La Proposición 40 de California, que plantea un gravamen extraordinario del 5 % sobre el patrimonio de los residentes con fortunas superiores a 1.000 millones de dólares, podría recaudar mucho menos de lo previsto y terminar provocando pérdidas fiscales para el Estado. Un estudio del economista de Stanford Joshua Rauh calcula que la recaudación efectiva rondaría los 30.000 millones de dólares, frente a los cerca de 100.000 millones estimados por los promotores, y que la salida de grandes contribuyentes podría eliminar ingresos futuros por unos 39.000 millones.

La iniciativa, impulsada principalmente por el sindicato sanitario United Healthcare Workers West, se aplicaría una sola vez a quienes fueran residentes de California el 1 de enero de 2026. El 90 % de los fondos se destinaría a la sanidad pública y el resto a educación, asistencia alimentaria y costes administrativos. Sobre el papel, el mecanismo concentra el esfuerzo en aproximadamente doscientos contribuyentes ultrarricos y distribuye sus posibles beneficios entre casi cuarenta millones de habitantes.

El cálculo que cambia al incorporar la movilidad

La diferencia entre ambas previsiones no responde únicamente a una disputa contable. Emmanuel Saez, catedrático de la Universidad de California en Berkeley y especialista en desigualdad, parte de un patrimonio conjunto de alrededor de 2,3 billones de dólares entre los milmillonarios californianos. La aplicación de un 5 % produciría, según esa hipótesis, casi 100.000 millones de dólares, equivalentes a unos 2.500 dólares por habitante.

Rauh introduce en el cálculo las decisiones que los contribuyentes pueden adoptar antes y después de la entrada en vigor: trasladar su residencia, modificar la estructura de sus inversiones, impugnar la norma o reducir la actividad económica vinculada al Estado. Con esas respuestas, la base imponible deja de ser una cifra fija. El resultado estimado cae a menos de un tercio de la recaudación inicial.

El efecto decisivo, sin embargo, estaría en los ingresos ordinarios que California obtiene cada año de esos mismos contribuyentes. El 2 % de los residentes con mayores ingresos aporta aproximadamente la mitad del impuesto estatal sobre la renta. Si una parte de ese grupo abandona California, el Estado no solo dejaría de ingresar el nuevo gravamen, sino también miles de millones en impuestos recurrentes. Esa pérdida acumulada explica el saldo negativo calculado por Rauh.

Una tendencia previa que el referéndum puede acelerar

La reacción de algunos grandes patrimonios ya ofrece una primera señal. Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google; Peter Thiel; Travis Kalanick, fundador de Uber; y otros empresarios han anunciado o estructurado su salida de California. Florida, Nevada y Texas compiten por atraerlos mediante menores cargas fiscales y un entorno regulatorio distinto. Elon Musk trasladó Tesla a Texas y Larry Ellison redujo también sus vínculos con California.

La Proposición 40 no ha creado por sí sola esta migración. El elevado coste de la vivienda, la regulación, los impuestos y la pérdida de atractivo empresarial ya alimentaban el desplazamiento de personas y compañías. Pero un impuesto patrimonial retroactivo puede acelerar la decisión de quienes tienen más capacidad para reorganizar su residencia y sus activos. En esa competencia, California parte con una desventaja: su modelo de servicios públicos depende de una base fiscal muy concentrada y especialmente móvil.

El gobernador Gavin Newsom se opone a la propuesta, una posición significativa porque dificulta presentarla como una simple batalla entre los servicios públicos y los ricos. Su rechazo refleja el riesgo de sustituir ingresos estables por una recaudación excepcional, incierta y jurídicamente vulnerable. Las impugnaciones también podrían prolongar el cobro y elevar los costes administrativos.

Patrimonio no significa dinero disponible

El diseño del impuesto plantea además un problema de liquidez. La fortuna de un empresario tecnológico suele estar formada por acciones de la compañía que fundó, no por efectivo depositado en una cuenta. El valor de esa participación puede aumentar en 10.000 millones de dólares en un año sin que el propietario haya recibido esa cantidad en ingresos líquidos.

Para pagar un gravamen del 5 %, el accionista podría verse obligado a vender títulos, endeudarse o reducir su participación en la empresa. Cuando esa participación garantiza el control corporativo, una decisión fiscal puede afectar a la dirección y a la propiedad de compañías estratégicas. La cuestión no es si un milmillonario tiene capacidad económica para contribuir más, sino qué conducta induce el impuesto y qué consecuencias produce esa conducta fuera de la declaración tributaria.

La experiencia de otros impuestos temporales

La promesa de que el gravamen se cobraría «una sola vez» tampoco elimina la incertidumbre. California aprobó en 2012 una subida temporal de impuestos sobre las rentas altas y la prorrogó en 2016. Esa secuencia ha convertido la temporalidad en un factor político relevante: los contribuyentes valoran no solo el coste inicial, sino la posibilidad de que una medida extraordinaria se transforme en una fuente permanente de financiación.

La experiencia española aporta otro precedente. Tras la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, Madrid mantuvo una bonificación efectiva del 100 %, mientras otras comunidades lo cobraban. Un estudio publicado en el American Economic Journal concluyó que los grandes patrimonios respondieron a esas diferencias trasladando su residencia. Las pérdidas de IRPF asociadas a esa movilidad fueron seis veces superiores a la pérdida directa de recaudación del impuesto patrimonial.

Ese resultado cuestiona la idea de que elevar un impuesto sobre una minoría produce automáticamente más recursos para el conjunto. Los contribuyentes modifican sus inversiones, el momento de realizar plusvalías, sus deducciones, su remuneración y, cuando tienen margen, su domicilio. Una política fiscal puede recaudar más por unidad de contribuyente y, al mismo tiempo, reducir el número de contribuyentes y la actividad que genera ingresos futuros.

El riesgo para el próximo empresario

La discusión también afecta a la capacidad de California para seguir atrayendo capital y talento. Silicon Valley se desarrolló por la concentración de universidades, científicos, inversores, emprendedores y empresas dispuestas a asumir fracasos. Sus grandes fortunas proceden de compañías que crearon empleo y valor a escala global, aunque esa circunstancia no impida debatir cuánto deben contribuir sus fundadores.

El riesgo económico más difícil de medir es el mensaje dirigido a quienes todavía no han construido su patrimonio. Si un emprendedor interpreta que el Estado reclamará una parte significativa del valor de su empresa antes de que exista liquidez, puede incorporar esa expectativa a sus decisiones desde el principio. La pérdida no sería inmediata ni aparecería en una sola partida presupuestaria: se manifestaría en empresas que se crean en otro lugar, inversiones que no llegan y residentes que eligen otro domicilio fiscal.

California puede obtener un rédito político al presentar la Proposición 40 como una forma de financiar mejores servicios públicos con el dinero de una minoría. Pero su viabilidad dependerá de algo menos visible que el atractivo de la consigna: que los contribuyentes permanezcan, que la riqueza sea liquidable y que la recaudación futura no se deteriore. El debate no enfrenta únicamente a ricos y trabajadores; enfrenta una promesa inmediata de ingresos con la capacidad de conservar la base económica que los genera.