Francia afronta este sábado una jornada decisiva para medir la capacidad del Estado de recuperar el control de las calles después de los graves disturbios registrados el 17 de octubre. El Gobierno ha movilizado a 70.000 agentes de la Policía Nacional y la Gendarmería, además de cientos de soldados destinados a patrullar zonas de París, mientras las autoridades han prohibido numerosas manifestaciones y han impuesto restricciones nocturnas en varias ciudades.

El dispositivo responde a la convocatoria de 84 protestas en otras tantas localidades promovida por los «chalecos amarillos» a través de las redes sociales. A este movimiento se han sumado sindicatos de izquierda, estudiantes y otros colectivos sociales, lo que ha elevado la preocupación del Ejecutivo ante la posibilidad de que las movilizaciones adquieran una dimensión más amplia y difícil de contener.

Un despliegue sin precedentes

El primer ministro, Sebastien Lecornu, anunció el miércoles el despliegue de efectivos militares en amplias zonas de París con el objetivo de liberar a policías y gendarmes de determinadas tareas y permitir que se concentren en las operaciones de mantenimiento del orden. La medida constituye una señal excepcional en un país que, pese a la frecuencia de sus protestas sociales, no suele recurrir a una presencia militar tan visible en el espacio urbano.

La magnitud del operativo policial supera ampliamente otros despliegues recientes considerados extraordinarios. Como referencia, el Ministerio del Interior español calificó de «el mayor reto logístico de seguridad en los más de 200 años de historia de la Policía Nacional» el dispositivo de 15.000 agentes organizado durante la visita del papa León XIV a España el pasado verano. La cifra francesa multiplica por más de cuatro ese contingente.

El Gobierno francés ha justificado el refuerzo por los incidentes de la semana anterior. Según el balance difundido sobre la jornada del 17 de octubre, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, asaltos e incendios de edificios públicos en distintos puntos del país, además del saqueo de más de 2.500 establecimientos comerciales solo en París. Más de 2.400 personas fueron detenidas y alrededor de un millar de policías y gendarmes resultaron heridos.

La crisis de previsión que aceleró la respuesta

La reacción oficial está condicionada por el reconocimiento del ministro del Interior, Laurent Núñez, de que las autoridades «han fallado en las previsiones». Núñez llegó a presentar su dimisión, aunque el presidente Emmanuel Macron decidió no aceptarla. La continuidad del ministro refleja la voluntad presidencial de mantener la cadena de mando, pero también deja abierta la discusión sobre la preparación de los servicios de seguridad ante una protesta que las autoridades no habían dimensionado correctamente.

Tras aquellos disturbios, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de máxima prevención. Macron anunció la prohibición de las manifestaciones no sindicales, una medida dirigida principalmente contra las convocatorias de los «chalecos amarillos». En Orleans, donde este fin de semana se celebra un congreso de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, así como en Lyon, Rouen y Le Havre, las autoridades locales han vetado las concentraciones durante toda la jornada.

Durante la semana también se decretaron toques de queda nocturnos en numerosas ciudades. La reducción de los incidentes desde el lunes ha sido interpretada por el Gobierno como una primera señal de que las restricciones pueden estar conteniendo la violencia. Sin embargo, ese descenso no permite anticipar el comportamiento de las protestas diurnas, especialmente ante la expectativa de una movilización coordinada en decenas de localidades.

Entre el derecho de protesta y la seguridad pública

La jornada plantea un dilema político y jurídico que trasciende el operativo policial. Las autoridades sostienen que las prohibiciones y los controles son necesarios para impedir nuevos ataques contra agentes, edificios públicos y comercios. Los convocantes, por su parte, consideran que las restricciones limitan la libertad de manifestación y pueden transformar una protesta social en un enfrentamiento directo con el Estado.

El riesgo no se limita a la presencia de grupos organizados. Las fuerzas de seguridad han advertido de llamamientos a la violencia difundidos en redes sociales, con especial impacto entre los jóvenes que participaron en los episodios más graves de la semana pasada. La rapidez con la que circulan esas convocatorias dificulta la identificación de los responsables y favorece la incorporación espontánea de participantes, un factor que puede hacer imprevisible la evolución de las concentraciones.

Para el Ejecutivo, la prueba principal será demostrar que el control territorial corresponde a las instituciones y no a los grupos capaces de imponer su agenda mediante la intimidación. Para los manifestantes, en cambio, la dimensión del dispositivo puede convertirse en un argumento para denunciar una respuesta desproporcionada y reforzar la movilización. La capacidad de las autoridades para distinguir entre concentraciones pacíficas y acciones violentas será determinante para evitar que la respuesta generalizada agrave la tensión.

Este sábado, por tanto, no solo se medirá el número de detenciones o de incidentes. También quedará en juego la credibilidad del Gobierno francés después de los errores de previsión admitidos por el Ministerio del Interior. Una jornada sin alteraciones graves permitiría a Macron presentar el despliegue como una recuperación efectiva del control; nuevos disturbios, en cambio, reforzarían la percepción de que la crisis supera la capacidad ordinaria de respuesta del Estado.