La Unión Europea aprobó este lunes su mayor paquete de sanciones hasta la fecha contra personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso: casi 1.600 designaciones, además de otras 77 relacionadas con las elecciones a la Duma celebradas en territorios ucranianos ocupados. La decisión llega pocos días después de que Donald Trump anunciara un acuerdo con Vladímir Putin para importar diésel, un giro que ha reavivado las diferencias entre Washington y sus socios europeos sobre cómo presionar a Moscú.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, defendió antes de la reunión de los ministros que «solo la presión funciona contra Rusia» y reclamó mantenerla hasta que el Kremlin se siente a negociar. El mensaje resume la respuesta política del bloque al acuerdo energético: mientras Estados Unidos busca cubrir las consecuencias de la crisis provocada por sus ataques contra Irán mediante importaciones de combustible ruso, Bruselas sostiene que aliviar la presión económica debilitaría su estrategia frente a la guerra en Ucrania.

Un paquete de alcance amplio

Las nuevas medidas se dirigen principalmente a individuos y entidades relacionados con la industria militar rusa. A ellas se suman 77 personas y organizaciones vinculadas a los comicios a la Duma en territorios ucranianos ocupados, elecciones que la UE considera ilegales. Con estas incorporaciones, el bloque mantiene bajo sanciones a unas 3.000 personas y entidades, según fuentes comunitarias.

El tamaño del paquete es relevante, pero su efecto dependerá también de su aplicación y de la coordinación con otros países. Kallas reconoció que las sanciones serían más eficaces si Estados Unidos y el Reino Unido actuaran en línea con la UE. Aseguró que la cooperación con Londres es buena y pidió a Washington que se sume a la presión. La divergencia con la Casa Blanca, por tanto, no solo afecta al mensaje político: puede reducir la capacidad de cerrar vías de financiación, comercio y acceso a recursos para Rusia.

La jefa de la diplomacia europea cifró en un billón de euros el coste acumulado de las sanciones para la economía rusa y afirmó que esos recursos no se destinan a financiar la guerra. Es una estimación presentada por Kallas para defender la política del bloque; por sí sola, no demuestra cuánto ha disminuido la capacidad rusa de sostener sus operaciones militares. La cuestión práctica para la UE será si las medidas nuevas limitan esa capacidad y si logran evitar que las restricciones se eludan.

La presión política y el frente híbrido

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que los ataques rusos contra civiles e infraestructuras civiles en Ucrania, así como las operaciones híbridas contra Estados miembros, no quedarán sin respuesta. Sostuvo que la UE mantendrá la presión hasta que Rusia negocie y muestre un compromiso genuino con el fin de la guerra. La ampliación de sanciones se presenta así no solo como una herramienta económica, sino también como respuesta a amenazas que los gobiernos europeos consideran cada vez más cercanas a su propio territorio.

El ministro de Exteriores lituano, Kęstutis Budrys, pidió que cada Consejo de Asuntos Exteriores imponga nuevas medidas contra quienes estén relacionados con esas operaciones y con la maquinaria bélica rusa. También criticó el acuerdo de Washington: a su juicio, no reducirá los precios de los productos derivados del petróleo y perjudicará la unidad transatlántica necesaria para incrementar la presión sobre Moscú.

Desde Estonia, el ministro Magnus Tsahkna señaló que la prioridad debe seguir siendo el apoyo a Kiev y advirtió de que ya se han visto presiones de Trump sobre Ucrania. La ministra letona Baiba Braže defendió el aislamiento de Rusia, las sanciones y la asistencia a Ucrania como vía hacia la paz. Estas posiciones reflejan una apuesta europea por mantener unidos dos objetivos: sostener la capacidad de defensa ucraniana y elevar el coste político y económico de la agresión rusa.

La consistencia de las sanciones, bajo escrutinio

El paquete llega en medio de controversias sobre la composición de las listas. En la última renovación se levantaron las medidas contra el oligarca uzbeko-ruso Alisher Usmanov, a petición de Francia, en el contexto de un acuerdo para liberar prisioneros en Azerbaiyán. Eslovaquia, por su parte, pidió retirar al empresario ruso Mijaíl Fridman. Las fuentes comunitarias reconocieron que algunos nombres han sido excluidos por distintos motivos, aunque insistieron en que el número de personas y entidades sancionadas sigue creciendo.

La discusión plantea un desafío para la credibilidad del régimen europeo: las excepciones pueden responder a razones diplomáticas o jurídicas, pero también alimentan dudas sobre la uniformidad de su aplicación. La ministra Braže admitió que los gobiernos deben examinar sus propias decisiones antes de criticar a otros. En un contexto de desacuerdo transatlántico, la eficacia de la respuesta europea dependerá tanto del alcance de las nuevas designaciones como de la capacidad de los Veintisiete para sostener criterios coherentes y evitar que las diferencias internas resten fuerza a la presión sobre Moscú.