La discusión sobre el superávit municipal dejó de ser un asunto estrictamente contable para convertirse en una de las principales apuestas de Guantánamo frente a sus dificultades económicas. En las sesiones del Consejo provincial se examina cómo lograr que los municipios produzcan más, administren mejor sus recursos y reduzcan la dependencia del presupuesto estatal. El objetivo es que los ingresos superen a los gastos de manera sostenida, pero también que ese resultado se traduzca en servicios, empleos y mejores condiciones de vida para la población.

Un resultado concentrado en un solo territorio

En la actualidad, únicamente el municipio de Guantánamo alcanza la condición de superavitario dentro de la provincia. El resto permanece lejos de esa meta, incluso Baracoa, que dispone de una infraestructura industrial relevante y de recursos naturales capaces de respaldar una estrategia de desarrollo local. La diferencia entre las potencialidades existentes y los resultados económicos obtenidos constituye uno de los principales problemas que deben resolver las administraciones municipales.

Durante décadas, los territorios han funcionado con una elevada dependencia de las transferencias estatales. Esa relación permitió sostener actividades esenciales, pero también consolidó una dinámica en la que se gasta más de lo que se produce. El desafío actual consiste en modificar esa lógica sin debilitar las funciones sociales del Estado. Para ello, la autonomía económica no puede entenderse como abandono de las responsabilidades públicas, sino como una gestión capaz de generar mayores ingresos y utilizarlos con mayor eficacia.

Más producción antes que más recaudación

El aumento de los ingresos municipales dependerá, en primer lugar, de que crezcan las producciones físicas y se cumpla el plan de circulación mercantil. No basta con elevar la recaudación mediante impuestos si la economía local no amplía la oferta de bienes y servicios. Una mayor actividad productiva permite sostener el consumo, fortalecer el empleo y ampliar de forma más estable la base tributaria.

En ese proceso resulta decisiva la articulación entre el sector estatal y el no estatal. Ambos deben participar en las actividades comerciales y cumplir con su encargo social, bajo reglas claras y con controles efectivos. También se requieren encadenamientos productivos que conecten a productores, empresas, comercializadores y prestadores de servicios. Cuando esos vínculos no existen, se multiplican las compras externas, se encarecen los costos y una parte importante del valor generado termina fuera del territorio.

La eficacia empresarial constituye otro punto crítico. Varias entidades provinciales y municipales han pasado o pasarán a una gestión más vinculada con los territorios, pero esa reorganización solo tendrá resultados si las empresas consiguen producir, vender y controlar sus gastos. En Guantánamo, 13 entidades reportan pérdidas económicas, una señal de que el cambio administrativo no puede sustituir la evaluación rigurosa de sus modelos de negocio, mercados, costos y responsabilidades directivas.

Recursos disponibles que no llegan al desarrollo

El estado de las finanzas municipales también revela problemas de ejecución. Al cierre de septiembre, los municipios guantanameros acumulaban 37 millones de pesos del presupuesto sin utilizar. El dato no significa automáticamente que todos esos fondos puedan convertirse en inversiones, pero sí evidencia dificultades para planificar, contratar, ejecutar proyectos y dar seguimiento a los recursos aprobados.

La contribución territorial debe recuperar su función como instrumento de desarrollo. Para ello, los fondos recaudados necesitan vincularse con prioridades visibles para la población, como la reparación de infraestructuras, la prestación de servicios y el respaldo a actividades productivas. La confianza ciudadana aumenta cuando se conoce cuánto se recauda, en qué se utiliza y qué resultados produce. Sin esa relación entre aporte y beneficio, la contribución corre el riesgo de percibirse solo como una obligación fiscal.

Existe igualmente margen para mejorar los tributos sobre ingresos y los aportes del sector no estatal. Persisten actividades que no se cobran o negocios que no tributan en correspondencia con sus ganancias. El propósito no debe ser aplicar una presión indiscriminada que desestimule la iniciativa, sino asegurar equidad: quienes obtienen mayores ingresos deben contribuir de manera proporcional al sostenimiento de los servicios y al desarrollo del territorio.

Ordenar el gasto para liberar capacidades

La búsqueda del superávit no puede descansar exclusivamente en elevar los ingresos. También exige revisar el gasto presupuestado y social, eliminar ineficiencias y priorizar aquello que tenga impacto económico o social comprobable. Gastar menos no equivale a reducir servicios esenciales; implica evitar duplicidades, compras innecesarias, demoras y decisiones que consumen recursos sin generar resultados.

Las cuentas por cobrar y por pagar, así como el cobro de multas, forman parte de esa agenda. La provincia inició octubre con cerca de 34 millones de pesos pendientes de recaudar por estos conceptos. Recuperar ese dinero exige identificar responsables, establecer plazos y mantener un control sistemático. Cuando las deudas se acumulan sin gestión, se deteriora la liquidez de las entidades y se limita la capacidad de financiar nuevas operaciones.

La gestión local necesita otra cultura de decisión

Los indicadores financieros solo cambiarán si también se transforman los métodos de trabajo de quienes dirigen y toman decisiones. Tener conocimiento económico significa interpretar los datos, anticipar riesgos y relacionar cada gasto con una meta concreta. Significa, además, abandonar la idea de que el presupuesto es una asignación que debe consumirse y asumirlo como una herramienta para producir bienestar y capacidades futuras.

La participación popular debe acompañar ese proceso. El debate con la población puede ayudar a identificar prioridades reales, detectar incumplimientos y ejercer control sobre las transformaciones económicas. La transparencia no resuelve por sí sola los problemas productivos, pero reduce espacios para la ineficiencia y permite corregir con mayor rapidez.

Para Guantánamo, alcanzar municipios superavitarios será una tarea gradual, desigual y sometida a riesgos. Las potencialidades naturales o industriales no garantizan resultados si no existen organización, mercados, inversión y dirección competente. La meta será viable cuando el superávit deje de medirse únicamente como diferencia positiva entre ingresos y gastos y pase a reflejar una economía local capaz de producir, reinvertir y responder mejor a las necesidades de sus comunidades.