Francia vivió este sábado una nueva jornada de movilizaciones convocadas por los chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles, bajo un dispositivo policial excepcional y con la memoria todavía reciente de los disturbios de la semana pasada. Las autoridades informaron de 135 detenidos y de la incautación de bolas metálicas, fuegos artificiales y una katana, aunque hasta la primera hora de la tarde el ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que no se habían producido incidentes de gran magnitud.

La policía parisina calculó en unas 110.000 las personas que participaron en las protestas convocadas en la capital. Las marchas se desarrollaron en un ambiente tenso, marcado por consignas contra el presidente Emmanuel Macron, críticas al encarecimiento de la vida y reclamos de mejores condiciones en los centros de educación secundaria. En las pancartas se leían mensajes como “Macron, al rincón” y “No esperábamos nada y aun así estamos decepcionados”, mientras algunos grupos coreaban “Macron dimisión” y “Todo el mundo odia a la policía”.

Un despliegue concebido para evitar otra escalada

El Gobierno movilizó a 70.000 agentes, unidades policiales de élite, soldados de la misión Sentinelle, vehículos blindados y helicópteros. La estrategia buscaba impedir que las concentraciones alcanzaran lugares estratégicos, como ocurrió durante las protestas anteriores, cuando grupos no autorizados intentaron aproximarse a los Campos Elíseos y se registraron saqueos y daños en comercios.

En Lyon, las fuerzas de seguridad utilizaron granadas lacrimógenas para dispersar a unas 150 personas que trataban de bloquear el tráfico en una zona donde se había prohibido concentrarse. En Niza, la policía desalojó una plaza mediante cañones de agua. En París, varios manifestantes intentaron acceder a la autopista de circunvalación, pero fueron contenidos antes de ocuparla. También se reportaron incidentes en Lille, Toulouse, Montpellier y Nantes.

La situación fue distinta en Orleans, donde coincidieron el congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, y una manifestación antifascista. Cerca de 11.000 personas protestaron contra el partido, en una ciudad sometida a una vigilancia especialmente intensa. Según las autoridades, la movilización terminó sin incidentes importantes.

El conflicto sobre los límites de la protesta

La tensión no se limita a los enfrentamientos puntuales entre manifestantes y policías. El Gobierno prohibió varias concentraciones después de los disturbios de la semana pasada y decretó toques de queda nocturnos en barrios de grandes ciudades. Posteriormente autorizó marchas en París, Marsella y Lyon contra el aumento del costo de vida y en apoyo a los estudiantes, pero en la capital modificó a última hora el recorrido previsto.

La marcha parisina debía comenzar en la plaza de la Bastilla, un lugar cargado de significado político, y fue trasladada a una zona del sureste de la ciudad, próxima a la autopista periférica. Ryad Rani, dirigente de la Unión Sindical de Estudiantes de Liceo, cuestionó la decisión antes del inicio de la movilización. “¿En qué país estamos, donde el poder decide quién puede manifestarse y dónde?”, afirmó, al considerar que las restricciones convierten el derecho de reunión en una autorización condicionada por el Ejecutivo.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, pidió a los países europeos afectados por protestas, entre ellos Francia, España, Italia y Albania, que respeten el derecho a manifestarse y prioricen la desescalada en las operaciones policiales. La advertencia introduce una dimensión institucional en el debate: la seguridad pública debe contener la violencia, pero las medidas preventivas no pueden transformar toda protesta incómoda en una amenaza.

Una movilización con demandas sociales y señales políticas

El movimiento de los chalecos amarillos, que ya puso en jaque al primer mandato de Macron en 2018 y 2019, anunció otra jornada de movilización para dentro de siete días contra lo que denomina una “deriva autoritaria”. El anuncio indica que la protesta no se ha agotado con el control policial de las calles. La persistencia de las convocatorias refleja una combinación de malestar económico, desconfianza hacia las instituciones y rechazo a la forma en que el Gobierno administra el orden público.

Los estudiantes constituyen otro foco de presión. Desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos, y su presencia amplía el conflicto más allá de la protesta fiscal o del movimiento contra el costo de vida. Para jóvenes como “Cas”, un estudiante de 22 años que habló sin revelar su identidad, la cuestión central es también quién puede protestar y bajo qué condiciones. A su juicio, las restricciones plantean un problema de derechos humanos en Francia.

Las autoridades atribuyen los disturbios previos a grupos de extrema izquierda, incluidos antifascistas, anarquistas y colectivos anarco-autónomos, junto con delincuentes que aprovecharían las concentraciones para saquear comercios. Los comerciantes, entretanto, han instalado tablones en sus vitrinas, algunos han decidido no abrir y otros se preparan para proteger sus negocios. Cerca de 3.000 establecimientos resultaron afectados el sábado anterior, una cifra que explica la preocupación económica y política por una nueva oleada de violencia.

Presión sobre el Gobierno y escenario electoral

La crisis social coincide con otros factores de inestabilidad. El viernes, un hombre de 39 años perpetró, según Macron, un “atentado terrorista racista” cerca de París que dejó un muerto y cinco heridos antes de ser detenido. En la capital, los blindados de la Gendarmería protegieron el Palacio del Elíseo y la Asamblea Nacional, mientras varios museos y la Ópera de París cerraron excepcionalmente.

El contexto político añade peso a las movilizaciones. A seis meses de la elección presidencial, Marine Le Pen encabeza los sondeos y su partido celebra su congreso bajo fuertes medidas de seguridad. La capacidad del Gobierno para preservar el orden sin profundizar la percepción de autoritarismo será decisiva: una respuesta débil puede favorecer nuevos disturbios, pero una represión excesiva puede alimentar precisamente el discurso de quienes denuncian el cierre del espacio democrático.

La permanencia de la calificación de la deuda francesa por parte de Moody’s ofreció al Ejecutivo un alivio limitado. La agencia confía en que Francia aprobará su presupuesto de 2027, que contempla un fuerte ajuste fiscal, y en que las tensiones sociales disminuirán. Sin embargo, la continuidad de las protestas muestra que la estabilidad financiera y la estabilidad política no avanzan necesariamente al mismo ritmo. El Gobierno aún debe demostrar que puede aplicar sus decisiones económicas sin convertir cada jornada de movilización en una prueba de legitimidad democrática.