La presencia de ciudadanos dominicanos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha generado una conclusión repetida con demasiada rapidez: que todos quienes combaten en las filas rusas son mercenarios. Esa afirmación, sin embargo, no puede sostenerse únicamente en la nacionalidad, en el pago recibido o en el hecho de participar en una guerra. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, la calificación exige demostrar varios requisitos al mismo tiempo y valorar de manera individual las circunstancias de cada persona.

Una palabra que exige pruebas, no impresiones

El término “mercenario” no describe de forma general a cualquier extranjero que interviene en un conflicto armado. Constituye una categoría jurídica excepcional, cuya aplicación depende de condiciones específicas previstas en el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949. Por eso, utilizarla como etiqueta periodística o como descalificación automática puede deformar la realidad y producir consecuencias graves para personas cuya situación todavía no ha sido esclarecida.

Las informaciones difundidas hasta ahora apuntan a escenarios diversos. Algunos dominicanos habrían viajado a Rusia después de recibir ofertas laborales relacionadas con labores de seguridad u otras actividades remuneradas. Según varios reportes, posteriormente fueron colocados en circunstancias distintas de las que les habían sido presentadas. Si esos hechos se confirman, el posible engaño durante el reclutamiento sería un elemento central para examinar su situación, porque podría contradecir la idea de que fueron captados específicamente con el propósito de combatir.

Qué debe demostrarse para aplicar la categoría

El artículo 47 establece una lista de requisitos acumulativos. Entre ellos figuran que la persona haya sido especialmente reclutada para combatir; que participe directamente en las hostilidades; que actúe esencialmente con el deseo de obtener un beneficio privado y que reciba una compensación material sustancialmente superior a la prometida o pagada a combatientes de rango y función semejantes. También debe ser nacional de un Estado que no sea parte en el conflicto, no tener residencia habitual en el territorio controlado por una de las partes, no formar parte de sus fuerzas armadas y no haber sido enviada oficialmente por otro Estado en misión militar.

La importancia de que los requisitos sean acumulativos es decisiva. No basta con probar uno, dos o incluso varios de ellos. La ausencia de un solo elemento impide, en principio, atribuir jurídicamente la condición de mercenario. De ahí que la remuneración económica, por sí misma, no resuelva el asunto: los soldados regulares también reciben salarios, bonificaciones o beneficios contractuales. Del mismo modo, ser extranjero no convierte automáticamente a un combatiente en mercenario.

La diferencia que puede cambiar su situación jurídica

La incorporación formal a las Fuerzas Armadas rusas sería un dato especialmente relevante. Si alguno de los dominicanos fue integrado a una estructura militar estatal, quedó sujeto a una cadena de mando y pasó a cumplir el régimen disciplinario de esa organización, su situación podría aproximarse más a la de un miembro de las fuerzas armadas que a la de un mercenario. La determinación final dependería de documentos, contratos, órdenes, funciones efectivamente desempeñadas y demás pruebas verificables.

También es necesario distinguir entre la manera en que una persona fue reclutada y la función que terminó desempeñando. Una oferta inicial para trabajar en seguridad no equivale automáticamente a una contratación militar. Si después hubo traslado al frente, presión, engaño o imposición de nuevas tareas, la investigación debería concentrarse en reconstruir cómo ocurrió ese cambio y qué margen real de decisión tuvo cada individuo. Esa secuencia puede ser más relevante jurídicamente que la simple existencia de un uniforme o de un pago.

El riesgo de convertir una discusión técnica en un juicio público

La clasificación apresurada tiene efectos que van más allá de la precisión terminológica. En el Derecho Internacional Humanitario, la condición atribuida a una persona puede influir en la forma de interpretar sus derechos, su protección, su eventual detención y las consecuencias de su participación en las hostilidades. Por eso, una declaración pública sin respaldo suficiente puede alimentar estigmas, dificultar la asistencia consular y perjudicar a familiares que intentan conocer la situación de sus allegados.

La doctrina especializada, incluida la desarrollada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por autores como Antonio Cassese y Diana Hernández Hoyo, ha insistido en el carácter restrictivo de esta figura. Esa cautela no pretende justificar la participación de extranjeros en una guerra ni eliminar la responsabilidad individual cuando existan delitos. Su propósito es impedir que una categoría jurídica compleja sea sustituida por una percepción mediática basada en la nacionalidad, el dinero o el uniforme.

El debate público sobre los dominicanos vinculados al conflicto ruso-ucraniano es legítimo, pero debe separar tres planos que con frecuencia se confunden: la responsabilidad de quienes reclutan mediante engaño, la eventual responsabilidad de quienes participan voluntariamente en actos ilícitos y la calificación jurídica de su estatus durante las hostilidades. Cada plano requiere pruebas y reglas distintas. Mezclarlos produce titulares contundentes, pero no necesariamente esclarece los hechos.

Mientras no se acrediten todos los elementos exigidos por el Derecho Internacional Humanitario, no existe base suficiente para afirmar que todos los dominicanos involucrados son mercenarios. La respuesta rigurosa exige investigar las ofertas recibidas, la finalidad real del reclutamiento, la existencia de una incorporación militar formal, las funciones desempeñadas y las condiciones económicas pactadas. Solo a partir de esa reconstrucción individual será posible establecer responsabilidades y categorías jurídicas sin convertir la incertidumbre en una condena anticipada.