Brasil celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un escenario de máxima incertidumbre. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro llegan prácticamente igualados en los sondeos, después de una primera ronda en la que el candidato de la derecha se impuso y obligó al mandatario a buscar una remontada.
La encuesta de Datafolha publicada el jueves atribuye el 50% de los votos a cada aspirante, mientras que el estudio de Quaest sitúa a Bolsonaro en el 45% y a Lula en el 44%. Aunque las diferencias se encuentran dentro de los márgenes habituales de error, ambos trabajos coinciden en dibujar una contienda abierta, con un electorado fuertemente polarizado y un número de indecisos capaz de alterar el resultado final.
La campaña ha estado marcada también por el elevado rechazo que generan los dos candidatos. Quaest registra una reducción de cinco puntos en la desaprobación de Lula, hasta el 47%, pero el nivel continúa siendo elevado. La resistencia hacia ambos bloques refleja una elección en la que una parte importante del voto puede responder menos a la adhesión programática que al rechazo al adversario.

Dos propuestas para un país dividido
Lula ha presentado su candidatura como la opción vinculada a la protección social y a una presencia activa del Estado en la economía. Bolsa Familia, una de las políticas emblemáticas de sus anteriores mandatos para combatir la pobreza, ocupa un lugar central en el relato del Partido de los Trabajadores. El presidente trata de movilizar a los sectores de menores ingresos y a los votantes que identifican al Estado como una herramienta de reducción de las desigualdades.
Sin embargo, su campaña afronta varios obstáculos. El desgaste acumulado durante el mandato, las dificultades para contener el impacto de la inflación y la pérdida de apoyo en bastiones tradicionales del nordeste han reducido el margen de seguridad con el que la izquierda esperaba afrontar la segunda ronda. A ello se suma la falta de un relevo generacional claro, una debilidad que limita la capacidad del oficialismo para renovar su base política.
Flávio Bolsonaro plantea una reducción del gasto público y de la intervención estatal mediante privatizaciones, rebajas fiscales y recortes administrativos. Su programa incorpora además una mayor explotación de los recursos naturales y una política de seguridad inspirada en el modelo de Nayib Bukele, con penas más severas y una reducción de la edad penal. La propuesta busca atraer a quienes consideran insuficiente la respuesta de las instituciones frente a la delincuencia, aunque también plantea un debate sobre el alcance de las medidas punitivas y sus efectos sobre las garantías legales.
El Congreso será el primer límite del próximo presidente
El resultado de la elección no determinará por sí solo la capacidad de gobierno. El próximo presidente deberá negociar con un Congreso más inclinado a la derecha, en el que el llamado centrão conservará un papel decisivo. Este bloque informal de partidos conservadores suele condicionar la formación de mayorías y puede exigir concesiones presupuestarias, administrativas o legislativas a cambio de respaldo.
Para Lula, una eventual victoria exigiría recomponer alianzas y defender sus políticas sociales en un Parlamento menos favorable. Para Bolsonaro, convertir su programa en leyes requeriría superar la dependencia de acuerdos con fuerzas que no necesariamente comparten todas sus prioridades. La gobernabilidad dependerá, por tanto, tanto del margen electoral obtenido como de la capacidad de cada vencedor para construir una coalición parlamentaria estable.
La disputa por el legado de Jair Bolsonaro
La elección también tiene una dimensión directamente relacionada con el futuro judicial de Jair Bolsonaro. El expresidente fue condenado a más de 27 años de prisión por su papel en la tentativa golpista posterior a su derrota electoral de 2022 y permanece bajo arresto domiciliario por motivos de salud. Su hijo ha convertido la defensa de su legado en uno de los ejes de su candidatura.
Una victoria de Flávio podría abrir nuevas vías políticas para favorecer la excarcelación del antiguo mandatario. Entre las opciones planteadas figuran una ley de amnistía o un indulto, aunque cualquier medida dependería del marco jurídico aplicable y de las decisiones de las instituciones competentes. La cuestión amenaza con prolongar la confrontación entre el nuevo Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial más allá de la jornada electoral.
La disputa ya ha alcanzado al Tribunal Superior Electoral. Lula pidió la nulidad de la candidatura de Bolsonaro por un supuesto trato de favor de Meta hacia contenidos vinculados a su rival. La denuncia añade un frente institucional a una campaña que ha superado el terreno estrictamente programático y en la que la legitimidad del proceso, la regulación de las plataformas digitales y los límites de la competencia electoral se han convertido en asuntos centrales.
Con los sondeos prácticamente empatados, la participación de los indecisos y la capacidad de cada candidatura para movilizar a sus votantes serán determinantes. El resultado definirá no solo la orientación económica y social de Brasil, sino también el equilibrio entre el Ejecutivo, un Congreso conservador y unas instituciones judiciales sometidas a una presión política excepcional.