El Ayuntamiento de Naucalpan canceló el Servicio Facultativo de Seguridad, un esquema que permitía a vecinos de colonias residenciales contratar policías municipales para vigilar sus calles. La administración busca destinar a esos agentes a zonas populares, de acuerdo con la información difundida este 12 de octubre de 2026.

El servicio operaba en calles restringidas donde los residentes pagaban por la presencia de policías. La decisión modifica tanto la asignación del personal como la relación entre vigilancia municipal y contratación vecinal: esos agentes dejarán de prestar protección específica en los lugares que financiaban el esquema y pasarán a incorporarse a otras áreas del municipio.

Un cambio en el destino de los agentes

La medida apunta a redistribuir recursos policiales entre sectores con distintas condiciones de acceso a la vigilancia. En las colonias residenciales, parte de la cobertura dependía de un servicio que los propios vecinos podían contratar; en adelante, el municipio pretende orientar a esos elementos hacia zonas populares. El cambio pone en primer plano una pregunta de política pública: cómo repartir un número limitado de policías para atender necesidades de seguridad que no son iguales en todo el territorio.

La información disponible no precisa cuántos agentes participaban en el programa, cuántas colonias recibían el servicio ni qué zonas populares serán las primeras en recibir refuerzos. Tampoco detalla el calendario de transición. Sin esos datos, todavía no es posible medir el alcance operativo de la reasignación ni determinar si la presencia policial aumentará de forma sostenida en los sectores señalados.

La cobertura dependerá de la implementación

Cancelar el esquema puede reducir la diferencia entre las calles que podían contratar vigilancia adicional y aquellas que dependían únicamente de la distribución ordinaria de la policía municipal. Sin embargo, el efecto no será automático: dependerá de que los agentes sean efectivamente trasladados, de la frecuencia de sus patrullajes y de que la reasignación responda a necesidades identificadas en cada zona.

Para los residentes que utilizaban el servicio, la cancelación significa perder una modalidad específica de vigilancia municipal contratada por vecinos. El reporte no indica si el Ayuntamiento prevé alternativas, mecanismos de transición o medidas para atender las inquietudes de esas comunidades. Para las zonas populares, en cambio, el beneficio anunciado tendrá que comprobarse en la presencia cotidiana de policías y en la continuidad del despliegue, no solo en el cambio administrativo.

La rendición de cuentas, el siguiente paso

La redistribución abre una oportunidad para transparentar con criterios públicos dónde se asigna el personal y por qué. Informar el número de policías trasladados, las áreas receptoras y los resultados observados permitiría evaluar si la decisión amplía la cobertura sin dejar vacíos en otros puntos. También ayudaría a distinguir entre una reasignación efectiva de recursos y un cambio formal sin mejoras verificables en la atención a la población.

Por ahora, el anuncio define la dirección del ajuste —de colonias residenciales hacia zonas populares—, pero no ofrece cifras ni indicadores para anticipar su impacto. La evaluación dependerá de la ejecución municipal y de que los beneficios de la nueva distribución puedan observarse en el servicio policial cotidiano.