Más de medio millón de personas marcharon por Buenos Aires durante la Marcha Federal Universitaria, convocada por las 64 universidades nacionales y los sindicatos docentes y no docentes. La protesta, que también se extendió a Córdoba, Rosario, Mendoza y otras ciudades, exigió al Gobierno aplicar la Ley 27.795 de financiamiento universitario. La movilización coincidió con la entrega a Javier Milei, en Washington, del premio “Global Champion of Free Enterprise” de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, un contraste que expuso las prioridades enfrentadas del Gobierno y del sistema público.

Una ley vigente que no se aplica

La norma, sancionada en agosto de 2025, prevé recuperar parte de los salarios perdidos por la inflación, actualizar las becas y recomponer los gastos operativos universitarios. Milei la vetó en septiembre, pero Diputados y el Senado rechazaron el veto con la mayoría constitucional requerida. Luego, el Gobierno promulgó la ley mediante el Decreto 759 y suspendió su aplicación hasta que el Congreso definiera los recursos, convirtiendo la promulgación en un veto de hecho.

La Justicia ordenó cumplir la norma: la medida cautelar dictada por el juez Martín Cormick fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema. En octubre, Cormick declaró inconstitucional la suspensión e impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa diaria por la demora. El Ejecutivo, sin embargo, sostiene que la ley implicaría un gasto de unos 2,5 billones de pesos y mantiene su negativa. Según los gremios, la aplicación permitiría un ajuste salarial cercano al 35 % para docentes y una mejora de las becas.

El conflicto excede el presupuesto universitario. La negativa a ejecutar una ley respaldada por el Congreso y por fallos judiciales revela una forma de gobierno que evita la ruptura institucional abierta, pero debilita progresivamente sus controles. La universidad pública se convirtió así en el principal foco opositor y en el punto de encuentro de sindicatos, jubilados y organizaciones sociales. Su capacidad de movilización es amplia, aunque todavía no se traduce en una alternativa política capaz de modificar el rumbo oficial. De cara a 2027, la disputa definirá no solo cuánto se financia la educación superior, sino qué lugar ocupará el Estado en la sociedad argentina.