El coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exdirector nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana y uno de los oficiales que participó en la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue enviado este domingo con detención preventiva por seis meses al penal de Patacamaya. La decisión judicial incorpora un nuevo capítulo a una operación que, meses después de la aprehensión del acusado, continúa generando investigaciones sobre el manejo de bienes y evidencias incautadas.

Durante la audiencia de medidas cautelares, Ferrufino manifestó que teme principalmente por la seguridad de sus hijas y de su familia. “Si me da detención preventiva, no tengo miedo por mi vida, sino por mis hijas y mi familia”, declaró ante la autoridad judicial. Sus palabras reflejaron el cambio de posición de un funcionario que pasó de dirigir tareas de inteligencia y negociación a enfrentar una acusación penal y una medida restrictiva de libertad.

Una captura presentada como operación de alta complejidad

Ferrufino defendió la intervención realizada el 13 de marzo de 2026 en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra. Según su explicación, el operativo fue ejecutado por personal entrenado que no conocía de antemano todos los detalles de la misión. El exjefe policial sostuvo que la decisión de actuar exigía capacidades especializadas, preparación y convicción, debido al riesgo asociado con la búsqueda de un narcotraficante considerado de alta peligrosidad.

También afirmó que los efectivos del Grupo Especial de Acciones Tácticas que participaron en la captura desconocían el destino exacto de la operación hasta el momento de su ejecución. Con ello, buscó reforzar la idea de que el procedimiento se desarrolló bajo criterios de seguridad operativa y reserva, una práctica habitual en acciones contra objetivos que podrían contar con redes de protección, vigilancia o capacidad de reacción.

La acusación se concentra en las maletas retiradas

La investigación contra Ferrufino no cuestiona únicamente la captura de Marset, sino el destino de objetos que habrían sido retirados del inmueble allanado. De acuerdo con la imputación formal, varias maletas no habrían sido registradas ni incorporadas correctamente a los procedimientos de inventario y custodia. Esa omisión es relevante porque la cadena de custodia permite establecer quién encontró, trasladó, registró y conservó cada elemento obtenido durante un allanamiento.

La hipótesis fiscal contempla que dentro de esas maletas pudo haber dinero en efectivo por un valor estimado de al menos cuatro millones de dólares, además de relojes de lujo y otros objetos de alto valor. La dimensión económica de los bienes investigados eleva la importancia del caso: no se trata solo de una posible irregularidad administrativa, sino de determinar si recursos vinculados al entorno de Marset fueron sustraídos, ocultados o manejados al margen de los controles oficiales.

Ferrufino es investigado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo. La enumeración de cargos muestra que la Fiscalía analiza distintas posibilidades: desde el uso o disposición indebida de bienes públicos o incautados hasta eventuales beneficios obtenidos mediante abuso de funciones. La responsabilidad penal, sin embargo, deberá establecerse a partir de pruebas y no únicamente por la existencia de objetos faltantes o registros incompletos.

La defensa reclama revisar el video del procedimiento

El coronel pidió a la autoridad judicial que examine un video que, según indicó, fue remitido por la secretaría correspondiente. A su criterio, las imágenes pueden aportar elementos sobre la forma en que actuó durante la intervención y sobre las conversaciones que mantuvo en el lugar. Ferrufino se presentó como un negociador certificado y sostuvo que, mientras dialogaba con una persona, no podía abandonar abruptamente la negociación para ejecutar una acción distinta.

“No puedo cancelar una operación y pensar en robar, como dice el Ministerio de Gobierno o la Fiscalía”, afirmó. Con esta declaración, la defensa intenta separar dos momentos que la investigación parece relacionar: la captura de Marset y el posterior manejo de las maletas. La estrategia consiste en demostrar que la conducta del oficial durante el operativo fue profesional y que cualquier irregularidad posterior no puede atribuirse automáticamente a su responsabilidad directa.

De la confianza institucional al cuestionamiento público

En su intervención, Ferrufino recordó una conversación en la que un policía habría cuestionado a su superior por enviarlos a una situación que podía costarles la vida. En aquel momento, dijo, tomó el comentario con humor. Ahora, detenido y con su actuación bajo investigación, afirmó comprender la preocupación de aquel efectivo y lamentó que su imagen se encuentre deteriorada.

El contraste entre su trayectoria y la acusación constituye uno de los elementos más sensibles del caso. Ferrufino sostiene que dedicó su vida a la institución policial y que su experiencia no debería ser ignorada. La Fiscalía, por su parte, debe establecer si la jerarquía, el acceso a información y la participación en la operación facilitaron una eventual intervención en el retiro o la pérdida de bienes. Precisamente porque ocupaba una posición de responsabilidad, la investigación tendrá que esclarecer tanto su conducta personal como los mecanismos de supervisión que funcionaron durante el allanamiento.

Un caso que amplía el alcance de las investigaciones

Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo de 2026 y actualmente enfrenta a la Justicia de Estados Unidos. La operación permitió localizar a uno de los narcotraficantes más buscados de la región, pero las denuncias sobre bienes no registrados desplazaron parte de la atención hacia las instituciones que participaron en el procedimiento.

El proceso contra Ferrufino se suma a las investigaciones abiertas contra otros funcionarios públicos por presuntos vínculos con Marset y por posibles irregularidades relacionadas con su entorno. Su detención preventiva no equivale a una condena, pero sí indica que la Justicia considera necesario asegurar su presencia durante la investigación y preservar elementos relevantes del proceso. La evolución del caso dependerá de la verificación de los videos, los registros del allanamiento, los testimonios de los agentes y la reconstrucción precisa de la cadena de custodia de las maletas.