Francia desplegará alrededor de 70.000 agentes este sábado 24 de octubre para hacer frente a nuevas protestas, después de los saqueos y actos vandálicos registrados una semana antes. El Gobierno ha reforzado la vigilancia en las principales ciudades y ha ordenado prestar una atención especial a París, donde numerosos comercios han blindado sus escaparates y varios de los museos más importantes permanecerán cerrados.

Un dispositivo policial ampliado tras los disturbios

El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó el viernes que la amenaza continúa siendo “elevada” y atribuyó parte del riesgo a grupos de ultraizquierda y a delincuentes que aprovechan la concentración de personas para cometer saqueos y provocar destrozos. Durante una visita a Limoges, cuyo ayuntamiento quedó parcialmente calcinado el pasado 17 de octubre, el jefe del Ejecutivo sostuvo que las autoridades han extraído lecciones de los incidentes y modificarán la respuesta policial cuando sea necesario.

Lecornu insistió, al mismo tiempo, en la necesidad de diferenciar entre quienes ejercen pacíficamente su derecho de manifestación y quienes participan en actos violentos. Esa distinción es central para la estrategia oficial: el Gobierno busca contener los riesgos de destrucción sin presentar toda protesta como una amenaza para la seguridad pública. La gestión de ese equilibrio será uno de los principales desafíos de la jornada.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció controles en estaciones de metro, calles y avenidas para localizar materiales que puedan utilizarse como proyectiles o para causar daños. Los militares de la operación Sentinelle apoyarán la protección de edificios e instituciones públicas, liberando previsiblemente a efectivos policiales para tareas de control del orden público y vigilancia de las concentraciones.

Prefectos y alcaldes decidirán sobre los recorridos

El Gobierno ha pedido a los prefectos que evalúen los riesgos locales y coordinen los recorridos con los alcaldes. Las autoridades podrán modificar los itinerarios previstos o prohibir concentraciones en las zonas donde consideren elevado el peligro de saqueos o destrucción. La medida otorga un margen amplio a la administración territorial, pero también puede abrir un nuevo frente de controversia si los organizadores consideran que las restricciones limitan de forma desproporcionada la libertad de manifestación.

La decisión de adaptar una marcha o impedirla dependerá de factores como la localización de comercios vulnerables, la capacidad de desplegar agentes, los antecedentes de violencia y la proximidad de edificios públicos. El dispositivo no se limita, por tanto, al momento de la protesta: incluye la prevención en estaciones, los accesos a los centros urbanos y la protección de puntos considerados estratégicos.

Escaparates cubiertos y cierres anticipados en París

En los barrios de Les Halles y el Marais, muchos comerciantes han cubierto los escaparates con paneles de madera, reforzado las persianas y retirado mercancías de valor. Algunas tiendas y restaurantes adelantarán el cierre, mientras que otros establecimientos han decidido no abrir. Las medidas reflejan una evaluación empresarial basada en los daños de la semana anterior y en la dificultad de proteger locales situados en calles comerciales densas.

La Prefectura de Policía ha recomendado ajustar los horarios, asegurar los establecimientos y retirar de las terrazas el mobiliario y cualquier objeto que pueda emplearse como proyectil. Además de reducir los daños materiales, estas precauciones pretenden evitar que las terrazas y los escaparates se conviertan en puntos de abastecimiento improvisado para quienes busquen prolongar los enfrentamientos.

El impacto económico inmediato puede concentrarse en los negocios que dependen del tráfico peatonal del fin de semana, pero la incertidumbre también afecta a empleados, proveedores y actividades culturales. Cada cierre preventivo limita las ventas de una jornada y transmite a residentes y visitantes la percepción de que determinadas zonas del centro permanecen expuestas a nuevos episodios de violencia.

El sector cultural también reduce su actividad

La presión de seguridad alcanza a los grandes espacios culturales de la capital. El Louvre, el museo de Orsay, la Orangerie, el museo Picasso y el Grand Palais permanecerán cerrados este sábado. Art Basel Paris, cuya clausura estaba prevista para el domingo, adelantó su finalización al viernes por la tarde.

La suspensión de estas actividades muestra que las consecuencias de los disturbios no se limitan a los puntos donde se convocan las protestas. Los museos y ferias deben valorar tanto la seguridad de sus visitantes y trabajadores como la posibilidad de que los accesos queden bloqueados o de que sus edificios se encuentren cerca de zonas afectadas. En París, donde el turismo y la actividad cultural tienen un peso decisivo, las decisiones preventivas adquieren además una dimensión económica y reputacional.

Un ataque que eleva la tensión política

La jornada estará marcada también por el ataque registrado el viernes en Trappes y La Verrière, en las afueras de París. Los disparos causaron un muerto y cinco heridos. La Fiscalía Antiterrorista investiga el caso como una acción terrorista de carácter racista y ha señalado indicios de premeditación. El sospechoso fue detenido poco después y los investigadores localizaron en su domicilio un artefacto explosivo casero.

Entre los heridos figura una niña de doce años en estado crítico. El presidente Emmanuel Macron visitó el lugar y expresó su respaldo a la población de origen inmigrante. La investigación sobre el ataque y la respuesta a las protestas avanzan en paralelo, aunque ambos episodios aumentan la presión sobre el Ejecutivo en materia de seguridad, prevención de la violencia racista y protección de las comunidades vulnerables.

El reto para las autoridades consiste en impedir nuevos saqueos sin agravar la confrontación política ni restringir de forma generalizada el derecho a manifestarse. La eficacia del dispositivo se medirá no solo por el número de incidentes evitados, sino también por la capacidad de mantener abiertos los servicios esenciales, proteger a los comercios y garantizar que las medidas excepcionales estén vinculadas a riesgos concretos y evaluables.