Una semana después del terremoto de magnitud 7,5 ocurrido el 9 de octubre, el Gobierno de Panamá reportó 15.139 personas y 4.485 familias afectadas. Las labores de recuperación continúan, con miles de damnificados todavía alojados en refugios y evaluaciones abiertas en viviendas, centros de salud, escuelas y vías de comunicación.

El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que 3.696 personas permanecen en 46 albergues. La provincia de Veraguas concentra a 2.569 de ellas, una señal de que la atención inmediata sigue teniendo una fuerte dimensión territorial: además de distribuir ayuda, las autoridades deben sostener servicios y alojamiento allí donde se acumulan las necesidades.

La asistencia inmediata y el desafío de la vivienda

La respuesta ha incluido la entrega de 19.500 bolsas de alimentos y más de 600.000 litros de agua. También fueron evacuadas 415 personas por vía aérea y marítima. Estas operaciones cubren necesidades urgentes, pero el volumen de personas afectadas muestra que la recuperación no dependerá únicamente de los suministros: también requerirá alojamiento estable, acceso a servicios básicos y apoyo para que las familias retomen sus actividades.

El Gobierno evalúa más de 2.300 viviendas dañadas y comenzó a habilitar las primeras 300 soluciones habitacionales. El plan contempla construir casas, reparar inmuebles y entregar materiales. La combinación permite atender distintos niveles de afectación, aunque las cifras disponibles no detallan cuántas viviendas podrán repararse ni cuánto tiempo tomará completar las intervenciones. Esa evaluación será decisiva para distinguir entre necesidades temporales y hogares que precisan una solución duradera.

Servicios esenciales, entre reparaciones y retorno gradual

En salud, seis instalaciones deberán reconstruirse: cinco centros de salud y el Hospital de Tonosí. Cuatro hospitales ya retomaron parcialmente sus operaciones, mientras prosiguen las inspecciones y reparaciones en otras unidades. La reapertura parcial recupera capacidad de atención, pero la reconstrucción pendiente mantiene la presión sobre una red que también debe responder a las necesidades habituales de la población.

El Ministerio de Educación inspeccionó 500 centros escolares para establecer si reúnen condiciones de seguridad para el regreso progresivo a las clases presenciales. La revisión vincula la recuperación educativa con la seguridad de los edificios: reanudar actividades sin completar las inspecciones podría exponer a estudiantes y trabajadores, mientras que prolongar la interrupción afecta la rutina de las comunidades.

Conectividad y cooperación en las tareas de recuperación

Las autoridades trabajan en rehabilitar carreteras y puentes afectados, con rutas habilitadas para facilitar el traslado de ayuda hacia las comunidades damnificadas. Mantener esos corredores operativos es parte central de la respuesta: permite llevar suministros, movilizar equipos y conectar a la población con servicios que quizá continúan limitados en su localidad.

Más de 19.000 efectivos de seguridad y emergencia participan en las operaciones de evaluación, asistencia social y apoyo logístico. El Ministerio de Desarrollo Social también reportó miles de atenciones de trabajo social y apoyo psicológico. Icaza agradeció la cooperación de Estados Unidos, que envió suministros para unas 12.000 personas, equipos y personal especializado, y de Venezuela, que aportó 40 toneladas de medicamentos e insumos médicos.

El balance refleja una emergencia que avanza desde el socorro hacia una recuperación de varias capas. Las cifras de alimentos, agua, evacuaciones y personal describen la escala de la movilización; las viviendas por reparar, las instalaciones sanitarias por reconstruir y las escuelas aún bajo inspección muestran dónde persiste el trabajo. El Gobierno plantea que la respuesta debe ayudar a las familias no solo a recuperar sus hogares, sino también a restablecer su vida cotidiana.