El Premio Nobel de la Paz concedido a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay ha quedado envuelto en una controversia que excede las críticas de Donald Trump y del Gobierno israelí. Organizaciones de derechos humanos y antiguos funcionarios de Naciones Unidas cuestionan su actuación frente a los abusos de regímenes como los de Cuba y China, así como su imparcialidad en la investigación sobre Gaza. El caso vuelve a poner en el centro del debate la coherencia con la que el Comité Nobel evalúa a quienes han ocupado posiciones de máxima autoridad internacional.

La acusación más grave procede de Emma Reilly, antigua funcionaria de la ONU, quien sostiene que la oficina dirigida por Pillay entre 2008 y 2014 proporcionó a Pekín los nombres de activistas que asistirían a sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Según su testimonio, más de 50 disidentes fueron identificados y algunos de sus familiares sufrieron intimidaciones, detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones. Reilly calificó a Pillay de “cómplice del genocidio uigur” y describió la concesión del premio como “una absoluta vergüenza”.

La denuncia sobre China

Reilly presentó en abril de 2024 documentación ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico sobre los presuntos favores de Naciones Unidas a las autoridades chinas, incluidos casos relacionados con activistas británicos. La ONU ha rechazado que sus procedimientos pusieran en peligro a defensores de derechos humanos y afirma que desde 2015 dejó de confirmar determinadas identidades a Pekín. Reilly, sin embargo, cuestiona tanto esa explicación como la respuesta institucional a las advertencias formuladas durante los años anteriores.

El episodio adquiere una dimensión simbólica por la relación de Pillay con el Nobel concedido en 2010 al disidente chino Liu Xiaobo. Pillay no acudió a la ceremonia, celebrada mientras Liu permanecía encarcelado por el régimen comunista. Organizaciones de derechos humanos interpretaron entonces su ausencia como una concesión a la presión de Pekín. “En 2010, el Comité Nobel homenajeó a Liu Xiaobo por enfrentarse a la dictadura china. Pillay se negó a asistir a su ceremonia. Ahora el Comité le concede el mismo premio”, señaló Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch.

Los vínculos con La Habana

Las críticas de UN Watch también se apoyan en la trayectoria de Pillay respecto a Cuba. En julio de 2008, La Habana respaldó su designación como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en representación del Movimiento de Países No Alineados. Dos años después, mientras la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo provocaba condenas internacionales, Pillay apareció sonriente en Ginebra junto al canciller cubano Bruno Rodríguez.

Ambos volvieron a encontrarse en La Habana el 26 de abril de 2019, durante una visita de Pillay como presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. La jurista agradeció la hospitalidad del Gobierno cubano y su disposición a escuchar recomendaciones para abolir la pena capital. No obstante, el Código Penal aprobado en 2022 mantuvo esa sanción y amplió de 20 a 24 las figuras delictivas que pueden ser castigadas con ella. Para sus críticos, la cordialidad diplomática no estuvo acompañada de una presión pública proporcional a la gravedad de la situación.

Un estudio de UN Watch publicado en 2011 contabilizó las declaraciones públicas de Pillay durante sus dos primeros años como alta comisionada. Según ese análisis, no se pronunció sobre violaciones de derechos humanos en 34 países considerados “no libres” por Freedom House, entre ellos Cuba, Corea del Norte, Arabia Saudí, Sudán y Eritrea. En cambio, registró 21 pronunciamientos sobre Oriente Medio y el norte de África, nueve de ellos centrados en Israel. La organización interpreta esa diferencia como una aplicación selectiva de los principios que Pillay debía defender.

La disputa por Gaza

La elección también ha sido cuestionada por organizaciones judías internacionales. El Congreso Judío Mundial, el Centro Simon Wiesenthal y B’nai B’rith International pusieron en duda la imparcialidad de Pillay al frente de la comisión de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados. Hamás, en cambio, celebró el Nobel y lo calificó de “paso importante hacia la justicia internacional”, en referencia al informe de la comisión presidida por Pillay que describió como “genocidio” la actuación de Israel en Gaza tras la masacre del 7 de octubre de 2023.

Ese respaldo de Hamás no prueba por sí solo la validez o invalidez de las conclusiones de la comisión, pero sí añade una carga política a un premio que pretende presentarse como universal. La cuestión central no es únicamente quién apoya a Pillay, sino si sus investigaciones aplican criterios consistentes a gobiernos, grupos armados y aliados internacionales con independencia de sus posiciones geopolíticas.

Un reconocimiento bajo presión

Las objeciones no son completamente nuevas. En agosto de 2022, la asociación alemana responsable de la Medalla de la Paz Otto Hahn canceló una ceremonia destinada a homenajear a Pillay mientras examinaba las acusaciones formuladas contra ella. Tras el anuncio del Nobel, Trump atacó al Comité Nobel durante un mitin en Nueva York y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el jurado había perdido su “brújula moral”. Ese mismo día, Washington impuso nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional, institución en la que Pillay fue jueza, aunque esas medidas forman parte de una disputa previa entre Estados Unidos y el tribunal.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, defendió el reconocimiento, al igual que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien elogió a Pillay por dedicar su vida a “perseguir la impunidad y defender a los débiles frente a los poderosos”. La reacción de Sánchez contrastó con su negativa a felicitar en 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado. Entonces afirmó que no se pronunciaba sobre los premios Nobel, pese a haber felicitado anteriormente a otros galardonados. La controversia, por tanto, no se limita al historial de Pillay: también expone cómo los gobiernos seleccionan los reconocimientos internacionales que consideran políticamente convenientes.