Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta presidencial de Brasil con el 51,76 % de los votos válidos, frente al 48,24 % obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral, con el 99,77 % de las urnas contabilizadas. El resultado le permitirá iniciar el 1 de enero de 2027 un cuarto periodo en el Palacio de Planalto y confirma que la política brasileña continúa organizada alrededor de una confrontación central: el proyecto social y multilateral del Partido de los Trabajadores frente al movimiento político construido por Jair Bolsonaro y heredado por su hijo.

Una victoria estrecha que no elimina la fractura

La diferencia entre ambos candidatos revela tanto la eficacia de la campaña de Lula como los límites de su victoria. Poco más de tres puntos separaron a dos bloques electorales con visiones opuestas sobre el papel del Estado, la seguridad, el gasto público y la posición internacional de Brasil. El resultado no constituye un mandato amplio para transformar sin resistencia el rumbo del país, sino una autorización política para prolongar una agenda que deberá negociar permanentemente con un Congreso fragmentado y una oposición todavía sólida.

La polarización también condicionará la lectura del triunfo. Lula logró preservar el respaldo de sectores vinculados a sus programas sociales y a su trayectoria sindical, mientras el bolsonarismo mantuvo capacidad para movilizar a una parte importante del electorado. La elección demuestra que el retorno del líder izquierdista no cerró el ciclo iniciado por Jair Bolsonaro: lo convirtió en una disputa de larga duración, ahora trasladada a una nueva generación familiar y política.

Del sindicato a una cuarta oportunidad en el poder

La dimensión histórica de la victoria se entiende al observar el recorrido de Lula. Nacido en Pernambuco en 1945 y trasladado con su familia a São Paulo, comenzó a trabajar en distintos oficios antes de formarse como tornero mecánico. Su ascenso político se produjo en las fábricas de São Bernardo do Campo, donde dirigió el sindicato metalúrgico y se convirtió en una de las figuras más visibles de las huelgas obreras de finales de los años setenta, en plena dictadura militar.

En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores. Después de perder las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998, llegó al poder en 2002 y gobernó durante dos mandatos, entre 2003 y 2010. Su administración combinó crecimiento económico, expansión del consumo y políticas de reducción de la pobreza, con Bolsa Família como una de sus principales referencias. Ese legado explica por qué su figura conserva una conexión electoral profunda, especialmente entre los sectores que identifican las transferencias sociales y la inclusión económica con una mejora concreta de sus condiciones de vida.

Su cuarta llegada a la Presidencia, sin embargo, no representa una repetición de los primeros años. Lula tiene ahora 80 años, enfrenta un escenario internacional más inestable y debe gobernar después de una década de crisis, fuerte antagonismo institucional y deterioro de la confianza entre los principales grupos políticos. La experiencia acumulada es una ventaja, pero también eleva las expectativas sobre su capacidad para entregar resultados rápidamente.

La prisión que no impidió el regreso

La trayectoria de Lula estuvo marcada por una caída judicial que, durante un periodo, pareció terminar con su carrera. Las investigaciones de la operación Lava Jato desembocaron en una condena por corrupción y lavado de dinero en 2017. Un año después ingresó en prisión y permaneció detenido durante 580 días, lo que le impidió competir en las elecciones de 2018.

El Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas en 2021 al considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia para juzgar los casos. En otra decisión, declaró parcial al entonces juez Sergio Moro. Estas resoluciones restituyeron sus derechos políticos y permitieron su regreso electoral, aunque no equivalieron a una absolución de fondo de todas las acusaciones. Esa distinción sigue siendo relevante: la victoria actual se apoya en la legitimidad otorgada por las urnas, pero también reabre una discusión sobre los límites de la justicia, la actuación de los tribunales y la politización de las investigaciones anticorrupción.

En 2022, Lula derrotó por un margen estrecho a Jair Bolsonaro y asumió su tercer mandato el 1 de enero de 2023. Cuatro años después, su nuevo triunfo confirma una capacidad de supervivencia política excepcional. También muestra que su figura funciona para una parte del electorado como una garantía de continuidad social frente a la incertidumbre, mientras para sus adversarios representa el regreso de un modelo estatal que consideran agotado o excesivamente costoso.

El próximo mandato se medirá fuera de las urnas

La campaña de 2026 estuvo dominada por promesas conocidas, pero los desafíos de gobierno serán más concretos. Lula deberá sostener los programas sociales sin perder credibilidad fiscal, responder a las demandas de seguridad y preservar el crecimiento en un entorno internacional menos favorable. Su apuesta por el multilateralismo y la protección ambiental puede reforzar la posición diplomática de Brasil, aunque también exigirá conciliar compromisos externos con presiones internas relacionadas con empleo, inflación y gasto público.

La relación con el Congreso será decisiva. Durante su tercer mandato, las diferencias políticas dificultaron la aplicación de parte de su agenda y obligaron al Ejecutivo a construir acuerdos amplios. El nuevo resultado electoral no elimina esa necesidad; al contrario, la diferencia estrecha entre los candidatos puede fortalecer a la oposición para reclamar espacios de poder y condicionar las decisiones económicas.

Brasil entra así en una etapa en la que la victoria de Lula es apenas el punto de partida. El antiguo obrero metalúrgico ha vuelto a imponerse al campo político de Bolsonaro y prolonga una carrera que incluye derrotas, gobierno, prisión, anulación de condenas y retorno al poder. Su cuarto periodo tendrá que demostrar si esa extraordinaria resistencia personal puede convertirse en una capacidad estable para gobernar un país todavía dividido y responder, más allá de la épica electoral, a las exigencias económicas e institucionales que definirán su legado.