La frase de José Antonio Marina, “el derecho a opinar es respetable, pero no todas las opiniones lo son”, toca un problema que atraviesa la vida cotidiana: cómo decidir qué escuchar, qué compartir y qué discutir en un entorno donde cada persona puede publicar de inmediato. El filósofo español, de 87 años, no plantea retirar a nadie el derecho a expresarse. Su advertencia apunta a otra cuestión, menos cómoda y más importante para cualquier usuario de redes: la libertad de hablar no convierte automáticamente una afirmación en verdadera, razonable o digna de la misma consideración que otra.

La diferencia tiene consecuencias prácticas. En una conversación familiar, un grupo de mensajería, un aula o una red social, las opiniones influyen en decisiones concretas: desde votar o consumir un producto hasta interpretar una noticia de salud, juzgar a una persona o reaccionar ante un conflicto. Cuando todas las afirmaciones reciben el mismo valor solo porque alguien las pronunció, el criterio deja de depender de las pruebas y pasa a depender del volumen, la indignación o la cantidad de veces que una idea se repite.

El problema no es opinar, sino confundir opinión con evidencia

Marina sostiene que debe protegerse el derecho a exponer una opinión sin una “Inquisición”, es decir, sin convertir el desacuerdo en una persecución. Ese principio resulta esencial en una sociedad plural: nadie debería perder su posibilidad de participar en el debate por sostener una postura impopular. Pero la libertad de expresión y la obligación de los demás de respetar intelectualmente lo expresado son asuntos distintos.

Una opinión puede referirse a gustos personales y no necesitar una demostración: preferir una película, un estilo musical o una comida pertenece al terreno de la experiencia individual. El problema aparece cuando una preferencia se presenta como un hecho, o cuando una afirmación sobre otras personas, la salud pública o la vida colectiva se difunde sin datos que la respalden. En esos casos, preguntar “¿cómo lo sabes?” no es una falta de respeto; es una forma elemental de proteger la conversación y las decisiones que pueden derivarse de ella.

La observación del filósofo también ayuda a distinguir entre estar equivocado y actuar de mala fe. Una persona puede sostener una conclusión incorrecta después de revisar información limitada y estar dispuesta a corregirse. Otra puede repetir una acusación racista, injusta o deliberadamente falsa aunque se le presenten pruebas en contrario. Ambas tienen derecho a hablar, pero sus mensajes no tienen por qué recibir el mismo reconocimiento ni ocupar el mismo espacio en una discusión pública.

Por qué esta distinción afecta directamente a quienes usan redes

La experiencia que Marina relata con sus alumnos de posgrado refleja una reacción habitual: ante la pregunta de si todas las opiniones son respetables, muchas personas responden que sí porque asocian cualquier matiz con censura. Las plataformas digitales refuerzan esa confusión. Un mensaje breve, emocional y seguro de sí mismo puede circular mucho más que una explicación cuidadosa, aunque esta última sea más precisa.

Para el usuario común, esto significa que compartir contenido no es un acto neutral. Cada reenvío puede contribuir a instalar una versión de los hechos, legitimar un prejuicio o aumentar la visibilidad de una afirmación que nadie ha comprobado. La responsabilidad no consiste en convertirse en especialista de todos los temas, algo imposible, sino en reconocer cuándo una publicación pretende provocar una reacción rápida y cuándo ofrece razones verificables.

También hay una dimensión social. En los debates digitales, el desacuerdo suele interpretarse como un ataque personal. La consecuencia es que muchas personas dejan de preguntar o de corregir por temor a parecer agresivas, mientras las afirmaciones más tajantes avanzan sin examen. Recuperar el pensamiento crítico no exige responder a cada provocación. A veces consiste en no difundir una publicación, pedir una fuente concreta o admitir que todavía no se cuenta con información suficiente para tomar posición.

Una herramienta sencilla para evaluar lo que escuchamos

El criterio propuesto por Marina puede traducirse en preguntas útiles para la vida diaria. Primero, conviene identificar qué se está afirmando: ¿es un gusto, una interpretación o una afirmación comprobable? Después, hay que observar la motivación del mensaje: ¿busca explicar, vender, persuadir, humillar o generar miedo? El tono no demuestra por sí solo que una idea sea falsa, pero puede revelar que la prioridad está en movilizar emociones antes que en aportar argumentos.

El siguiente paso es revisar la lógica y la coherencia. Una publicación puede incluir datos reales y, aun así, llegar a una conclusión que esos datos no sostienen. También es necesario detectar prejuicios: generalizaciones sobre un grupo, culpabilidades atribuidas sin pruebas o comparaciones que deshumanizan a determinadas personas. Estas señales importan porque una discusión basada en premisas injustas no se vuelve válida por estar expresada con claridad.

Finalmente, hay que considerar la disposición a corregirse. La posibilidad de revisar una postura ante nueva evidencia es una señal de razonamiento, no de debilidad. En cambio, presentar toda crítica como una ofensa y exigir respeto sin explicar las bases de una afirmación bloquea el diálogo. Respetar a una persona implica reconocer sus derechos; respetar una idea exige algo más: que pueda sostenerse mediante razones, hechos y una mínima coherencia.

La conversación pública también depende de decisiones pequeñas

El mensaje de Marina no resuelve por sí solo los conflictos de la esfera digital. Evaluar opiniones puede ser difícil cuando faltan conocimientos, las fuentes se contradicen o existen intereses detrás de la información. Además, el rechazo de una opinión debe evitar convertirse en una excusa para silenciar a minorías o proteger a quienes tienen poder. Por eso el criterio debe aplicarse de manera consistente: pedir argumentos a todos, revisar las pruebas y distinguir entre una idea discutible y un ataque dirigido contra la dignidad de otros.

La relación con esta noticia es, en última instancia, cotidiana. Cada lector participa en la calidad del debate cuando decide qué comparte, cómo responde y qué exigencias aplica a sus propias creencias. Defender la libertad de expresión no obliga a fingir que todas las afirmaciones valen lo mismo. Una sociedad más razonable no es la que elimina el desacuerdo, sino la que aprende a separar el derecho a hablar de la obligación colectiva de examinar lo dicho.