El Ministerio de Salud Pública ordenó suspender en toda Cuba la venta de Shaka y de otras 14 bebidas energizantes con alcohol, una medida que coloca bajo vigilancia sanitaria una categoría de productos cuya expansión comercial avanzó más rápido que los controles oficiales. La decisión se apoya en el riesgo de intoxicación asociado a la mezcla de vodka con cafeína, taurina y otros estimulantes, pero su aplicación inicial revela también un problema de fiscalización: mientras las autoridades anuncian retenciones, decomisos y destrucciones, varias tiendas de La Habana continúan ofreciendo las latas con normalidad.

Una lista de 15 marcas y una prohibición de alcance nacional

La instrucción interna, fechada el 20 de octubre y dirigida a los inspectores sanitarios estatales, dispone paralizar la venta y retener los productos en establecimientos comerciales, puntos de consumo y almacenes de empresas importadoras. El procedimiento deberá ejecutarse de forma uniforme en todas las provincias, en coordinación con las direcciones de Comercio y los gobiernos municipales, bajo el amparo de la Resolución Ministerial 215.

El anexo identificado por 14ymedio incluye Shaka Mixer, Pardus, Havik, Eko Mix, Ener Drink Evolution, Duclos, Imperator, Rocafer, Royal Blue, Black Fide, Cachaca, 5 SHOT, Chacal, Vod-K y Tigris Alco. La propia relación advierte que podrían existir otras marcas con alcohol no detectadas todavía, lo que amplía el alcance potencial de las inspecciones y sugiere que la medida no se limita a un único fabricante ni a una sola presentación comercial.

Los propietarios deberán mantener las mercancías retenidas bajo custodia, sin venderlas, consumirlas ni trasladarlas. Una comisión integrada por representantes de Salud Pública, Comercio Interior, Inspección Estatal y la Oficina Nacional de Administración Tributaria deberá certificar el decomiso y la destrucción. También se estableció que los inspectores informen cada jueves sobre las cantidades incautadas y los negocios visitados. Como alternativa, los dueños podrán reexportar los productos, siempre que obtengan la autorización sanitaria correspondiente.

El riesgo no está solo en la graduación alcohólica

La preocupación oficial se concentra en la combinación de alcohol y estimulantes. Una bebida con vodka puede producir desinhibición, pérdida de coordinación y deterioro del juicio, mientras la cafeína y la taurina pueden reducir la percepción subjetiva del cansancio. Esa interacción aumenta la posibilidad de que una persona siga consumiendo sin reconocer la magnitud de la intoxicación, especialmente cuando el producto se presenta con una imagen cercana a las bebidas energéticas convencionales.

El antecedente más grave citado en la información disponible ocurrió en agosto, cuando cinco jóvenes de entre 18 y 22 años fueron atendidos por intoxicación en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, en Sancti Spíritus. Una de las pacientes había consumido dos latas, llegó inconsciente y necesitó ventilación mecánica. El episodio no demuestra por sí solo que todas las reacciones respondan a la misma dosis o a idénticas condiciones de consumo, pero sí aporta un indicador clínico suficiente para justificar una intervención preventiva sobre el producto.

En el caso de Shaka, además, existe una controversia regulatoria en la Unión Europea. La bebida, fabricada por la empresa española Venerable Capital S.L., contiene un 18% de alcohol y vitaminas del grupo B. Según el Reglamento europeo 1925/2006, no está permitido añadir vitaminas a productos cuya graduación alcohólica supere el 1,2%. La empresa ha señalado que produce y distribuye para mercados externos, pero no comercializa en España. La restricción europea no equivale automáticamente a una prohibición sanitaria en Cuba, aunque constituye un antecedente relevante sobre la composición y el marco regulatorio del producto.

La orden choca con una realidad que todavía se vende en la calle

La aplicación de la medida ha sido desigual en La Habana. En la calle Amenidad, en el municipio de El Cerro, un comprador adquirió una lata por 900 pesos. En Ayestarán, dos establecimientos continuaban vendiéndola a 950 pesos, mientras que en un recorrido por cuatro negocios de Regla y Guanabacoa, tres mantenían existencias. En Regla, un comerciante ofrecía cinco latas a 850 pesos y planeaba esconderlas bajo el mostrador para recuperar la inversión. En La Cuevita se encontraron cantidades abundantes a poco más de 600 pesos.

La diferencia entre la orden administrativa y la práctica comercial tiene dos efectos. Primero, debilita el mensaje sanitario, porque el consumidor puede interpretar que la mercancía sigue siendo legal mientras permanezca disponible. Segundo, incentiva un mercado clandestino más caro: si los vendedores temen perder el inventario, pueden ocultarlo y trasladar el riesgo de la sanción al precio final. Varios dependientes aseguraron desconocer la prohibición, y solo dos o tres de los establecimientos visitados ya no tenían Shaka.

La medida empezó a tomar forma operativa en Mayabeque. En San Nicolás de Bari se creó un grupo de inspectores para recorrer negocios privados y almacenes, con advertencias de multas, decomisos y posibles consecuencias penales después de transcurridas 24 horas desde la notificación. En Güines también se reportaron controles con participación de funcionarios municipales e inspectores de Salud Pública. En Santa Marta, Matanzas, se informó del retiro de Shaka de varios quioscos, aunque las autoridades aclararon que otra actuación relacionada con sal de nitro respondía a motivos distintos.

De la prevención sanitaria al conflicto por las pérdidas

El decomiso plantea una tensión que las autoridades deberán resolver con criterios transparentes. Los comerciantes adquirieron las bebidas antes de la prohibición y algunos cuestionan que se les retire una mercancía ya pagada sin una comunicación previa o un mecanismo claro de compensación. Otros lectores, en cambio, sostienen que la responsabilidad principal estaba en los controles aduaneros y que permitir la venta después de detectar el riesgo trasladaría el costo sanitario a los consumidores.

Ambas posiciones apuntan a una falla anterior a la inspección minorista: si los productos entraron al país, fueron distribuidos y alcanzaron popularidad entre los jóvenes, la supervisión de importación y registro sanitario no habría identificado a tiempo una composición problemática. La intervención actual puede frenar la venta, pero su eficacia dependerá de que incluya trazabilidad, control en almacenes y una comunicación pública comprensible sobre los riesgos.

La orden contra Shaka y las otras bebidas no representa únicamente la retirada de 15 marcas. Es también una prueba para la capacidad del Estado de hacer cumplir una decisión sanitaria en un mercado fragmentado, con negocios privados, inventarios dispersos y consumidores dispuestos a pagar precios elevados. Mientras la vigilancia no sea homogénea y la información no llegue a todos los vendedores, la prohibición seguirá existiendo con mayor claridad en los documentos oficiales que en los puntos de venta.