Meta afronta una nueva condena histórica en Estados Unidos por haber engañado presuntamente al público sobre la protección de los datos personales. El juez Francis Mathew, de un tribunal del estado de Nuevo México, ha fijado una sanción de 25.000 millones de dólares en un proceso relacionado con Cambridge Analytica, la consultora británica que obtuvo sin consentimiento información de millones de usuarios de Facebook para fines de publicidad política. La resolución se conoce mientras la compañía encara además una demanda colectiva en Australia que acusa a Facebook e Instagram de exponer a niños y adolescentes a contenido dañino y de fomentar su adicción mediante algoritmos.
La decisión estadounidense establece también que la multa acumulará intereses anuales del 15 % hasta que sea abonada. Mathew había calculado inicialmente una cantidad superior a 219.000 millones de dólares, pero posteriormente redujo el importe a 25.000 millones. La diferencia entre ambas cifras refleja la magnitud económica que el tribunal atribuye al caso, aunque el alcance definitivo de la condena dependerá de su ejecución y de los posibles recursos o procedimientos posteriores.
Un caso que vuelve a poner los datos en el centro
El origen del litigio se encuentra en el escándalo de Cambridge Analytica, que se convirtió en uno de los episodios más graves de la historia de las plataformas digitales. La consultora trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y accedió a datos de usuarios de Facebook sin autorización, según los hechos recogidos en el proceso. Esa información podía utilizarse para diseñar mensajes políticos dirigidos a perfiles concretos, lo que situó a la red social ante una cuestión que excedía la privacidad individual: el posible uso de datos personales para influir en comportamientos electorales.
La relevancia de la condena no se limita a su cuantía. El núcleo del caso es la confianza que la plataforma trasladó a sus usuarios acerca del control y la protección de su información. Si la resolución se mantiene, reforzaría la idea de que las empresas tecnológicas pueden responder no solo por una filtración o un acceso indebido, sino también por la distancia entre sus compromisos públicos y el funcionamiento real de sus sistemas de datos.
Australia examina el impacto de los algoritmos en menores
La presión legal se ha ampliado ahora a Australia. Un juzgado del país ha registrado una demanda colectiva contra Facebook e Instagram, ambas pertenecientes a Meta Platforms. Ocho personas han firmado la denuncia y están representadas por el bufete MinterEllison. Afirman que sufrieron perjuicios cuando eran menores de 18 años y reclaman una compensación por la exposición a contenido perjudicial y por el carácter adictivo de las plataformas.
La demanda sostiene que los algoritmos contribuyeron a mantener a los menores conectados y a dirigirles contenidos potencialmente dañinos. El planteamiento podría convertirse en un precedente relevante si el tribunal atribuye responsabilidad directa a las plataformas por las consecuencias de sus sistemas de recomendación. Hasta ahora, buena parte del debate jurídico se ha centrado en la responsabilidad de los usuarios o de quienes publican el contenido. Este procedimiento desplaza la atención hacia el diseño de los productos, la selección automatizada de publicaciones y la forma en que esas decisiones afectan a un público especialmente vulnerable.
El tribunal australiano ha prohibido divulgar cualquier dato que permita identificar a los demandantes, así como información relativa a sus exigencias. La medida busca proteger a quienes eran menores cuando ocurrieron los hechos y limita, al menos durante esta fase, los detalles disponibles sobre los casos individuales. Por ello, el resultado dependerá de la prueba que se presente sobre las prácticas de la compañía, el funcionamiento de sus algoritmos y la relación entre el uso de las redes y los daños alegados.
Una disputa legal vinculada a nuevas reglas
El procedimiento australiano se registra en un momento de creciente confrontación entre el país y las grandes tecnológicas. Australia ha aprobado una prohibición pionera del uso de redes sociales por menores de 16 años y debate nuevas normas que permitirían a los usuarios desactivar el contenido generado o seleccionado por algoritmos en sus perfiles. Ambas medidas apuntan a un cambio de enfoque: la protección de los menores no dependería únicamente de advertencias o controles familiares, sino también de límites sobre el acceso y sobre la arquitectura de las plataformas.
La causa se suma a otro acuerdo alcanzado por Meta en Estados Unidos el pasado agosto con casi todos los estados del país. La compañía aceptó pagar 18.000 millones de dólares para cerrar un proceso en el que se le acusaba de crear adicción en niños y adolescentes. Aunque ese acuerdo y la demanda australiana tienen marcos jurídicos distintos, ambos comparten una preocupación: si las plataformas han diseñado sus servicios para maximizar el tiempo de uso sin valorar suficientemente los efectos sobre los menores.
Para Meta, la acumulación de litigios abre riesgos financieros y regulatorios, pero también puede afectar a la forma en que se evalúa su responsabilidad empresarial. Las indemnizaciones y multas son cuantificables; los cambios exigidos en los sistemas de recomendación, en la publicidad política y en la verificación de edad pueden transformar el funcionamiento cotidiano de sus servicios. La evolución de estos procesos determinará hasta dónde llega la obligación de las plataformas de anticipar y reducir los daños asociados a la explotación de datos y a la atención de sus usuarios.
