienzan el 17 de octubre. El Ejecutivo podría utilizar ese intervalo para aplicar rápidamente los refuerzos docentes, negociar con sindicatos y presentar un calendario verificable de reformas. Una pausa no equivaldría a una solución: si los profesores enviados no cubren las zonas más afectadas o si los compromisos carecen de financiación estable, la protesta regresará con mayor legitimidad.

El segundo escenario es una extensión del conflicto hacia otros colectivos. La portavoz estudiantil Sabrine Kharbach ya ha definido la movilización como histórica y ha incorporado reivindicaciones de agricultores y grupos sociales distintos. Una coalición amplia elevaría el coste político para el Gobierno, pero también podría diluir la demanda educativa y favorecer que la violencia se convierta en el asunto dominante. El tercer escenario es una polarización electoral acelerada, en la que cada incidente sea utilizado para alimentar el relato de uno de los extremos.

Los riesgos inmediatos son tres. El primero es la normalización de la violencia política, especialmente grave cuando miles de detenidos son menores. El segundo es la respuesta policial desproporcionada, que puede transformar una protesta por los servicios públicos en una crisis de legitimidad democrática. El tercero es la incapacidad fiscal para sostener medidas visibles. Si París anuncia gasto sin explicar su financiación, los mercados pueden elevar la presión sobre la deuda; si prioriza la disciplina financiera sin proteger la educación, profundizará el malestar que pretende contener.

La sucesión de Macron no se decidirá únicamente en los mítines ni en los sondeos. También se decidirá en la experiencia diaria de los ciudadanos con el Estado. Cada clase sin profesor, cada escuela dañada y cada intervención policial será interpretada como una prueba sobre quién puede gobernar Francia. Le Pen ofrece orden, Mélenchon promete ruptura y los candidatos moderados aún no han demostrado que puedan convertir la reparación de los servicios públicos en una causa política propia. Esa es la verdadera cuenta atrás: no solo quedan 190 días para votar, sino un periodo cada vez más corto para impedir que la frustración social se convierta en una elección dominada por la desconfianza.